La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha multado a Artistas e Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE) por doblar las tarifas que cobra a las salas de cine. La entidad que gestiona los derechos de los actores tendrá que pagar 627.855 euros. La multa viene agravada porque no es la primera vez que lo hace. Y tampoco es la única: el resto de entidades que recaudan derechos de autor se han aprovechado del monopolio para imponer sus condiciones.

AISGE, después de dos convenios anteriores con la Federación de Cines de España (FECE), decidió de forma unilateral en mayo de 2005 subir la tarifa general que cobra de las entradas de los cines del 0,8% de la taquilla al 1,5%. Los exhibidores, tras años de negociaciones, demandaron la medida ante la CNC. Competencia considera probado que, siendo la única autorizada para recolectar los derechos de autor de los actores, la entidad de gestión abusó de su posición de dominio.

La CNC estima que la subida fue un intento de presión a las salas

Hasta ese año, AISGE había impuesto una tarifa del 0,8% de la taquilla que un convenio posterior con la FECE, que representa al 80% de las salas españolas, convirtió en pacto aceptado. Sin embargo, al caducar el convenio en diciembre de 2004, la entidad de gestión decidió elevar la tarifa hasta el 1,5%. En realidad, el porcentaje efectivamente pagado siempre ha sido menor. El descuento dependía de pagar pronto, de que los cines ayudaran en el trabajo de clasificación a la AISGE o de que se perteneciera a una asociación de exhibidores o no. Además, la subida de la tarifa general sería progresiva hasta alcanzar esa cifra en 2012. Este año los cines están abonando el 1,42% de su taquilla.

Para la CNC, la subida tuvo la intención de presionar a las salas agrupadas en FECE a firmar un nuevo convenio. "Además, esta conducta surtió los efectos esperados porque, en los nuevos convenios firmados tras el anuncio unilateral de incremento de las tarifas, consiguió multiplicar por tres (del 0,216% al 0,6%) los porcentajes de recaudación de las salas, incluso con carácter retroactivo", dice la CNC en una nota.

Ejercicio de irresponsabilidad

Para Competencia, no ha habido esta vez un ejercicio responsable

AISGE pudo hacerlo de forma unilateral porque, como dice la CNC, dispone de un poder de mercado "en virtud de una norma con rango de Ley que le confiere, al menos de facto, una posición monopolística en la gestión de unos derechos que debe ejercer con especial responsabilidad". Para Competencia no ha habido esta vez ese ejercicio responsable y sí una conducta abusiva por la que le impone la multa por falta muy grave. Es más, aunque la sanción no puede superar el 10% del volumen de facturación, la CNC la ha aumentado por el agravante de que no es la primera vez.

La entidad ya incurrió en las mismas prácticas en 2000, en aquella ocasión junto a la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales (EGEDA) y la de los intérpretes y ejecutantes (AIE). Entonces se les condenó por abuso de su posición de dominio al imponer sus tarifas sin negociación. Aquella resolución fue confirmada por una sentencia del Tribunal Supremo en 2006. El aumento de la cantidad de la actual multa trata de sancionar "la falta o pérdida de disuasión de la sanción previa, y constituye un reproche de naturaleza subjetiva que incrementa el importe de la sanción de la empresa en que concurre", dice la resolución.

Pero AISGE no se arredra. Ayer, en un comunicado, la entidad de gestión anunció que piensa recurrir la sanción ante la Audiencia Nacional. No sólo eso, también descalificó a Competencia: "La entidad que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los actores, bailarines y directores de escena españoles considera que la CNC se descalifica a sí misma una vez más con una resolución absolutamente arbitraria y parcial, fruto directo de su desmedida voracidad recaudatoria y del prejuicio que ha manifestado reiteradamente contra la gestión colectiva de derechos, aunque esta sea honrada, transparente y ajustada a la Ley de Propiedad Intelectual, que es como AISGE tiene acreditado a nivel mundial que lo hace", dice la nota.

La entidad ya incurrió en las mismas prácticas en el año 2000

Los actores de EEUU

Para la entidad de gestión, Competencia no ha estimado los argumentos que le dio para aumentar lo que cobran a los cines. AISGE, fundada en 1990, comenzó a representar también a bailarines, directores de escena y actores de doblaje en 1999, años después de imponer las primeras tarifas. Además, la entidad sostiene que, tras una serie de acuerdos con sus homólogas de otros países para recoger en su nombre los derechos devengados a favor de actores extranjeros, era necesaria la subida. El acuerdo, por ejemplo, con el Screen Actors Guild, un sindicato de los intérpretes de EEUU, acapara un tercio de los 4,4 millones de euros enviados al extranjero el año pasado.

Entre los argumentos ante la CNC, AISGE plantea que nunca se haya cuestionado la tarifa general del 2% que cobra la SGAE. Una cifra "notablemente superior a la de AISGE, siendo el repertorio de AISGE superior al de SGAE". También alegó que los actores aportan mucho más a las películas que el resto, por lo que deberían cobrar más. Sin embargo, la CNC esgrime que esos cálculos han sido realizados sin transparencia, ni ahora, ni en 1995.

Aisge: "La CNC se descalifica a sí misma una vez más"

"No es posible que AISGE cumpla modélicamente con todas las obligaciones que le impone una ley, la de propiedad intelectual, y un órgano administrativo le sancione por ello y porque no le gusta dicha ley", se lamentó Abel Martín, director general de AISGE. La respuesta de la FECE ha sido más comedida, limitándose a mostrar "su total satisfacción por la resolución de la CNC ante la denuncia interpuesta contra AISGE por imposición de tarifas abusivas e incremento injustificado de tarifas", dijo un portavoz. Pero también añadió su deseo de que se modificara la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

Porque esa es la clave. AISGE argumenta que se limita a cumplir el mandato que le da la norma para representar a los actores y recolectar sus derechos de autor en su nombre. Pero el mandato, como recogió un informe de la CNC en 2009, ha creado una situación de monopolio de facto: las entidades de gestión están obligadas, pero son las únicas con las que hay que negociar el precio por usar sus obras y, si no hay acuerdo, están habilitadas para imponer sus tarifas. Aquel dictamen sostenía que la exclusividad en la gestión de las siete entidades lleva a situaciones de abuso y a una gestión ineficiente.

"La ley podría haber optado por muchos diseños, pero eligió el más monopolístico posible", explica el abogado especializado en propiedad intelectual, Javier de la Cueva. Uno de sus artículos recoge que las entidades de gestión deben revisar la solicitud de una nueva sociedad que quiera entrar en su mercado, lo que frena la competencia. DAMA, la entidad de los guionistas, por ejemplo, consiguió su reconocimiento sólo tras acudir a los juzgados ante la oposición de la SGAE. "Todo se debe a la labor de lobby de las entidades, para mantener el statu quo", añade de la Cueva. La solución podría ser, como escribía la CNC, liberalizar el mercado de los derechos autor para acabar con las consecuencias negativas de sus monopolios.