Al final, las presiones para frenar en el Parlamento la TDT de pago no consiguieron su objetivo.

El pleno del Congreso convalidó este jueves el real decreto ley que autoriza la puesta en marcha de esta nueva forma de disfrutar de la televisión. Pese a contar con el rechazo de PP y PNV, el texto salió adelante por 183 votos a favor y 150 en contra. Votaron a favor, además del PSOE, CiU, Esquerra Republicana (ERC) y Coalición Canaria (CC).IU-ICV y BNG se abstuvieron.

La nueva normativa, que no se modificará al rechazarse la petición del PP de tramitarla como proyecto de ley, permite a cada concesionario de una licencia de ámbito estatal ofrecer el acceso condicional a través de uno de sus canales de TDT.

La nueva normativa, que no se modificará al rechazarse la petición del PP de tramitarla como proyecto de ley

Además, establece que los decodificadores deberán basarse en un estándar tecnológico abierto, de forma que cualquier aparato pueda servir para descodificar la señal de pago de todos los operadores.

"Nuestra política es que todos los operadores sean tratados por igual, lo que implica reconocer a todos (...) la posibilidad de explotar la modalidad de pago", ha señalado el ministro de Industria durante su intervención en el hemiciclo.  Sebastián ha defendido la  iniciativa asegurando que supondrá una vía alternativa de ingresos para el sector y, al mismo tiempo, responde al interés general. "Interés general es que un Gobierno anteponga el beneficio colectivo de los ciudadanos al de cualquier grupo o cualquier empresa", ha sentenciado.

La medida sobre la reforma de la TDT de pago, ha recordado, se planteó en su momento como "una iniciativa a petición del propio sector". Eso fue lo que motivó al Gobierno a iniciar el proceso hace dos años, en 2007.

El texto permite a los operadores disponer de canales de pago a través de este sistema, para contar con fórmulas adicionales de financiación. El Consejo de Estado estimó el pasado 23 de julio que la TDT requería ser regulada mediante una norma con rango de ley, por lo que el Gobierno se decidió por el real decreto ley.

Según ha destacado el ministro, "la urgencia de convalidar el decreto ley se impuso tras el cese de las televisiones analógicas y la consiguiente nueva necesidad ciudadana". Gracias a la medida habrá en el mercado 250.000 dispositivos para la recepción de la TDT de pago en los hogares españoles, señaló Sebastián.

La política del Gobierno es "que todos los operadores sean tratados por igual y que el número de canales aumente con respecto a la situación actual", añadió el ministro.

La medida que se propone "agitará la competencia y redundará en beneficio de los ciudadanos al aumentar la calidad y cantidad de la televisión" explicó Sebastián ya que según ejemplificó en el Pleno del Congreso, "antes los ciudadanos veían un partido por doce euros, mientras que ahora por menos de quince euros podrán ver hasta ocho partidos", aclaró el Sebastián.

"Sin la TDT de pago serían inviables determinadas tecnologías como la alta definición, que se verá impulsada", continuó alegando el ministro, si bien los diferentes grupos le achacan que en la medida no se haya especificado suficiente sobre este asunto.

Otro motivo alegado por el Gobierno para la aprobación de la medida es la "necesidad de situarse a la vanguardia europea ya que Holanda aprobó la TDT de pagó en 2003, GB y Finlandia lo hicieron en 2004, Italia en 2008, por ejemplo", explicó Sebastián, quien destacó que "el Gobierno lleva desde 2007 esforzándose por aprobar el proyecto de la TDT".

El diputado del PP en el Congreso, Miguel Ángel Cortés Martín, ha criticado la medida sobre la TDT de "fragmentaria" alegando "que divide al sector, al Consejo de Ministros y al propio Partido Socialista". Cortés se ha manifestado sorprendido "porque ahora se nos dice que la mejor forma de que se nos enriquezcan los contenidos es que parte de ellos sean de pago para igualarnos a los demás países de la UE".

ERC: "Apoyamos la medida porque la oferta de TDT de pago es ya una demanda social fuerte"

 La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha insistido que la regulación de la TDT de pago ha sido "precipitada". Díez ha dicho que "la TDT está al servicio clientelismo del Gobierno" y ha criticado que el Gobierno argumente que la oferta de contenidos públicos llamará la atención de la audiencia y duplicará el consumo. Díez ha recordado que lo busca el Gobierno es "quede claro quién es el que manda" ha dicho la diputada, citando una frase de un personaje de Alicia en El País de las Maravillas.

"La TDT de pago dinamizaría la economía si se implanta en el marco de la Ley General audiovisual", ha declarado Díez que añadía que "el Ministerio de Industria no ha elaborado normas para que sean abiertos y compatibles con el resto de las cadenas. Las consecuencias son un sector audiovisual divido y que la TDT se apruebe antes de tiempo", sentenció.

ERC ha destacado que "un modelo mixto aporta mayor rentabilidad y economía sostenible, ofrecerá la aparición de nuevas plataformas de TDT". "Apoyamos la medidas porque la oferta de televisión TDT de pago es ya una demanda social fuerte", destacaron.

CIU: "Supone una nueva opción de negocio que mejora la cantidad y la calidad del proyecto televisivo"

Desde IU, Pascual Llamazares, ha justificado su abstención en que se no alienarán porque no hay razones de "urgencia" como plantean en el Gobierno. Además ha dicho que no están de acuerdo con una política audiovisual de "mosaico", es decir, que el Gobierno pacte por partes "favoreciendo sectores determinados y no al conjunto del interés general". "El Gobierno busca congraciarse con todos los medios de comunicación. Legisla para los 'lobbys' y no para los ciudadanos", enfatizó.

CIU, Josep Sánchez i Lliure, ha declarado que la medida "supone una nueva opción de negocio al tiempo que mejora la calidad y la cantidad del proyecto televisivo, ofreciendo más contenidos audiovisuales". CIU considera también positivo en el Real Decreto Ley sobre la TDT que se "amplíe el número de usuarios que utilizan la TDT de pago, aumentado el volumen del mercado".

Por otro lado, CIU ha dicho que la medida es susceptible de mejoras, como que el ciudadano pueda compatibilizar productos y sistemas. CIU también ha criticado el "abuso" de cómo se ha legislado la iniciativa parlamentaria, CIU cree que el Gobierno "ha fallado en sus planteamientos ya que lo podía haber incluido en la Ley General Audiovisual", sumándose así a las críticas de otros grupos respecto a la "precipitación" y la "arbitrariedad" de la medida.