La justificación teórica para imponer un canon es impecable: hay que compensar al autor por permitir una excepción al derecho exclusivo sobre su obra para que el ciudadano pueda hacer una copia de uso privado. La idea, que aparece en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) de 1987, llevó entonces a la imposición de un canon analógico sobre las cintas de casete y los VHS en 1992, aún en la época de Felipe González. No se produjeron protestas ni resistencias al cobro.

Esta placidez desapareció con los discos compactos y los DVD vírgenes. Tras aprobarse una nueva LPI en 1996, los autores porfiaron para extender su tasa a los nuevos dispositivos. Esta ley daba la potestad del cobro a las entidades de gestión. La pelea con las patronales tecnológicas, como Asimelec, y las recién nacidas asociaciones de internautas, acabó con el acuerdo privado entre el sector tecnológico y el cultural para implantar el canon digital. Los internautas, que veían injusta una tasa sobre soportes que no sólo usaban para grabar material con copyright, lo consideraron una traición. La patronal tecnológica se defendió asegurando que las demandas de la SGAE en los tribunales estaban asfixiando a sus asociados. Desde el 1 de septiembre de 2003, todos los CD, DVD y minidisk tendrían canon.

Un juez ya obligó a devolver en 2005 el canon por la venta de diez CD

En julio de 2005, un juez de Alcalá de Henares (Madrid) obligó a devolver el canon cobrado por la venta de diez CD al considerar que había que demostrar que los discos se fueran a destinar a copia privada. A esta sentencia le siguieron más. Al año siguiente, la tercera LPI de la democracia española extendió el canon a una miríada de dispositivos capaces de almacenar datos, desde móviles a memorias USB. La norma recogía que las cifras concretas debían salir de un pacto entre la industria tecnológica y las entidades de gestión. El acuerdo fue imposible. Con casi dos años de retraso, en 2008, el Gobierno sacó adelante una orden ministerial (la ahora invalidada) fijando los dispositivos y cuantías afectadas. La Asociación de Inter-nautas tardó unas semanas en recurrir la decisión.

De forma paralela, Padawan, una pequeña tienda de informática barcelonesa, entabló su guerra particular. En 2006 reclamó la devolución del canon por considerarlo indiscriminado. En 2010 consiguió una sentencia demoledora: el canon es abusivo y va en contra de la normativa europea.