El reciente cierre del servicio de descargas directas Megaupload pone de manifiesto el conflicto existente entre la industria del ocio y entretenimiento y el de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en Internet.

Para la profesora de la Facultad de Derecho de ESADE, Carmenchu Buganza, este hecho obliga a plantearnos 'si la propiedad intelectual puede limitar la creación de nuevas tecnologías o, en su caso, someterlas a un estricto control que suponga una limitación a otros derechos, incluyendo la libertad de expresión, de comunicación o de creación'.

Desde este centro, insisten en que los titulares de derechos de propiedad intelectual piden leyes más severas que permitan actuar con contundencia ante cualquier actuación que suponga una infracción de sus derechos. Pero el problema radica en que 'determinadas acciones no suponen en sí mismas una vulneración de derechos de propiedad intelectual y en algunos casos la dificultad consiste en identificar al responsable'.

Por su parte, Marc Cortés, profesor de marketing de esta universidad, entiende las razones que llevan a cerrar una página web que compartía contenidos sometidos a la propiedad intelectual y que además cobraba por este servicio, pero señala que 'a través de esta plataforma también se podían compartir contenidos entre empresas con sus clientes, que son perfectamente legales'.

Igualmente, Cortés cree que cerrando Megaupload 'no se consigue nada, ya que mañana se creará otra nueva plataforma'.

Para estos especialistas la respuesta ha de ser negativa: 'la herramienta es neutra y no puede ser eliminada o limitada, ya que ello pondría en peligro el desarrollo y la innovación, atacando directamente a derechos fundamentales'. En este sentido, el conflicto está en el uso que se hace de este tipo de sitios web. Buganza sugiere que se deberían imponer medidas de control y vigilancia para proteger los derechos de propiedad intelectual, 'aunque ello suponga una disminución de los derechos de las personas'.

'Habría que trabajar en cuál debe ser el modelo para poder compartir información y no tanto en plantear cómo gestionar las plataformas', remarca Cortés. 'La protección de los derechos y el modelo de negocio se tienen que enfocar de manera diferente'.