El Gobierno aprobará en la prórroga la Ley Sinde con el amparo del PP

El ministro de Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, ha confirmado este viernes que el Consejo de Ministros lleva "en el orden del día" abordar el decreto que desarrolla la Ley Sinde, algo para lo que cuenta, tal y como ha asegurado, con el visto bueno del Gobierno electo del Partido Popular.

Así lo ha confirmado Jáuregui en una entrevista en ABC Punto Radio, en la que ha asegurado que el PP ha sido informado de este paso en la aprobación de Ley Sinde y se ha mostrado de acuerdo. "Va en el orden del día el decreto tan famoso. El PP está absolutamente de acuerdo", ha aseverado.

El ministro ha asegurado que el reglamento que se va a aprobar supone un "sistema cargado de garantías de intervención judicial para perseguir el comercio fraudulento".

El pasado viernes se rumoreó con que el Consejo de Ministros iba a incluir en el orden del día la aprobación del decreto, pero finalmente no fue así. 

El desarrollo de la ley pretende regular las descargas sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor y contiene la creación de una comisión de la Propiedad Intelectual, integrada por una serie de representantes de ministerios, que controlará el cumplimiento de la misma.

La secretaria de TIC del PSOE espera que el Gobierno pare la Ley SindeEl anuncio no ha despertado, precisamente, todas las simpatías que el Gobierno esperaba ni entre los internautas ni entre la clase política, incluso del propio PSOE. Así, la secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías del partido socialista, María González Veracruz, ha escrito el siguiente comentario en Twitter: "No puedo compartir q cultura proponga q se apruebe hoy el reglamento de la #leysinde, espero q el consejo de ministros lo pare".

También políticos de Izquierda Unida han mostrado su postura contraria al reglamento en la red social. Alberto Garzón, elegido diputado de IU por Málaga, ha asegurado que "la aprobación de la Ley Sinde es un retraso en la lucha por la neutralidad de la red. Poco a poco caminamos hacia el "botón rojo". 

En la Red está circulando un manifiesto bajo el título "Un Gobierno en funciones no puede aprobar la Ley Sinde", en el que periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet enumeran diez razones para mostrar su rechazo al texto. La presión en Twitter se está llevando a cabo bajo el hastag #Redsiste y Ley Sinde ya se ha convertido en trending topic mundial.

La disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, popularmente conocida como Ley Sinde, ha sufrido un tortuoso camino que se alarga desde hace casi dos años hasta el día de hoy.

La polémica ley antidescargas sufrió lo indecible para lograr ser aprobada en las Cortes por los grupos parlamentarios. Primero, el 15 de diciembre de 2010 y tras horas de aplazamiento y agrios debates, la ley fue rechazada en el pleno de la Cámara Baja por la falta de acuerdo de acuerdo entre el PSOE y CiU.

La disposición contemplaba que un órgano administrativo del Ministerio de Cultura pudiese ordenar el cierre de páginas web que fomentasen la distribución de contenidos sujetos a derechos de autor. Aunque el texto recogía que un juez de la Audiencia Nacional tenía que dar el visto bueno a la decisión tomada por la Comisión, esta intervención judicial era el principal escollo entre los diferentes grupos parlamentarios, que consideraron que el texto podía llegar a no ser garantista con otros derechos, como la libertad de expresión. 

Al final la votación se saldó con 18 votos a favor, todos del PSOE, y 20 en contra (16 del PP y cuatro del resto de partidos). Y fue a parar al Senado. Antes de la votación en la Cámara Alta, PSOE, PP y CiU alcanzaron un pacto para salvar la Ley Sinde que incluía unas modificaciones que no suponía cambios sustanciales.

La norma salió adelante en el Senado con 244 votos a favor y 12 en contra de ERC, PNV, ICV, Coalición Canaria, BGN, Partido Socialista de Mallorca (PSM) y el independiente Francisco Javier Tuñón en enero y finalmente fue aprobada en el Congreso el pasado mes de febrero, quedando pendiente de regulación.

Pese a que desde el Ministerio se confiaba en que la Ley se pudiera aprobar en Consejo de Ministros antes del verano, ha ido retrasándose mes a mes. Incluso, tampoco ha sido posible que el Gobierno le diera el visto bueno antes de las elecciones generales del 20-N pese a que en octubre se envió al Consejo de Estado.

El propio Consejo dio su aprobación al texto el pasado 25 de noviembre. Antes, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial emitieron sendos informes que ofrecían numerosas contradicciones en aspectos como el papel de los jueces, la composición de la sección segunda o los precedentes que rechazan que los enlaces en páginas web vulneren la propiedad intelectual.