Dos de las funciones principales de la Policía son el "mantenimiento del orden" y la "aplicación de la ley". Solemos darlas por sentado como si de un mantra se tratara. El problema viene cuando nos paramos a pensar qué hay detrás. Cuando nos planteamos qué significa "mantenimiento" y con qué medios se "consigue". Quién aprueba las leyes, cómo y quién las aplica y a quién protegen; si respetan los derechos y las libertades; si se aplican por igual en función del lugar de nacimiento, el color de la piel, la clase social, el género o el sexo.

El sociólogo norteamericano Alex S. Vitale analiza en El final del control policial (Capitán Swing) las zonas de sombra de la función policial, lo hace atendiendo a sus desmanes, bajo una tesis que no por intuitiva es menos certera: "Los orígenes y las funciones de la Policía están íntimamente ligados a la gestión de las desigualdades de raza y clase [...] Mientras el statu quo que los cuerpos policiales mantienen sea injusto, la función policial no dejará de transpirar abuso y desigualdad". 

El diagnóstico de Vitale pertenece a un paciente en situación crítica. El académico centra su análisis en Estados Unidos, país que cuenta con un grado de militarización del orden público que roza la distopía. Un país en el que la infiltración de la Policía en movimientos sociales, la criminalización de la protesta y la represión de la disidencia causa estragos desde hace décadas. Una suerte de avanzadilla de cuyos ecos no se libra nuestro país.

No en vano, y tal y como apunta Anaïs Franquesa, abogada catalana especializada en Derechos Humanos, "la maquinaria represiva" se parece y mucho. "El uso de legislación especialmente restrictiva, como la ley de seguridad ciudadana –ley mordaza– o las sucesivas reformas del Código Penal; la interpretación que realizan los tribunales y la gestión del orden público con un uso desproporcionado de la fuerza" son algunas de las dolencias que nos emparentan con el enfermo americano, según detalla Franquesa a Público.

Falta de transparencia e impunidad

Las organizaciones de Derechos Humanos de nuestro país llevan años pidiendo que se publiquen anualmente los datos desagregados relativos a las situaciones de violencia institucional por las cuales se hayan abierto investigaciones internas, así como el número de quejas, denuncias, condenas y sanciones relacionadas con agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad. 

El caso es que ni rastro de los datos. La opacidad es máxima. "Ha habido una práctica de negar de forma sistemática que existan torturas y malos tratos en el Estado español, de hecho es algo que han negado siempre nuestros representantes públicos, a pesar de que hay doce condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar, y en uno de los casos por considerar que hubo tortura", denuncia Franquesa.

Una alianza férrea entre las autoridades políticas y la Policía que la abogada explica sin ambages: "Se percibe la fiscalización de la actuación de los cuerpos policiales como un ataque a la institución, es por ello que la institución responde de forma corporativista en vez de concebir que esas conductas delictivas por parte de los funcionarios públicos son el verdadero y único ataque a la institución".

Soldados en una batalla

En El final del control policial, Vitale hace referencia a la "mentalidad del guerrero" como parte del problema. "Los policías a menudo se ven a sí mismos como soldados en una batalla contra los ciudadanos antes que como guardianes de la seguridad pública", lamenta el sociólogo. Y lo cierto es que, en cierto modo, esa misma mentalidad impregna también en nuestro país la relación de los agentes del orden con gran parte de la ciudadanía.

Lean ahora, para ilustrar lo anterior, el siguiente extracto del manual de gestión de manifestaciones de las Unidades de Intervención de Orden Público del Cuerpo Nacional de Policía describiendo una concentración o manifestación: «Un ente vivo [en el que], y como es sabido sociológicamente, la identidad individual de cada uno de los asistentes se anula creándose una identidad colectiva con tendencia al exceso y que carece de freno moral». El documento llega incluso a referirse a las protestas y a las personas que participan en ellas como «masa hostil».

"El problema es que se planifican los dispositivos policiales desde esa óptica, ese manual responde a la concepción que se tiene desde el cuerpo a los colectivos que se manifiestan, y es una concepción muy anticuada, que corresponde a los años 80 y 90", se queja Franquesa. 

Militarización de la frontera

Mención aparte merecen nuestras fronteras. Con los rescoldos de la crisis migratoria vivida hace apenas unas semanas en Ceuta, cabe preguntarse qué ocurre en esa tierra de nadie donde reina la opacidad, de qué modo alumbrar esas zonas de sombra en las que las vulneraciones de los Derechos Humanos resultan extrañamente cotidianas.

Según la abogada, la solución pasa por una triple alianza: "Primero visibilizando estas cuestiones, poniendo el foco allá donde pretenden instaurar la opacidad, después hay que actuar, y la actuación tiene que venir desde la denuncia pública, pero también desde los tribunales, ahí el litigio estratégico es una herramienta muy poderosa. Por último, la movilización social. De la unión de estos tres pilares, vendrán los cambios".