La justicia española vuelve a desquiciar a Mohamed VI

Ni tres horas le hicieron falta al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para dictaminar que los informes de la acusación contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, no han “suministrado elementos siquiera indiciarios que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno". Así las cosas, no se adopta ningún tipo de medida cautelar por riesgo de fuga y Ghali es libre de marcharse donde quiera cuando reciba el alta hospitalaria. Y así lo ha hecho, partiendo de nuevo a Argelia. ¿Saben a dónde irá cuando recobre las fuerzas, aunque la mayor parte de la prensa continúe obviándolo? A la guerra, de donde vino, porque desde el pasado 13 de noviembre, Marruecos reactivó el conflicto bélico al romper el alto el fuego.

El juez Pedraz, el mismo al que el ahora senador del PP y siempre bufón de la Corte, Rafael Hernando, llamó “pijo ácrata” cuando sus autos no le agradaban, ha considerado innecesario decretar prisión provisional y la retirada del pasaporte de Ghali. Lo cierto es que en esta querella absolutamente sobreactuada quienes han acosado física y mediáticamente al presidente de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática) han ido de despropósito en despropósito, viendo desmontadas sus absurdas teorías, como las que apuntaban a la entrada en el país con pasaporte falso, cuando Ghali entró con su pasaporte argelino.

La cuestión del Sáhara Occidental no le es ajena a la Audiencia Nacional (AN). De hecho, en 2006 ya se inició un procedimiento en su Juzgado Central de Instrucción número de 5. La diferencia con respecto a la actual, es que era en sentido inverso, es decir, que la víctima era el pueblo saharaui y el genocida Marruecos, concretamente, sus fuerzas armadas militares y policiales. Los delitos por los que se abrió la causa se extendían desde el 6 de noviembre de 1975 y el 7 de octubre de 1992. Instruyó la causa entonces el juez titular de la sala, Baltasar Garzón.

Siete años más tarde, se amplió la querella inicial al encontrarse indicios probatorios sobre la detención ilegal y ejecuciones extrajudiciales de hasta ocho víctimas relacionadas en la querella de 2006, asesinadas a manos del ejército marroquí en Smara (Sáhara Occidental) en febrero de 1976. Los cadáveres de estas víctimas saharauis fueron hallados en una fosa común en Fadret Leguiaa.

La ampliación de la querella se haría efectiva en enero de 2014, admitiéndose a trámite al probarse no sólo que las muertes de esas ocho personas saharauis habían sido violentas por arma de fuego y con tortura previa sino, además, a manos del Ejército Real Marroquí. Sería en 2015 cuando el juez Pablo Ruz, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 entonces, imputó a once ciudadanos marroquíes, ordenando la detención de siete de ellos, sin que Marruecos ejecutara tales órdenes. Dicho de otro modo, salvaguardando la seguridad de sus verdugos.

El auto del juez Ruz de 2015 fue demoledor para Mohamed VI, que no sólo veía cómo la Justicia española daba un revés a su régimen torturador sino que, además, negaba la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, apoyándose para ello, entre otras, en la sentencia del Tribunal de La Haya de 1974, anterior a la Marcha Verde, que indicaba que “los datos aportados no suponen ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sahara Occidental y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano”. La Justicia española dictaminó que “la ocupación del territorio del Sahara Occidental por Marruecos se efectuó empleando la violencia contra el pueblo saharaui y provocó el desplazamiento de gran parte de esta población a través del desierto hacia Argelia (Tinduf)”.

Las acusaciones no eran algo baladí y, desde luego, estaban mucho más sustanciadas de lo que está la querella contra Ghali, con el bombardeo de Um Dreiga (febrero de 1976) con un papel protagonista. Así, los escritos de la acusación de entonces daban testimonio de medio centenar de asesinatos a sangre fría consumados por miembros de las fuerzas armadas o policiales marroquíes, 76 delitos de asesinato en grado de tentativa, más de 200 delitos de detención ilegal de personas, 23 delitos de lesiones o torturas… Mención especial, por cierto, al gran Manuel Ollé, abogado que entonces llevó la causa saharaui y ahora se ha hecho cargo de la de Ghali.

Ese es el retrato de Marruecos, el legado de Hassan II y Mohamed VI que ayer, con lo dictaminado por el juez Pedraz, volvió a sufrir un duro revés. La credibilidad de Mohamed VI cotiza a la baja. En la órbita del dictador alauita reina el nerviosismo, puesto que incluso dentro del propio Marruecos la imagen del monarca se ha visto extraordinariamente debilitada entre el pueblo marroquí, que ha visto como su rey no ha dudado en lanzar al mar a menores para conseguir sus fines políticos.

Rabat anda dando bandazos como un pollo sin cabeza, con ataques inéditos al Ejecutivo español, con esperpénticas amenazas que han terminado por convertir una tensión bilateral entre Marruecos y España en un conflicto a nivel europeo. Estaba tardando este nivel de escalada, concretamente 45 años, que son los que Marruecos lleva vulnerando la legalidad internacional, con la connivencia de España y la UE.

Tras más de cuatro décadas de infamias de gobiernos españoles de diferente signo político y los Borbones como símbolo fraternal de regímenes que no velan por los DDHH, hay que ser cuando menos escépticos. No en vano, ahí está Pablo Casado, líder del principal partido de la oposición que no duda en volver a mercantilizar con vidas humanas, las saharauis, a cambio de lo que él considera estabilidad geoestratégica y comercial.

Estas amenazas por parte de Marruecos, el reconocimiento por parte de su titular de Exteriores de querer anexionarse Ceuta y Melilla o el modo en que sistemáticamente instrumentaliza miles de vidas humanas para presionar a España es el pago a la sumisión y pleitesía que nuestro país lleva rindiéndole desde hace casi medio siglo -por no hablar de la financiación-. Quien a partir de ahora continúe apostando por mantener la misma línea sin aplicar ningún tipo de contramedida o restricción y, sobre todo, sin asumir de una vez por todas la responsabilidad histórica de España con el Sáhara Occidental, no sólo estará ciego sin ver la debilidad de Mohamed VI -pese a los delirios de Trump heredados por Biden-, sino que escribirá otro capítulo de la vergüenza en nuestra Historia reciente.