Tras kilómetros de movilizaciones (para el campo) y de retenciones (para la ciudadanía en general), el campo español sigue sin llegar a un acuerdo para hacer frente a la crisis en la que se encuentra sumido el sector primario.

El Ministerio de Agricultura presentaba el lunes a las organizaciones agrarias un paquete de 43 medidas que van desde la flexibilización de los requisitos exigidos para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), hasta una línea de créditos ICO de 700 millones de euros, así como medidas fiscales y comerciales.

Después de ser presentado, este documento quedó a expensas de ser estudiado por las organizaciones agrarias profesionales para su firma. Una firma que conllevaría acabar con el proceso de movilizaciones del campo iniciado el 30 de enero de este año; día en el que Asaja, COAG y UPA anunciaban el acuerdo alcanzado para retomar el calendario de movilizaciones con un objetivo común: reclamar un ambicioso plan de choque que recogiera medidas a tres niveles; Unión Europea, Gobierno de España y comunidades autónomas.

Las que dijeron sí: UPA y Unión de Uniones

Después de estudiar y debatir las propuestas, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), era la primera en estampar su rúbrica en el papel. Lo hacía el miércoles, explicando que este acuerdo supone una importante simplificación de las exigencias de la Política Agraria Común, con una reducción de la burocracia y de la carga administrativa que "facilitarán la vida de los agricultores y ganaderos".

UPA aplaudía que una de las medidas que más polémica ha suscitado tras la reforma de la PAC; los ecorregímenes, se simplificarán notablemente con los nuevos acuerdos, se adaptarán a la realidad del campo español y quedarán exentos de fiscalidad –lo que supondrá una reducción de base imponible de 1.100 millones de euros–. También apuntan desde UPA que el cuaderno digital de explotación será voluntario, y no obligatorio como proponía Bruselas, y que se eliminará la exigencia a los agricultores de remitir fotos georreferenciadas de sus cultivos.

Este viernes, firmaba también Unión de Uniones, aunque con reservas, ya que tal y como ha expresado su coordinador estatal, Luis Cortés, han firmado el documento con el Ministerio "no porque creamos que es la panacea y va a resolver todos los problemas, sino porque entendemos que es un buen punto de arranque" y apuntaba "hemos firmado el documento con ganas de trabajar".

Unión de Uniones subraya que exigirá la mesa de seguimiento del acuerdo reforzar la ley cadena alimentaria para evitar la venta a pérdidas. Y recuerda que en materia de agricultura y ganadería las competencias son compartidas entre el Gobierno, la Unión Europea y las comunidades autónomas, a las que su coordinador estatal ha pedido que "se dejen de echar culpas" y asuman sus funciones.

COAG y Asaja se desmarcan: “Son insuficientes”

Tras la firma de UPA y Unión de Uniones, llegaban la negativa de COAG y Asaja, organizaciones que, aunque difieren en puntos concretos, coinciden en el trazo grueso y critican que las medidas presentadas por el Ministerio que dirige Luis Planas son "insuficientes" para dar respuesta a los problemas que sufren en este momento la agricultura y la ganadería en España.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha informado mediante comunicado de prensa que no firmará el documento presentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a las organizaciones profesionales agrarias. Argumentan que, a pesar de que en líneas generales se reconocen avances, especialmente "en todo aquello que se refiere a la flexibilidad y eliminación de las cargas burocráticas de la PAC", hay varios apartados que "requieren una mayor concreción". Y reclaman abordar la incorporación de jóvenes al sector, los conflictos por el agua y una revisión "en profundidad" de los seguros.

En cuanto a las actuaciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, desde COAG consideran que los últimos días han supuesto "una pérdida de confianza al no respetar los procesos de toma de decisión de cada organización" y que estas reacciones les obligan a ser "más exigentes" a la hora de pedir concreción en todas aquellas medidas que tal y como están presentadas en este momento, para COAG son "una mera declaración de buenas intenciones". En este sentido, Miguel Padilla, secretario general de COAG ha subrayado que "en un marco de confianza y respeto" les daría seguridad, pero que en este momento dudan de que "las medidas se vayan a llevar a cabo en los términos que recoge el documento de 43 puntos".

Por su parte, la junta directiva de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), tras reunirse este viernes, han decidido no firmar el documento al considerar que tiene "carencias muy significativas en materias concretas y ausencia de medidas en sectores productivos que necesitarían una respuesta más decidida", como la ganadería "la gran olvidada" en este documento.

La organización ha declarado que "echa en falta" medidas, competencia de otros ministerios, como "las bonificaciones en materia de Seguridad Social para hacer frente a las subidas reiteradas del SMI (ministerio de Seguridad Social); la adaptación de los contratos de 90 días de la reforma laboral para las campañas agrarias (ministerio de Trabajo); el incremento de los gastos de difícil justificación y revisión de las amortizaciones para los agricultores y ganaderos en el régimen de estimación directa del IRPF (ministerio de Hacienda) y la aplicación de la doble tarifa eléctrica, con carácter estructural (ministerio de Transición Ecológica)".

Desde Asaja valoran el mantenimiento de la devolución del Impuesto de Hidrocarburos para el gasóleo agrícola, así como las reducciones en las facturas en el IRPF de los carburantes y los fertilizantes, entre otras medidas, pero lamentan que no se hayan incluido cláusulas espejo (para la aplicación rigurosa del principio de reciprocidad) que acaben con la competencia desleal de los productos importados de terceros países frente a la producción comunitaria.

¿Se ha roto la unidad en el campo español?

Pese a que todo parecía indicar que las principales organizaciones agrarias estarían de acuerdo en las medidas, finalmente el desmarque de dos de los grandes sindicatos, Asaja y COAG, deja en el aire la posibilidad de que se organicen nuevas movilizaciones por parte de agricultores y ganaderos en España.

En el lado de los firmantes, tanto Unión de Uniones como UPA han dejado claro que, tras la firma del documento presentado por el Ministerio, las movilizaciones por parte de ambas quedan canceladas. El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, considera que la movilización del campo culmina con un éxito de negociación "muy trabajado y muy luchado" que se plasma en las 43 propuestas presentadas por el Gobierno.

Y mirando hacia estos últimos, desde Asaja, Pedro Barato, su presidente, critica que dos organizaciones "hayan firmado un acuerdo de manera unilateral sin sentarse en una mesa de negociación" con el resto de sindicatos. Barato asegura que, aunque "cada uno tiene libertar total de acción", les ha sorprendido no haber sido informados de que "se iba a romper la unidad de acción" por parte de las organizaciones firmantes.

Pese a la redacción del documento por parte del Ministerio a petición de los representantes profesionales de la agricultura y la ganadería, las movilizaciones no han culminado con fumata blanca entre las organizaciones agrarias, situación que dibuja un escenario de incertidumbre. En cuanto a posibles acciones a futuro, Asaja señala que solo han dicho que no firman y que "los actos futuros aún no se han acordado".

El campo español se democratiza

Lo que sí trae nuevo este escenario de tractoradas en las grandes arterias de las principales ciudades españolas es la democracia agraria. Hasta ahora, en España, el diálogo entre el Ministerio y la calle se mantenía en una conversación a cuatro bandas en la que una era el gobierno y las otras tres, las grandes organizaciones agrarias: UPA, COAG y Asaja. Sin embargo, las movilizaciones de las últimas semanas han provocado que se tomen decisiones que han desembocado en un cambio en el sistema de representación del campo, abriendo el diálogo con el Gobierno que hasta ahora se circunscribía a las grandes, más allá de ellas, dejando espacio a otras como Unión de Uniones.

Esta organización agraria profesional, la cuarta a nivel nacional, llevaba años planteando esta reivindicación. Por eso, este viernes, su coordinador estatal, Luis Cortés, recalcaba que "no piden" ser considerados la cuarta organización agraria, pero sí exigen que "haya democracia en el campo".