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Alerta en la banca por los efectos
de su creciente mala imagen

Las entidades temen las consecuencias sobre su negocio de la sucesión de causas judiciales que están teniendo que afrontar.

Oficinas de Banco Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Bankinter. EFE/REUTERS/E.P.
Oficinas de Banco Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Bankinter. EFE/REUTERS/E.P.

VICENTE CLAVERO

El sistema financiero ha dado reiteradas señales de alarma en los últimos tiempos sobre las consecuencias que su creciente mala imagen puede tener sobre un negocio ya de por sí muy alterado por la transición digital y la política europea de bajos tipos de interés.

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, lamentó a mediados de noviembre, en la convención anual organizada por la Asociación de Mercados Financieros (AMF), el desfile por la Audiencia Nacional de directivos del sector en calidad de investigados.

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, también aludió a la crisis reputacional de la banca con motivo de su participación en el programa Planeta Calleja, que emitieron el 8 de enero simultáneamente las dos grandes cadenas de Mediaset: Telecinco y Cuatro.

Y hace sólo unos días, Bankinter envió un escrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que advertía de que la pérdida de credibilidad de la banca puede beneficiar a sus nuevos competidores en el mercado de préstamos, entre los que citaba a gigantes tecnológicos como Google, Facebook y Apple.

Uno de los últimos escándalos relacionados con la banca ha salpicado precisamente a Bankinter, cuyo máximo accionista, Jaime Botín, fue condenado el 16 de enero a 18 meses de prisión y 52,4 millones de euros de multa por haber sacado de España un cuadro de Picasso sin la obligada autorización administrativa.

La condena a Botín no tiene nada que ver con la gestión del banco, pero cayó en terreno abonado, sobre todo después del estallido de uno de los casos más escabrosos que se recuerdan en el sector: la supuesta contratación del controvertido comisario José Manuel Villarejo por el BBVA para realizar diversos trabajos de espionaje.

Esa supuesta contratación tampoco tenía que ver con la gestión propiamente dicha de la entidad, aunque algunos grandes clientes pudieron ser espiados. Pero el hecho indudable es que ha puesto en cuestión los métodos empleados por el expresidente de BBVA, Francisco González, durante los 18 años que permaneció en el cargo.

Con ser feos ambos asuntos, hay otros que además han costado ingentes cantidades de dinero a los ciudadanos, ya sea como usuarios de servicios bancarios o como contribuyentes.

El más mediático, sin duda, es el de Bankia, cuyos directivos de la época previa a su rescate en 2012 han tenido que sentarse en el banquillo, acusados de un posible fraude en la salida a Bolsa, de apropiación indebida por el uso de las tristemente célebres tarjetas black o de las dos cosas a la vez.

La salida a Bolsa quedó vista para sentencia el año pasado y los 34 encausados están a la espera del correspondiente fallo de la Audiencia Nacional. La condena de las tarjetas black fue confirmada en octubre de 2018 por el Tribunal Supremo, con penas de prisión para 64 personas. A la cabeza de todos ellos figura el exministro del PP y exgerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato, presidente de Bankia en el momento de los hechos, que lleva quince meses en la cárcel y aún debe afrontar otras causas.

También hicieron mucho ruido los abusos descubiertos en las antiguas cajas de ahorros, que desembocaron en la imputación de casi 250 directivos y consejeros, de los que cinco de Novagalicia Banco fueron los primeros en ingresar en prisión por administración desleal y apropiación indebida.

Juntos a estos escándalos, la banca española ha tenido que afrontar otros que afectan más directamente al corazón de su negocio: las participaciones preferentes, las cláusulas suelo, los gastos hipotecarios o las hipotecas multidivisas.

Todos ellos han puestos de manifiesto prácticas discutibles, cuando no abiertamente ilegales, que las entidades desarrollaron durante años con claros perjuicios para sus clientes, a los que la mayoría de las veces han dado la razón los tribunales.

Según algunos cálculos, todos estos pleitos pueden tener un coste potencial para la banca española del orden de los 33.000 millones de euros, aunque la lentitud de la justicia diluirá su impacto y permitirá que las entidades vayan absorbiéndolo poco a poco.

A cambio, la sucesión de sentencias desfavorables mantendrá en boca de todos durante mucho tiempo los abusos de la banca, como temen quienes han advertido de las consecuencias de la crisis reputacional sobre el negocio y del consecuente desvío de una parte creciente de él hacia los nuevos actores tecnológicos.