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Banca El BCE saca los colores a la banca europea: sólo el 15% revela sus finanzas verdes

Los bancos centrales, en plena reconversión regulatoria para incorporar los daños del cambio climático a sus políticas monetarias y elevar a la banca sus requerimientos de capital en previsión de riesgos sistémicos asociados al clima, señalan la falta de transparencia bancaria. El BCE les acusa de no acreditar sus préstamos a empresas y proyectos libres de CO2.

El logo del euro en la fachada del rascacielos donde tiene su sede el BCE en Fráncfort. REUTERS/Kai Pfaffenbach
El logo del euro en la fachada del rascacielos donde tiene su sede el BCE en Fráncfort. Kai Pfaffenbach / REUTERS

El BCE reclama a los bancos del área monetaria europea que "tomen acciones decisivas" para trasladar y certificar al mercado y a la propia institución emisora toda la "información relevante" y los "datos de riesgo" que configuran sus carteras de finanzas verdes. Porque, según la entidad supervisora, tan sólo el 15% de los que operan en el sistema del euro revelan aspectos crediticios vinculados a planes estratégicos empresariales respetuosos con el medio ambiente y sobre los riesgos asociados al cambio climático. Motivo por el que -dicen los jerarcas del BCE- "esperamos comprobar mayores progresos a lo largo de este año".

Las autoridades europeas han empezado a inculcar a los bancos la conveniencia de prepararse ante potenciales pérdidas por inclemencias meteorológicas extremas o costes adicionales de las compañías y sus líneas de negocio por superar los índices de contaminación. De hecho, el BCE se ha comprometido a tener listo, a lo largo de este ejercicio, los nuevos requerimientos legales que deben instaurar las instituciones financieras en sus balances para prevenir con exigencias y nuevos topes de capital, los riesgos climatológicos. En la industria dan por supuesto que deberán elevar sus reservas financieras y que su evaluación pasará a formar parte de los llamados estrés tests. A pesar de que las nuevas reglas de juego supongan una atenuación de los dividendos a sus accionistas.

En Fráncfort se incide en que este proceso de adaptación será "gradual", pero que su supervisión tiene como "objetivo último e ineludible" la imposición de nuevos acopios de capital a los bancos de forma individual. Una práctica habitual. Porque instituciones como Deutsche Bank continúan desvelando, dentro de su primera emisión financiada bajo criterios de transparencia, el apartado del impacto en las huellas de carbono de sus líneas crediticias contratadas, la denominada regla Scope 3. "Hay muy poca justificación para esta obstrucción informativa a un avance substancial" en esta materia, explica el vicepresidente del comité de supervisión del BCE, Frank Elderson, a la agencia Bloomberg, porque "la gran aceleración en la regulación y en el desarrollo de métricas en este terreno no deja mucho margen a las dudas: la exigencia de relatar las finanzas verdes y los riesgos medioambientales deben ser publicados, bajo unos concretos criterios de alta calidad y fiabilidad, y no es una opción".

Las palabras de Elderson vienen a colación del periodo de evasivas y de cierto grado de ansiedad que la banca ha aireado en las negociaciones con el BCE, en las que la autoridad monetaria ha incidido en que las entidades financieras y reguladoras deben entender la vulnerabilidad de una alteración notable de la climatología en el planeta. El clímax "subió de temperatura" cuando las dos partes han tratado de establecer los nuevos parámetros de capital y de tomar la decisión de si los resultados del examen deberían ser públicos, ante la amenaza que supone para los bancos reconocer a inversores, accionistas y a la sociedad civil en general sus esfuerzos reales en favor de las finanzas verdes. El escaso 15% de bancos que cumple con los estándares de transparencia evidencia la tensión en el sector.

"Hay muy poca justificación para esta obstrucción informativa a un avance substancial", explica el vicepresidente del comité de supervisión del BCE, Frank Elderson

Los bancos están obligados a entregar la información requerida de forma obligatoria al inicio de 2023, cuando la Autoridad Bancaria Europea (ABE) pondrá en liza la regulación que coordina el BCE con el sector y el BIS, el Banco Internacional de Pagos, del que emanan las normas de Basilea y que da amparo al G-10, el foro de grandes bancos centrales. Aun así, la autoridad emisora del euro dejó al sector un resquicio de positividad al asegurar que más del 70% de los bancos ofrecen explicación sobre la supervisión que sus directivos ejercen sobre el clima y los asuntos ecológicos lo que representa veinte puntos por encima del 50% con el que concluyeron 2020. Aunque aún -matiza el BCE- el 75% de ellos no desvelan públicamente si los riesgos climatológicos "tendrán un impacto material sobre su perfil contable". Incluso cuando la mitad de ellos admite al BCE que lo harán en el futuro.

Un año elegido para los cambios regulatorios

Este ejercicio es, en cualquier caso, crucial para determinar los nuevos requerimientos legales a la industria financiera europea. Unas discusiones que podrían alargarse hasta 2023. Pero que se basan en una directriz esencial: preparar a los bancos ante hipotéticas pérdidas derivadas de un episodio climatológico extremo o de no poner en práctica una estrategia corporativa verde que contribuya a la neutralidad energética. Aunque las deliberaciones tomarán intensidad a lo largo del segundo semestre del año, una vez el BCE disponga de los resultados oficiales de los estrés test de este ejercicio que ya incorporan calificaciones sobre cambio climático. A partir de ellos, se entraría a determinar la metodología exacta, con vistas a su entrada en vigor, en el mejor de los supuestos, en 2023. Sin descartar que las exigencias individuales a cada banco puedan llevar varios años más.

Sin embargo, estos meses están siendo aprovechados por el BCE para poner en marcha lo que ha denominado como "ejercicios de aprendizaje" con la industria y los reguladores y calmar las contundentes reticencias del lobby bancario. Con el argumento de que el aumento de capital es no sólo el mayor desafío normativo por tener que calibrar los daños de un cambio climático que ocasionará fenómenos y costes extraordinarios, sino porque deberá perfilar un protocolo y unos cálculos que el sector todavía considera como intangibles. Pero que está al comienzo de la lista de prioridades del BCE y de otros bancos centrales como la Reserva Federal o el BOE. Incluso si la guerra de Ucrania se prolonga y se materializa un nuevo episodio recesivo. "El conflicto bélico no interrumpirá ni la agenda ni el calendario previsto", explican en Fráncfort.

La preferencia inversora por los criterios ESG han llegado a movilizar 35 billones de dólares

Quizás una de las voces monetarias que con más precisión ha abordado este asunto ha sido el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, para quien "los métodos deberían estar perfectamente afinados" antes de presentar al sector unos "complementos de capital" a los que se les va a colgar el cartel de "riesgos climáticos", por lo que "deben estar, lógicamente, evaluados de manera adecuada". Glahau es miembro del Consejo de Gobierno del BCE.

El cambio climático puede afectar a los bancos en cambios de valor de patrimonios inmobiliarios en caso de riadas u otros fenómenos meteorológicos sobre los que tengan acordados hipotecas o por pérdidas de líneas crediticias a empresas que puedan ser sancionadas por contaminación o sometidas a reconversión como las dedicadas a la extracción del carbón o a través de fondos de inversión que apuestan por compañías de la Vieja Economía de combustión fósil.

El momento regulatorio también surge con vientos favorables. Porque la Gran Pandemia ha sido la catapulta de los activos que se rigen por principios sostenibles, sociales y de buen gobierno corporativo. Los ESG -su acrónimo en inglés- se han instalado entre las preferencias de carteras de capital de todo el mundo que han movilizado en los dos ejercicios de crisis sanitaria más de 35 billones de dólares de acciones de firmas con criterios ESG. Desde compañías energéticas, hasta bancos y, por supuesto, las bigtechs de Silicon Valley e inversores individuales. Aunque algunos análisis alertan de su carácter especulativo, están lejos de haberse instalado en una burbuja de mercado. Así lo creen en Bloomberg Intelligence, donde elevan su negocio hasta los 50 billones de dólares en 2025, más de la mitad del PIB global.

El ecuador de la gran carrera hacia la neutralidad energética, que tiene en 2030 la primera y más trascendental de sus metas volantes, será un punto de inflexión, dada la creciente demanda de capital para colocar en estos activos ante la cada vez mayor preocupación social por los asuntos medioambientales. En sus análisis predictivos, Bloomberg Intelligence sitúa en los 41 billones de dólares el valor de los activos ESG al término de este año. Impulsado por el crecimiento en EEUU, después de que, en el último bienio, el protagonismo se lo llevaran los parqués europeos. "Será como una vuelta de la periferia al núcleo gordiano de los mercados, Wall Street", explican. Hasta el punto de que los activos vinculados a acciones ESG supondrán uno de cada tres dólares que se invierten en la arquitectura financiera internacional.

Sin embargo, desde el BIS, en un reciente análisis titulado Deconstruyendo los marcadores ESG se llama la atención sobre la enorme amalgama de certificaciones de estos criterios que buscan los fondos de inversión con trayectoria probada de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y buen gobierno corporativo crean "ambigüedad", por lo que fortalecer las "débiles" notas de puntuación es un "pilar que debe ser apuntalado" por los bancos centrales.

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