MADRID.- El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha justificado ante el juez el aumento en la retribución de los directivos de Caja Madrid llevada a cabo en 2008 aludiendo a un incremento en paralelo de las funciones de sus nueve miembros, según fuentes. Blesa y el que fuera director financiero de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, han declarado este miércoles investigados por la juez de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto, en relación con la causa por los sobresueldos irregulares que según el FROB causaron un perjuicio económico ala entidad de 14,8 millones de euros.

El expresidente de Caja Madrid ha justificado la decisión de aumentar la retribución de sueldo fijo en 2008 a pesar de que el comité de dirección pasó de diez a nueve miembros. Según su versión, estos nueve directivos asumieron mayores funciones, algo que no ha sido corroborado por el otro investigado, Sánchez Barcoj, quien ha mantenido ante la juez que las funciones no se reordenaron.

Las citadas fuentes presentes en la declaración han señalado que Blesa no ha aportado ningún documento interno salvo un acta de la comisión de retribuciones de Caja Madrid del 10 de octubre de 2008, es decir, posterior a la decisión de aumentar el sueldo de los directivos.

Blesa ha declarado por espacio de hora y media, unos quince minutos más que Sánchez Barcoj. El expresidente de Caja Madrid ha evitado cruzarse con un grupo de unos treinta preferentistas que protestaban desde primera hora de la mañana en la puerta principal de los Juzgados de Plaza de Castilla al usar, tanto a la entrada como a la salida, el garaje de los juzgados. Además, ha estado acompañado por varios agentes de la Policía y de la seguridad privada de estos juzgados.

La Fiscalía Anticorrupción denunció en enero de 2015 el perjuicio económico que presuntamente habían provocado Blesa y Sánchez Barcoj a las cuentas de Caja Madrid por el cobro por parte de altos directivos de "percepciones excesivas". En algunos casos, no existió constancia del cumplimiento de trámites como el paso por los órganos de gobierno.

Tras varios retrasos, Anticorrupción insistió en que este asunto debía investigarse de forma autónoma a la causa que el juez Fernando Andreu lleva en la Audiencia Nacional sobre el 'caso Bankia' y que se refieren fundamentalmente al periodo comprendido entre 2007 y 2010, bajo la presidencia de Miguel Blesa.

El expediente de Caja Madrid remitido a la Fiscalía, en el que se basa su querella, analizaba cuatro tipos de actuaciones concretas, en las cuales se habría podido producir el cobro por parte de altos directivos de la entidad de "percepciones excesivas". En algunos casos, no existió además constancia del cumplimiento de trámites como el paso por los órganos de gobierno.

En concreto, el FROB subrayaba en su informe que en 2008 se aplicó a los miembros de la alta dirección de Caja Madrid una subida salarial "significativamente mayor" que la debida, que algunos casos llegó a superar el 26%. Para este incremento se tomaba supuestamente como referencia una masa salarial mayor que la realmente existente en ese momento.

En cuanto a la retribución fija de esos directivos en tanto han estado vinculados a la entidad, indica que ha supuesto una posible percepción "indebida" para esas personas de algo más de dos millones en conjunto y subraya que estos incrementos sirvieron de base para el cálculo de indemnización posteriores.

Por su parte, el salario variable de la alta dirección de Caja Madrid arroja un posible ajuste por "exceso de percepciones" de 1,8 millones ante el exceso de incremento salarial del punto previo, la ausencia de documentación que soportara la fijación de objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos en el período comprendido entre 2008 y 2010.

Los informes también han detectado prácticas supuestamente irregulares en las aportaciones de los planes de pensiones. El FROB sospecha que se sustituía la parte que excedía del máximo deducible en el IRPF por una gratificación extraordinaria para los miembros de la alta dirección.

Esta gratificación se elevaba al bruto con el fin de que una vez practicadas las correspondientes retenciones se evitara el impacto fiscal a sus perceptores. Esta práctica ha podido suponer un perjuicio patrimonial de 1,84 millones de euros.

Finalmente, el fondo de reestructuración detectó posibles irregularidades en la extinción de varios contratos de altos directivos, así como en los pagos que se realizaron en conceptos como pacto de no recurrencias, bonus o indemnizaciones, especialmente entre 2009 y 2010. Estas prácticas podrían suponer un perjuicio económico para Caja Madrid de 9,1 millones de euros.