Bruselas amplía el expediente que abrió a España por la ley usada en la OPA del BBVA sobre el Sabadell

La Comisión Europea ha enviado este jueves una nueva carta de emplazamiento a España dentro del expediente de infracción que le abrió en 2025 por considerar que la legislación utilizada para imponer condiciones a la OPA de BBVA sobre el Sabadell infringe el Derecho comunitario de la UE, incluidas ahora también las nuevas normas sobre operaciones bancarias.

El Ejecutivo comunitario ha actualizado la evaluación en la que se basa el procedimiento de infracción para incluir las disposiciones de la nueva Directiva de Requisitos de Capital, que ha entrado en vigor después de la apertura del expediente y que los Estados tenían que haber incorporado a su normativa nacional a más tardar el 10 de enero de este año.

"La Comisión considera que las medidas problemáticas españolas son incompatibles con el nuevo marco de la Directiva de Requisitos de Capital VI que rige las adquisiciones, fusiones, divisiones y otros cambios estructurales en instituciones de crédito, lo que refuerza aún más las preocupaciones ya expresadas en la carta de emplazamiento de 2025", explicó en un comunicado la institución.

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España tiene ahora dos meses para responder a esta nueva misiva de emplazamiento y, de no hacerlo o si no queda satisfecha con la respuesta, Bruselas podría enviarle un dictamen motivado, el segundo paso en un expediente que, en última instancia, le permite llevar a los Estados ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir.

Aunque desde que se envió la primera carta en julio de 2025 las autoridades españolas han estado en contacto con las europeas, España no ha enviado todavía una propuesta para modificar su legislación, explican fuentes comunitarias.

La Comisión Europea abrió expediente al considerar que España ha infringido la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales, así como el reglamento sobre supervisión bancaria única y la directiva y reglamento de requisitos de capital.

Por un lado, ve problemático el modo en que el Gobierno aplicó la Ley de Defensa de la Competencia para imponer condiciones adicionales a la OPA porque considera que, en este caso, no cabía elevar al Consejo de Ministros la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), que había autorizado la OPA con condiciones.

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Además considera que la legislación bancaria española usada en el caso otorga al Ministerio de Economía poderes discrecionales y no limitados para decidir sobre operaciones bancarias, lo que contraviene la legislación comunitaria al socavar la competencia exclusiva del Banco Central Europeo en operaciones como la propuesta por el BBVA.

Ahora las infracciones derivadas de la nueva Directiva de Requisitos de Capital se suman a un expediente que se ha mantenido abierto a pesar de que la OPA fracasó en octubre puesto que la infracción no tiene que ver con la operación concreta, sino con la legislación utilizada.

"Las consolidaciones en el sector bancario benefician a la economía de la UE en su conjunto y son fundamentales para lograr la Unión Bancaria. Las fusiones también aseguran que el capital se asigna de manera eficiente en la UE y que ciudadanos y empresas tienen acceso a productos financieros a precios competitivos", señaló en su comunicado la Comisión Europea, que siempre ha defendido la utilidad de las fusiones bancarias.