Uno de cada cinco nuevos empleos corresponde a trabajo fraudulento aflorado por la Inspección

Prácticamente uno de cada cinco nuevos empleos creados el año pasado ya existían, aunque su existencia no constaba oficialmente: pasaron a ser contabilizados como afiliados a la Seguridad Social después de que la Inspección de Trabajo los hiciera aflorar desde la economía sumergida.

La labor de la Inspección afloró el año pasado el equivalente a 100.730 empleos de tiempo completo. Esto supone el 18,8% del total del nuevo empleo asalariado en ese ejercicio (535.568) y el 18,3% del total de las nuevas ocupaciones (549.937), según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y por la Seguridad Social.

Las cifras, a las que hay que añadir otros flancos de la lucha contra el fraude en el empleo como la detección de 32.000 falsos autónomos o la regularización como indefinidos de otros 140.000 trabajadores eventuales y fijos discontinuos, sitúan la Inspección como uno de los principales vectores de aportación de cotizantes a la Seguridad Social, aunque en su caso no por creación de empleo sino por su afloramiento desde la economía sumergida.

Esta se produce en cinco vías: altas tramitadas de oficio por la Inspección o por las empresas tras las actuaciones de esta, las derivadas de dar ocupación a extranjeros 'sin papeles', las que afectan a trabajadores con incrementos de más del 50% de tiempo de trabajo o hasta la jornada completa en contratos de tiempo parcial y, también, la ocupación de trabajadores afectados por un ERTE de suspensión o reducción.

"La Inspección está aflorando mucha economía irregular", explica Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores, que señala a la hostelería como uno de los principales nichos de este tipo de fraudes. "También hay una bolsa de fraude de carácter estructural en el empleo doméstico, aunque ahí es muy difícil actuar por la inviolabilidad del domicilio", añade.

Más empleo aflorado del que crean la industria y la construcción

El afloramiento de empleo sumergido, en cualquier caso, se da en todos los ámbitos del tejido productivo español, donde el fraude tiene un arraigo de carácter estructural, histórico, que se traduce en las voluminosas bolsas de empleo gratuito o la secular tendencia a utilizar la figura del falso autónomo.

De hecho, los 947.192 empleos aflorados por la Inspección en los diez últimos años, de 2014 a 2023, equivalen a un 21,1% del total del empleo creado en ese periodo y a un 22,7% del de carácter asalariado, que es en el que se concentra el fraude.

Si el foco se centra en los últimos cinco ejercicios, de 2019 a 2023, con el desplome de la pandemia y la histórica generación de empleo  posterior, los porcentajes son del 20,9% y del 22%, lo que apunta a un hábito de intenso arraigo en el sistema productivo español.

De hecho, 100.730 afiliados a la Seguridad Social, que son los aflorados en 2023, suponen una plantilla equivalente a la que emplea la industria química, de 108.747 afiliados al cierre de 2023, o a la de la recogida y tratamiento de basuras (108.428). Por provincias, corresponde a todo el empleo de Huesca (103.257), Guadalajara (102.710) u Ourense (105.583).

También sitúa a la Inspección como uno de los principales generadores de empleo, únicamente superado el año pasado por la enseñanza (148.744), claramente por encima de la industria manufacturera (39.558) y la construcción (34.309), y de la suma de ambas, y a una amplia distancia de la hostelería (75.646) y de la sanidad con los servicios sociales (66.581).

Una aportación económica de más de 900 millones

"El Derecho del Trabajo es tan necesario hoy como lo era hace un siglo, y la Inspección de Trabajo es una institución imprescindible para construir el Estado de bienestar que queremos que tenga nuestro país", dijo hace unos días el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Asimismo, destacó que ese organismo "avanza adaptándose a los estándares laborales más elevados que demanda la sociedad".

Su presupuesto para este año se ha incrementado un 41,5% para pasar de 245,5 a 206 millones de euros. Está por ver si el despliegue de esa dotación económica acaba sirviendo para aplacar las tensiones que llevan dos años manteniendo la dirección y la plantilla, que reclama la ejecución de los acuerdos de refuerzo firmados en julio de 2021 en un enfrentamiento que ya ha dado lugar a varias jornadas de movilización y de huelga.

Esa labor de afloramiento de empleo de la economía sumergida tiene también reflejo en las arcas públicas tanto por la vía del aumento de las cotizaciones, cuya base media se ha estabilizado por encima de los 2.000 euros mensuales desde octubre de 2022 gracias a la mejora general de los salarios y al incremento del mínimo legal, como por la de las sanciones.

Esta línea de actuación de la Inspección sobre el empleo sumergido tuvo en 2022, último año con el Informe Anual cerrado, un 'rendimiento' de 909,1 millones de euros, con la partida principal en los 363,6 de cotizaciones impagadas. Le siguen los 332,5 de derivaciones de responsabilidad, una 'recaudación inducida' de 155,4 a partir de la regularización para el resto del ejercicio y 57,5 más en el capítulo de 'otros'.

El último apartado incluye propuestas de liquidación, minoración de morosidad, señalamiento de bienes y devolución de prestaciones estatales y autonómicas percibidas por los infractores. La cifra se dispara hasta los 4.478 millones de euros si el periodo se amplía hasta los cinco años, de 2018 a 2022.

Este tipo de conductas están tipificadas como graves en el artículo 22 de la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), que en el 40 les asigna sanciones que pueden llegar a los 12.000 euros, además de recargos varios sobre las cuotas impagadas.

"Cuando las sanciones se elevaron se redujo mucho la falta de altas, pero a partir de entonces comenzaron a aumentar mucho los encuadramientos fraudulentos de jornada parcial, es decir, contratar por unas horas para trabajar la jornada completa", señala Ercoreca.