"Las cifras suelen enmascarar realidades más complejas", advierte Vicente Lafuente, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Zaragoza, ante una realidad que también se da, como ocurre con casi todas las estadísticas, con los últimos datos de Regulación de Empleo que ha hecho públicos el Ministerio de Trabajo.

Esos registros muestran dos grandes tendencias aparentemente paradójicas como son un aumento del 50% en el número de trabajadores despedidos a través de ERE (Expediente de Regulación de Empleo), que pasa de 24.215 a 36.505 -100 diarios- en un año con un importante peso de la gran empresa, que supera las 300 bajas semanales, mientras la cifra de afectados por suspensiones de contrato y reducciones de jornada se reduce en más de un tercio al caer de 294.702 a 181.139 (-38,5%).

Esos datos globales muestran otra tendencia contradictoria. Por un lado, el volumen de afectados por regulaciones de empleo sigue siendo superior al que se daba en los años previos a la pandemia, y en concreto a cualquiera de los registros de 2014 a 2019, cuando comenzó la recuperación de la crisis iniciada con el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Y, al mismo tiempo, ratifica la tendencia descendente desde el pico de más de un millón de 2020, el año de los confinamientos y el mayor parón de la actividad desde la guerra civil.

Pero por otro lado, y al mismo tiempo, las cifras de despidos son las segundas más elevadas de la última década, solo superadas por las 43.662 víctimas de ceses colectivos de 2021, más de un tercio de ellos en un sector financiero que comenzaba a marcar récords de beneficios  tras su costoso (para el erario) proceso de concentración de una década.

"Las grandes empresas comienzan a recuperar los ERE"

¿Qué puede estar ocurriendo en el tejido productivo español, en el que el despido objetivo y el improcedente siguen siendo más frecuentes que el colectivo, para que se den esas tendencias tan opuestas?

"Durante la pandemia, y con el objetivo de evitar una sangría de empleo por el parón de la actividad, se sustituyó la flexibilidad externa de las plantillas, es decir, los despidos, por la interna, por las suspensiones de contrato y las reducciones de jornada, pero ahora eso se ha acabado", explica Lafuente.

"Pero ahora, una vez superada la situación de emergencia, en la que la prioridad era que el despido pasara a ser la última ratio y para eso se articularon los ERTE, las empresas ya no tienen bonificaciones en los casos de suspensión de los contratos y de reducciones de la jornada y deben soportar el coste de las cotizaciones y a menudo el de parte de los salarios" si así lo establece el convenio o el acuerdo con la plantilla, recuerda el profesor.

En ese escenario, añade, "las empresas, sobre todos las de menor tamaño, optan por el despido objetivo individual, pero las de mayor envergadura comienzan a recuperar los colectivos", añade.

Más regulación cuanto mayor es el tamaño

En este sentido, los datos del Ministerio de Trabajo muestran un notable aumento del número de trabajadores despedidos mediante expedientes colectivos en la gran empresa, que prácticamente duplica los registros del año anterior (16.276 por 8.999) y alcanza un ritmo de algo más de 300 semanales.

Esas cifras solo se quedan por debajo en la última década de las de 2019 (16.699) y 2021 (23.882), en ambos casos con más de un tercio de los ceses concentrados en el sector bancario, lo que apunta a que la destrucción de empleo en las compañías de mayor tamaño se ha ido diversificando.

La desproporción entre el peso de cada segmento de empresas por su tamaño en el conjunto del mercado laboral y su recurso a la regulación de empleo aumenta conforme lo hace su envergadura: las microempresas (hasta 10 empleados) generan el 10,63% del empleo pero solo el 3,75% de los afectados por regulaciones, normalmente en procesos de liquidación (se requieren 10 afectados para un ERE no extintivo), mientras las grandes compañías (más de 250) acumulan un 42,27% de la ocupación y un 54,15%, casi doce puntos más, de los expedientados.

La desproporción también se da en las pymes, con una menor participación en las regulaciones (13,8%) que en el conjunto del empleo (21,07%) para las pequeñas empresas, las de 11 a 50 trabajadores, y una diferencia de más de once puntos (17% por 28,27%) a favor del segundo factor para las medianas (de 51 a 250).

¿Cómo pueden los ERE por caída de ventas triplicar a los de apuros económicos?

También hay diferencias llamativas entre las causas que alegan unas y otras para acometer sus ERE, los cuales, pese a la última reforma laboral, siguen estando desde 2012 exentos del visto bueno previo de la autoridad laboral.

"La existencia de la autorización preceptiva era positiva porque suponía un filtro previo en el que además de los criterios de legalidad se valoraban los de oportunidad, en los que el acuerdo con los trabajadores resultaba clave", indica Lafuente.

Llama la atención cómo el porcentaje de trabajadores afectados por regulaciones de empleo por causas económicas decrece conforme aumenta el tamaño de la empresa, del 42% en las micro al 11% en las grandes, mientras ocurre lo contrario con las técnicas y las organizativas, en las que se pasa del 13% en el tramo bajo al 32% en el alto.

Eso supone recuperar una tendencia que había comenzado a extenderse antes de la pandemia y que ahora regresa con más fuerza: la reorganización pesa más que los apuros económicos como causa de rescisión, suspensión y recorte de contratos laborales.

En ese marco, también resulta sorprendente el desfase que se da entre los afectados por causas económicas (insolvencia) y productivas (caída de ventas) en función de la categoría: con mayoría de los primeros solo entre las microempresas, una proporción de uno a dos entre las pymes y otra superior al uno a cuatro entre las grandes.

"No es congruente que haya tan pocas causas productivas, es decir, de empresas cuyas ventas caen, y tan pocas económicas, porque están directamente ligadas", destaca el profesor, que explica cómo, en realidad, "a veces los ERE se utilizan como un instrumento de optimización de los beneficios más que porque las empresas se encuentren en situaciones angustiosas que pudieran hacer necesarios los despidos para garantizar la continuidad de la empresa".

Así, señala, "la vía de las causas técnicas y organizativas, que suelen ser complejas, se utilizan en ocasiones para abaratar la mano de obra" con recortes que después se suplen contratando esos trabajos con empresas multiservicio o cooperativas en las que a veces reaparecen los empleados que antes habían integrado la plantilla de la firma contratante.

"Eso supone actuar como competencia desleal frente a las empresas que mantienen su plantilla y asumen sus costes salariales y sociales", anota el profesor, que describe ese tipo de conductas como "fugas del derecho laboral para optimizar beneficios, y es algo que está ocurriendo cada vez con más frecuencia". Con la digitalización, el avance de las plataformas y la introducción de la inteligencia artificial "lo vamos a sufrir con mayor intensidad. Las empresas están aligerando sus estructuras para adaptarse a los nuevos modelos de producción. Se está reconfigurando el mercado de trabajo, y no siempre para mejor en lo que se refiere a los derechos de los trabajadores".

"Hay una tendencia a desvalorizar la mano de obra y a optimizar los beneficios mediante la reducción de costes -añade-, pero el ERE no se diseñó para readaptar el trabajo a la demanda de la empresa. Y mucho menos para cargarle las prestaciones al Estado [con suspensiones de contrato y reducciones de jornada]. Eso no es de recibo".