¿Puede ser que una reforma legal que cuenta de salida con el apoyo de más del 98% de los diputados (344 de 350) lleve un año congelada a base de prorrogar el plazo de enmiendas? ¿Y que eso ocurra en un país cuyo Gobierno propone a la UE abordar esa cuestión como una de las reformas clave de su Plan de Recuperación frente a la crisis pandémica? ¿Y que suceda cuando el problema a resolver provoca cada año un boquete de 850 millones de euros en las cuentas de las zarandeadas pymes, que acaban pagando esa cifra en intereses por los créditos que se ven obligados a contratar para sobrevivir a los impagos de las firmas del  Ibex 35?

Ese viene a ser, a grandes trazos, el panorama con el que se está abordando en España la problemática que genera la morosidad en los pagos a proveedores y subcontratas, una de las inercias nocivas que lastran la actividad de las pequeñas y medianas empresas españolas en beneficio de las grandes, que optan mayoritariamente por aplazar el pago de las mercancías y servicios que les suministran las primeras muy por encima de los límites que marca una normativa cuya vulneración, en la práctica, no conlleva consecuencias.

Sin embargo, y pese a la intensidad con la que la crisis pandémica está azotando a las pymes y a los efectos destructivos que ese proceso está teniendo en el empleo, nada indica que la cuestión vaya a resolverse a corto plazo, vista la ‘congelación’ al que está siendo sometida la proposición de ley del PdCat para establecer un régimen sancionador para las empresas morosas: este miércoles se cumplió un año de su calificación por la Mesa del Congreso, aunque, tras recibir el apoyo de 344 de los 350 diputados a finales de septiembre, lleva desde entonces aparcada por el tradicional método de acumular prórrogas del plazo de presentación de enmiendas, 25 en su caso.

Esta es la segunda ocasión en la que se plantea en el Congreso una medida de este calado disruptivo en un país como España, donde las principales empresas del país se financian con cargo a las cuentas de sus proveedores y a la Hacienda Pública al descontarse cada trimestre miles de millones de IVA por facturas que han admitido pero pagado y donde, al mismo tiempo, la banca mantiene una potente línea de negocio con el confirming, con el que se queda una comisión del 2% al 4% de esos pagos pendientes.

La anterior propuesta, impulsada por Cs, decayó tras superar una pantalla más y llegar a constituirse en la Comisión de Economía del Congreso una ponencia que nunca la abordó. Tanto entonces como ahora, la iniciativa parlamentaria ha sembrado la inquietud entre las grandes contratistas y la banca.

En esta ocasión, no obstante, se ha producido un movimiento que puede presionar a favor de desencallar el asunto: el Gobierno ha incluido en el Plan de Recuperación remitido a la UE para acceder a sus fondos el compromiso de que "se adoptarán medidas para reducir la morosidad", concretamente como "reforma 1" del "componente 13" y para la "mejora de la regulación y el clima de negocio"

Sin embargo, y por otro lado, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Senado para explicar el plan, como su vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en la Comisión de Economía del Congreso, eludieron pronunciarse sobre el impulso al régimen sancionador para las empresas morosas.

¿Qué dice la ley y cuál es la situación?

La Ley de Morosidad de 2004 y su reforma de 2010 limita a sesenta días el plazo para pagar una factura, veta expresamente la posibilidad de ampliar ese periodo mediante acuerdos particulares y, entre otras medidas, impone, sobre el papel, recargos del 15% anual cuando las deudas no liquidadas en esos dos meses superan los 30.000 euros.

Sin embargo, la inexistencia de un régimen sancionador y la situación de dependencia que las pymes tienen de sus grandes clientes generan en la práctica un cuadro de impunidad en el que, según los datos de la PMCM (Plataforma Multisectorial contra la Morosidad) solo las empresas del Ibex 35 mantenían retenidos al cierre del año pasado 56.488 millones de euros en facturas emitidas hace más de dos meses mientras su periodo de plazo medio se dispara hasta los 169 días, más del doble de los 77 que tanto el sector privado como el público marcan en sus respectivos conjuntos.

¿Qué suponen esas cifras? Básicamente, que las pymes y los autónomos que trabajan para esas grandes empresas tardan casi medio año en cobrar semejante volumen de dinero, que los emporios obtienen devoluciones de Hacienda de entre 5.100 y 9.800 millones de euros por el IVA de facturas que no han pagado pero que sí han computado formalmente como gastos, que esos proveedores se exponen a tener que soportar mermas de hasta 2.200 si acuden al ‘conforming’ y que, en cualquier caso, acaban teniendo que empeñarse para poder seguir funcionando.

"El coste financiero de la morosidad en nuestro país estaría por encima de los 850 millones de euros, entendido como el coste de oportunidad que entraña no poder hacer un uso alternativo de la liquidez objeto de impago", señala el preámbulo de la reforma, que añade que "a esto habría que añadir los costes que el impago acarrea para las empresas y que, a diferencia del coste financiero anterior no son costes de oportunidad, sino pérdidas directas para el empresario".

Un informe de la PMCM revela cómo los impagos afectaron el año pasado al 5,4% de la facturación de las pymes españolas, cómo a casi dos tercios de ellas "se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por la ley", cómo el 81% de las grandes empresas y el 59% de las pequeñas y medianas tarda más de dos meses en liquidar las facturas y cómo uno de cada seis empresarios considera inviable su negocio como consecuencia de la morosidad.

En ese contexto de morosidad y con las grandes empresas pujando por todo tipo de contratas, tampoco resulta tan extraño que el año pasado se declararan en quiebra más de 4.000 empresas pese a estar vigente una moratoria para los concursos de acreedores y que casi 23.000 cerraran; ni, tampoco, que
el 95% y el 99% de cada uno de esos grupos fueran pymes.

¿Qué es lo que propone la reforma?

El texto del PdCat propone mantener el veto a los pactos para ampliar los periodos de pago por encima de los sesenta días (treinta para productos frescos y/o perecederos), aunque con excepciones como las negociaciones previas a los concursos de acreedores, y a eludir el pago de los intereses de demora; habilita a las cámaras de comercio y las organizaciones profesionales y empresariales para denunciar esos abusos, crea un observatorio de la morosidad y establece multas de 3.000 euros a un millón en función de la cuantía y la reiteración de los impagos, a las que se pueden añadir el algunos casos la prohibición de contratar con las administraciones o la de acceder a productos como los créditos del ICO. También plantea retocar algunos aspectos de la regulación del IVA.

"La ley [actual] es correcta, pero al no haber un régimen sancionador no se cumple, y eso perjudica siempre a las pymes por su dependencia de las grandes empresas", explica Ferran Bel impulsor de la iniciativa, que se muestra abierto a negociar el contenido con otros grupos parlamentarios.

"Este tema ya era un tabú, pero ahora se ha convertido en un problema de competitividad", añade, ya que "obliga a las pymes a consumir su capacidad financiera en financiar el circulante en lugar de dedicarla a la inversión" mientras "las grandes beneficiadas son las grandes empresas, que juegan con plazos de 120 y de 180 días".