El Consejo de Ministros aprobó el martes un decreto destinado a facilitar el despliegue de la generación de la energía renovable con medidas para combatir la especulación en el mercado, reducir la burocracia y revisar un sistema de subastas de potencia anticuado para tranquilizar a los inversores y bajar los precios.

España quiere aprovechar ricos recursos naturales como su generosa luz solar tanto para reducir la contaminación como para crear puestos de trabajo, en respuesta al destrozo que ha causado el coronavirus en una economía altamente dependiente del turismo y los automóviles.

La iniciativa sigue los planes diseñados trazados por la Unión Europea (UE) para utilizar las inversiones con baja huella de dióxido de carbono en la lucha contra la recesión. España trabaja así para unirse al puñado de países ricos que están incorporando en sus leyes la reducción de emisiones con efecto invernadero.

Un área que pretende abordar el decreto aprobado el martes por el consejo de ministros es el control de los permisos para volcar energía a la red ante las quejas de los promotores de renovables, que creen que son acaparados por inversores que quieren hacer negocio rápido, lo que no hace sino aumentar el coste de establecer nuevas plantas solares o parques eólicos.

En la actualidad, existe un elevado número de solicitudes, que suman un total de más de 430.000 megavatios (MW) (aunque se consideran correctamente presentadas unos 295.000 MW), lo que supone multiplicar por más de siete el objetivo de en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030.

La Administración apunta que hay indicios de un eventual "componente especulativo" en buena parte de estas solicitudes, dada la escasa madurez de los proyectos o el volumen de casos de titulares de permiso de acceso que no han solicitado el igualmente necesario permiso de conexión y esta situación obstaculiza y encarece la puesta en marcha de los proyectos solventes.

Así, en respuesta al hecho de que alrededor del 60% de las solicitudes de permisos pendientes parecen responder a ese perfil puramente especulativo, el Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera dijo que obligará a los titulares a demostrar que realmente están construyendo plantas o arriesgarse a perder la garantía depositada.

Por otra parte, las subastas de potencia eléctrica se basarán ahora en el precio de la energía, una estructura que, según el ministerio, permitirá a los promotores planificar mejor las inversiones y los ingresos, reduciendo el precio final de la electricidad para los consumidores.

La simplificación de otros procedimientos debería ayudar a generar puestos de trabajo en toda la cadena de suministro, dijo el ministerio, añadiendo que el 90% de los componentes de un aerogenerador y el 65% de una planta solar pueden producirse en España.

Las medidas fueron presentadas como un decreto urgente, lo que significa que es probable que sean aprobadas sin cambios por el parlamento en los próximos días.