Doscientas empresas con impacto social buscan inversores con ética

ZARAGOZA.- “Entre la inversión tradicional y la filantropía está la inversión de impacto social”, sostiene José Moncada, CEO de La Bolsa Social, la primera plataforma de inversión participativa que autoriza la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y que opera con criterios éticos y de impacto social. Tiene sobre la mesa propuestas de 200 empresas con impactos sociales positivos que buscan inversores con principios.

En apenas seis meses de funcionamiento, esta empresa de capital riesgo, que solo opera con empresas jóvenes y cuyo objetivo es “crear comunidades de inversores que buscan un retorno social que vaya más allá del puro y simple negocio”, ha cerrado con éxito dos rondas de captación de inversores -248.502 euros para la lanzadera de iniciativas colaborativas Utopic-Us y 249.705 para la firma de biofertilizantes y agricultura ecológica Nostoc-, fracasó en otra y gestiona estos días una más para Disjob, un portal de empleo especializado en profesionales cualificados con discapacidad, que suma aportaciones por más de 70.000 euros en menos de dos semanas.

Moncada y Rosa Cuartero, responsable de Disjob, participaron este miércoles en Zaragoza en una sesión de contactos celebrada en la sede de la Fundación Ecología y Desarrollo en la que expusieron la operativa de La Bolsa Social y el proyecto del portal de empleo.

“Han contactado con nosotros unas 200 empresas de distintos sectores como la economía circular, el empleo verde, la inclusión social, la educación y la agricultura sostenible, entre otras, que buscan financiación”, explicó Moncada, que apuntó que La Bolsa Social prevé comenzar a gestionar próximamente de manera simultánea hasta tres rondas de captación –han sido individuales desde que comenzaron a operar en octubre- con aportaciones de entre 50.000 euros y un millón, aunque la ley permite llegar a dos.

Su sistema compagina las campañas de crowdfunding de dos meses a través de su página de internet, que cuenta con 1.400 usuarios registrados -140 de ellos pusieron el medio millón de Utopic-Us y Nostoc-, con los contactos directos de los responsables de las empresas y sus eventuales inversores, los cuales pasan después a convertirse en socios mediante operaciones de ampliación de capital. “La ronda es de la empresa –explica Moncada-. No podemos recomendarla, pero sí presentarla”. La aportación mínima es de mil euros, y todas comportan una deducción del 20% en la cuota del IRPF si la empresa destinataria tiene menos de tres años.

El inversor de referencia, el que efectúa la mayor aportación en cada ronda, representa en la junta de accionistas a todo el nuevo capital, aunque quienes ponen más del 10% pueden conservar sus derechos políticos. Todos los titulares de acciones procedentes de las rondas de captación -La Bolsa Social cubre el 3% de cada iniciativa- tienen derecho a designar a un miembro del consejo de administración de la empresa.

El dinero se ingresa en una cuenta de Triodos Bank, una de las entidades de banca ética que operan en España, a nombre de la empresa destinataria, que no puede disponer de él hasta que finaliza el proceso. “Vamos sin medias tintas: si se logra el objetivo de captación se cierra la operación, y si no, no”, anota. En el segundo caso, el dinero se devuelve.

Los dos centenares de empresas que han contactado con La Bolsa Social están operativas. Es uno de los requisitos. El segundo es tener potencial de crecimiento según el criterio de la plataforma, en cuyos estudios previos participa Analistas Financieros Internacionales. El tercer filtro antes de acceder a la ronda de captación de inversores se centra en su proyección, previo a un chequeo de sus cuentas –due diligence- a cargo del bufete jurídico Gómez Acebo y Pombo Asociados.

“La empresa se expone en la plataforma. Publicamos información de la sociedad, del proyecto, de sus promotores y de sus objetivos, con especial atención a quién va a beneficiarse de su actividad desde el punto de vista social y/o ambiental. Y los inversores preguntan”, anota Moncada. También deben presentar proyecciones a cinco años de varios indicadores y especificar sus estrategias para que quienes participen en la ronda recojan después sus beneficios. Y, si el crowdfunding cuaja, informar mensualmente de la evolución del negocio y de su impacto social. El CEO debe hacerlo cada tres meses por carta.

“Se forma una comunidad de socios e inversores que crea realmente en el proyecto y que, a su vez, genera nuevas oportunidades de negocio”, explica Moncada. “El potencial de este tipo de plataformas consiste en que permite realizar inversiones de manera consciente”, apunto Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo.

La Bolsa Social, que por ley solo puede operar con sociedades anónimas y limitadas pero no con oenegés, se queda el 5,5% de la captación, si esta tiene éxito –la cuota oscila en Europa entre el 7% y el 9%-, y cobra al emprendedor 1.100 euros por los estudios y la due diligence, más 300 anuales durante el lustro de seguimiento que contemplan los contratos. “Buscamos capital paciente y comprometido con la empresa, que quiere un retorno integral, tanto financiero como social. Para nosotros el impacto social es clave”, asegura Moncada, aunque no trabajan con certificadores externos para medir esa proyección en la sociedad y el medio ambiente.

Las rondas de captación de inversores suponen la primera fase del plan de negocio de La Bolsa Social, cuyo objetivo es convertirse en una especie de Ibex ético. “Queremos ser un foro de mercado donde se encuentren inversores y empresas con impacto social”, explica Moncada, para, después, “crear otro foro que actúe como mercado secundario”. “Pero para crear ese mercado secundario necesitamos un mercado primario potente”, añade.

Según los datos que maneja el CEO de La Bolsa Social, las inversiones participativas movieron 60.000 millones de dólares en el mundo en 2014, con previsiones de aumento del 16% para los dos siguientes ejercicios, mientras las plataformas online de inversión alternativa han superado los 3.000 millones de euros en Europa los dos últimos años y la previsión era superar los 7.000 en el 2016.