El decreto por el que el Gobierno ha eliminado el ‘impuesto al sol' también incluye trabas para la producción de energía renovables: cuadruplica la cuantía de los avales para las instalaciones de producción y obliga a afianzar un 10% del coste de las actuaciones necesarias para que estas se conecten a la red de evacuación y distribución, algo que puede tener efectos desincentivadores para los pequeños y medianos productores.

Las novedades figuran en la disposición adicional tercera del decreto, la cual, bajo el título de “Medidas destinadas a asegurar la finalización de los proyectos de producción con derecho de acceso a la red”, modifica varios artículos de otro anterior, de 2000, que regula el “transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica”.

Esa disposición cuadruplica, de 10 a 40 euros por kilowatio instalado, el dinero que los productores deben depositar ante la Administración, ya sea en metálico o mediante avales bancarios, antes de solicitar la conexión con la red de transporte de energía.

La medida no afecta a los grupos de hasta diez kilowatios de potencia (las domésticas) ni a los destinados al autoconsumo, siempre que, en este segundo caso, “no tengan la consideración de instalaciones de producción".

Cuatro veces más

Sin embargo, supone una traba para el desarrollo de las energías renovables por parte de los pequeños y medianos productores, explican fuentes del sector, que señalan esta medida como una restricción a la competencia que reducirá la inversión y que favorece los intereses de las grandes compañías y los fondos de inversión, con mucho más músculo financiero.

En el caso de una instalación-tipo de hasta 49 megawatios, una de las más habituales hoy, eleva de 490.000 a 1,86 millones de euros las cuantías que los promotores deben afianzar, con los costes financieros que conlleva un aval bancario, y que, gastos de tramitación y apertura al margen, se sitúan en el entorno del 1% trimestral: 744.000 euros al cabo del año hasta que finaliza el papeleo.

El decreto también obliga a los productores industriales, para las conexiones a puntos de tensión de más de 36 kilovoltios (alta tensión), a adelantar un 10% del coste de las obras necesarias para enganchar sus instalaciones a la red de transporte. Si no lo hace en doce meses desde que obtiene los permisos, estos caducan; y si incumple ese u otros requisitos documentales, pierde las garantías.

“Limita bastante el desarrollo de las renovables”.

La decisión de cuadruplicar los avales por potencia instalada “es una traba”, señala Sara Pizzinato, responsable de Energía de Greenpeace España, que reclama “una exención para plantas vinculadas a proyectos comunitarios y ciudadanos”.
Coincide con Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción, para quien la medida “lo que hace en principio es limitar bastante el desarrollo de las renovables”.

Soledad Montero, de esta última organización, matiza que el objetivo del decreto es “favorecer el autoconsumo compartido de energía y las instalaciones en viviendas y bloques”, mientras que el encarecimiento de los avales “afectará a cooperativas y a productores de tipo mediano principalmente, pero en esos casos no estamos hablando de autoconsumo”.

Pizzinato, por su parte, destaca que la exigencia de avalar el 10% del coste de las obras de conexión “por un lado es un capote a las compañías eléctricas y a sus distribuidoras, aunque también puede interpretarse como una ‘señal de precio’ que indica que las instalaciones de producción no deben ubicarse lejos de las redes de transporte” para evitar un crecimiento desmesurado de estas últimas.

Los gastos financieros y la viabilidad

En cualquier caso, los tres coinciden en que “el sistema energético español necesita una reforma profunda, estructural”.

“Se imponen unas presiones inauditas”, explican fuentes del sector de las renovables, que sostienen que “los gastos financieros de los proyectos alcanzarán tal volumen que pueden disminuir su rentabilidad hasta el punto de hacerlos inviables”.

El Congreso de los Diputados tiene un mes, hasta principios de noviembre, para convalidar o derogar el decreto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, salvo que, si es aprobado, una mayoría decida tramitarlo como proyecto de ley si alguno de los grupos parlamentarios lo reclama.