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ERE Los cuatro trucos de la banca para ahorrarse cientos de millones en sus nuevos ERE

La rebaja en la edad de los afectados por los despidos colectivos responde a una estrategia para eludir la 'cláusula Telefónica' y los convenios especiales con la Seguridad Social para, al mismo tiempo, beneficiarse de las ventajas tributarias por las llamadas prejubilaciones y, en su caso, acumular activos fiscales.

Los planteamientos iniciales de Caixabank y BBVA prevén dejar sin empleo a más de 12.000 trabajadores.
Los planteamientos iniciales de Caixabank y BBVA prevén dejar sin empleo a más de 12.000 trabajadores. Europa Press

Las cosas tienen causas, y el cambio de estrategia de la banca y de la gran empresa con los despidos colectivos o ERE no supone una excepción: la decisión de concentrar sus efectos entre los menores de 50 años y de limitar la salida de quienes superan esa edad, algo que ha hecho El Corte Inglés, que va a hacer Caixabank tras iniciar el periodo previo a las consultas con los sindicatos anunciando este martes una rebaja de los despidos, y que todo apunta a que también va a plantear BBVA en su expediente, responde a motivos de coste económico.

Concretamente, ese 'rejuvenecimiento' de los afectados por los ERE está directamente vinculado al objetivo de lograr una rebaja millonaria en su factura eludiendo el pago de la llamada 'clausula Telefónica', que obliga a anticipar el coste de la prestación de desempleo de los mayores de 50 años despedidos en los ERE, y, de manera simultánea, a reducir la que suponen los convenios espaciales con la Seguridad Social.

Esas innovaciones para rebajar el coste final de los ERE se suman a otras que ya venían aplicando, legales en ambos casos, como las deducciones tributarias que conlleva la formalización de las llamadas prejubilaciones, que en realidad consisten en liquidaciones de despidos en diferido, y, en último término, la posibilidad de generar créditos fiscales para más adelante si esos gastos generan pérdidas en la cuenta de resultados.

"Son malos ejemplos. Si comienzan los despidos, el coste social y el económico van a ser enormes", advierte Julio Rodríguez López, expresidente del Banco Hipotecario y miembro de Economistas Frente a la Crisis, que añade que "va a quedar desempleada mucha mano de obra cualificada y a la que le va a costar mucho emplearse de nuevo si la economía no logra recuperarse pronto".

"Esto va más allá de la banca. Acaban de comenzar los destrozos en el empleo después de que la pandemia haya dado el pistoletazo de salida a una nueva transformación", señala el economista Carlos Sánchez Mato, profesor de la Universidad Complutense, que enmarca la nueva oleada de despidos  en el objetivo de la banca de "recuperar unos niveles de solvencia y de rentabilidad que ni están ni se les espera, y que tampoco alcanzará con esas medidas".

El coste de la 'cláusula Telefónica'

Se trata, en todos los casos de medidas destinadas a rebajar el coste de los expedientes de regulación de empleo, entre los que se encuentra la llamada 'cláusula Telefónica', una medida del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que desde 2011, y ante el sonrojo generalizado que provocaban las cuantiosas prejubilaciones de la firma tecnológica, obliga a las empresas de más de cien trabajadores que ejecutan un ERE mientras tienen beneficios a adelantar al Tesoro Público el coste de las prestaciones por desempleo de los despedidos mayores de 50 años.

"Los menores de 50 años van al paro con una indemnización de equis días por año trabajado y punto", resume, gráficamente, un veterano sindicalista del sector bancario.

Las consecuencias de concentrar los ceses en quienes no alcanzan esa edad, en lugar de en los que la superan como venía siendo habitual hasta ahora, tira claramente a la baja del coste del ERE para la empresa: con un salario medio de en torno a 45.000 euros brutos anuales, la 'cláusula Telefónica' obliga a ingresar en el Tesoro algo menos de 28.000 euros por despedido mayor de 50 años.

Otra cosa es que la gran empresa cumpliera siempre con esa obligación, que era algo que no acaba ocurrir. O que, al menos, no ocurría para las fechas de las que hay datos disponibles. Así, el último Informe Anual del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), correspondiente al ejercicio de 2019, recoge un descuadre de casi 149 millones de euros en los primeros nueve años de aplicación de la media: "En total, desde el inicio hasta 2019, a estas 61 empresas se les reclamaron aportaciones económicas correspondientes a las prestaciones abonadas a 19.404 trabajadores, por valor de 559,22 millones de euros de los cuales se ingresaron 410,67 millones de euros". Diez de esas sociedades eran entidades financieras.

Los convenios especiales con la Seguridad Social

El otro flanco potente de rebaja de costes con ese cambio en la edad de los afectados por los ERE se encuentra en los convenios especiales con la Seguridad Social, con los que la empresa se compromete a pagar las cotizaciones de los trabajadores de 55 o más años hasta, según el acuerdo, la fecha de jubilación o cuando este cumpla los 61 años, que es la fecha de acceso al retiro anticipado, o los 63, que le permitirían subsistir los dos previos a la retirada como desempleado.

Lo habitual en el sector bancario era llegar a la fecha de jubilación, lo que suponía un máximo de diez años de cotizaciones que, con el salario bruto medio de 45.000 euros, venía a suponer unos 15.000 anuales por trabajador; es decir, entre 15.000 y 150.000 por despedido.

Tanto en este caso como en el de la anticipación del desempleo, la 'factura' del ERE varía de manera sustancial en función de la edad los trabajadores que se ven afectados por el mismo: 178.000 euros para uno de 55 años con ese salario medio o nada, al margen de la indemnización por despido y el finiquito, para uno de menos de 50. La anchura de la horquilla que anticipa un impacto notable cuando se trata de miles de empleados.

Las rebajas tributarias del despido

Junto con estas dos 'innovaciones', los grandes ERE, en los que, con independencia del color político, la autoridad laboral sigue bendiciendo la inclusión de los dos años de desempleo dentro de las condiciones económicas que se negocian en las mesas pese a que la baja voluntaria conlleva la pérdida del derecho a percibirlo, tienen algunas ventajas fiscales.

Una de ellas se encuentra en la contabilización de las indemnizaciones por los despidos como gastos de explotación, lo que permite aplicarlos como deducción en el Impuesto de Sociedades.

Quien las recibe está exento de tributar en el IRPF por la parte de ese dinero que no supere los 45 días por año trabajado después de que así lo estableciera el Supremo hace unos años.

¿Qué pasa con las llamadas prejubilaciones?

A esa circunstancia se le suma el tratamiento fiscal de las llamadas prejubilaciones, las cuales, sin serlo, ofrecen ventajas fiscales tanto para quien las paga como para quien las cobra.

En el primer caso, hace ya más de una década que bancos y grandes empresas dejaron de cargarlas al capital de la compañía para trasladarlas a la cuenta de explotación como gastos, lo que permite darles en el Impuesto de Sociedades el mismo tratamiento que tienen las indemnizaciones.

Paralelamente, las llamadas 'prejubilaciones' resultan ser en realidad indemnizaciones a tanto alzado, normalmente para los mayores de 55 años, cuyo pago se prorratea en mensualidades hasta la fecha de jubilación del trabajador, como si fueran una renta cuasivitalicia.

Sin embargo, y aunque las rentas tributan en el IRPF en función de su cuantía mientras que las indemnizaciones por despido quedan exentas en la cantidad que no supere los 45 días de salario bruto por año trabajado, esa fórmula permite aplicar los beneficios fiscales de una indemnización a algo que tiene apariencia de renta, aunque se trata de un pago fraccionado y diferido.

A esos 'trucos' con el desempleo, las cotizaciones y la tributación se les añade, si esos gastos hacen que el banco o la empresa cierren el año con 'números rojos', un cuarto: la posibilidad de acumular en el balance activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) que años más tarde sirven para rebajar la factura del Impuesto de Sociedades si esta sale a pagar.

Los cinco grandes bancos españoles acumulan más de 61.000 millones de euros en anotaciones de este tipo, según los últimos datos de Aebanca, la patronal del sector.

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