El ERE de Telefónica activa la alarma en pleno repunte de los despidos colectivos
La principal compañía tecnológica española lanza un plan de salidas voluntarias para reducir su plantilla en más de 5.000 trabajadores después de que los expedientes de extinción de contratos se hayan llevado por delante 25.000 empleos en todo el país en
Zaragoza-Actualizado a
"Es una buena noticia que las empresas hayan dado preferencia al ERTE sobre el ERE. Nos hemos dotado de medidas de protección del empleo y de las empresas; y de estabilidad", señala Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, que observa una especie de cambio 'cultural' en este ámbito del mercado laboral.
"El ERTE ha ayudado a mantener no solo el empleo sino también el tejido productivo, y el ERE va quedando más como una opción de cierre cuando la empresa no tiene viabilidad", anota.
ERE y ERTE son, ambos, expedientes de regulación de empleo. Los segundos, en los que se opta por suspensiones de contratos y reducciones de jornada durante periodos determinados (de ahí la 'T' de "temporal") para hacer frente a fases de deterioro del negocio en la empresa, que disfruta de bonificaciones en la Seguridad Social para facilitar su reflote, se incluyen formalmente en los primeros.
Sin embargo, los ERE han quedado identificados en el lenguaje coloquial con el despido colectivo, en el que se extinguen los contratos de los trabajadores y estos reciben una indemnización por despido de entre 20 días por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades, y lo que pueda pactarse en la mesa.
La evolución de los expedientes de regulación de empleo en los últimos meses ofrece tres líneas maestras: cae claramente el número de afectados y crece con nitidez el de los arrollados por despidos colectivos, pero los ERTE de suspensión de contratos y de reducción de jornada siguen protegiendo cuatro veces más empleo del que los primeros eliminan.
Y, en este escenario, anuncios como el del triple ERE de Telefónica, que al socaire de la automatización de procesos comienza a negociar con los sindicatos un expediente para recortar en tres años, y principalmente mediante salidas voluntarias e incentivadas, 5.124 de los 16.000 empleos de sus tres principales filiales en España (Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España) se reciben como un episodio singular, aunque sí parece que va a intensificar algunas tendencias de ese ámbito de las relaciones laborales.
Entre enero y septiembre, la suma de los expedientes tramitados por el Ministerio de Trabajo y por las direcciones generales del ramo en cada comunidad autónoma, que son las encargadas de supervisar más del 85% de las modificaciones o rescisiones de contratos, arrojan un balance de 128.425 contratos afectados, una cifra claramente inferior a la de 215.707 del año pasado.
Algo más del 80% de esos trabajadores, 103.401, se encontraban afectados por ERTE de suspensión de contratos (96.980) o de reducción de la jornada (6.421), mientras el número de damnificados por los ERE de extinción o despidos colectivos era de 25.024.
"La mayoría de esas 2.962 empresas ha optado por suspensiones de contratos y por reducciones de jornada. La opción mayoritaria en regulación de empleo están siendo los ERTE", señala Vicente.
No obstante, esas 25.024 víctimas de despidos colectivos suponen un incremento del 52% en relación con las 16.420 que se habían registrado en el mismo periodo de 2022 y que se concentra en los sectores de la construcción y de los servicios, con crecimientos de más del 50% en ambos casos.
ERE con acuerdos y ERE forzosos por todo el país
En cualquier caso, antes de que Telefónica presentara su ERE de extinción, que no se cierra a transformar en un plan de salidas individuales como los que puso en marcha en 2016, 2019 y 2021, otras empresas han ido optando por esa vía.
Entre ellas destaca la factoría de Ford en Almussafes (València), que acordó con los sindicatos un recorte de 1.144 empleos que principalmente se ejecutarán con prejubilaciones para mayores de 53 años.
No obstante, el grueso de los expedientes que se fueron tramitando en los primeros nueve meses del año afectan a grupos más reducidos de trabajadores, como los 112 y los 105 de Bayer y Sabic, cuyos acuerdos prevén primar las bajas voluntarias, o los 176 y los 100 de las factorías de Michelín en Lasarte y en Vitoria y de Stellantis en Vigo, con un planteamiento similar.
Aunque no todo son acuerdos: la empresa de telemarketing ICCS está ejecutando 328 despidos en sus centros de Málaga con indemnizaciones de 20 días y un máximo de 12 mensualidades tras cerrar sin acuerdo las consultas del ERE, y en Zaragoza Airtex tiene previsto dejar en la calle a 96 empleados, dos tercios de su plantilla, para deslocalizar la producción hacia Rumanía tras alegar una caída de la productividad que, paradójicamente, coincide en el tiempo con una mejora de los beneficios.
"Las empresas tienen alicientes para apostar por los ERTE"
"El caso de Telefónica es un caso aparte, lleva desde los 90 aplicando planes de salida pactados", señala Maricruz Vicente, quien descarta que se vaya a dar un repunte de los ERE de extinción de contratos.
"Después de la reforma laboral y la reforma del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que incluye la creación del Mecanismo RED para sectores en crisis, las empresas tienen muchos más alicientes para apostar por los ERTE que por los ERE, salvo que no tengan viabilidad", explica la sindicalista.
"Ahora el 87% de los trabajadores tienen contrato indefinido, y eso también influye en esa dirección al ser el ERTE una forma de no perder mano de obra formada y que aporta una mayor productividad", añade.
"Observando la evolución de los últimos meses, se aprecia una tendencia al alza en el volumen de procedimientos abiertos en materia de despido colectivo y en el número de trabajadores afectados", indicó a EFE el abogado laboralista Braulio Molina, quien destacó que "los cambios del modelo productivo y el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial" han presionado en esa dirección desde el verano.
El letrado apuntó que "las previsiones normativas y regulatorias" sobre una eventual revisión al alza de las indemnizaciones por despido como otra de las causas del incremento de los despidos colectivos.
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