La familia gitana que no era 'ocupa' y a la que Sareb tiene que indemnizar tras una denuncia falsa

Ni eran ocupas ni la casa era de la Sareb. Más bien al contrario, fue el llamado banco malo quien intentó quedarse con una propiedad ajena, actuando de forma "temeraria" y sin tomar las "mínimas medidas de precaución y celo profesional en el momento de identificar la finca", asegura el juez en su sentencia.

Un juzgado de Mérida ha condenado a la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como banco malo, a indemnizar a una familia gitana con 3.000 euros por "intromisión ilegítima en su derecho al honor" después de que esta les denunciara por un delito de usurpación que, en realidad, no era tal.

El caso se remonta a 2019, cuando José Molina Vargas y su madre, Ana Vargas Suarez, fueron citados a comparecer ante el juez tras la denuncia de la Sareb, que les acusaba de usurpar el terreno en el que la familia había construido su vivienda hacia ya una década.

"Por el hecho de ser gitanos han dado por hecho que no nos pertenece lo que es nuestro", dice uno de los hijos

Considera su abogado, Fernando Cumbres, que la etnia de sus clientes ha tenido mucho que ver en la forma con la que actuó la Sareb, "que hizo caso omiso de lo que aseguraba la familia durante meses", explica en conversación con Público. "Nos hemos sentido muy ofendidos. Simplemente por el hecho de ser gitanos han tomado por hecho que no nos pertenece lo que es nuestro", aseguraba Abraham Molina, otro de los hijos de Ana, a la televisión regional esta semana.

La casa en cuestión, de unos 500 metros cuadrados de planta, se levantó en 2009, cuando los dueños compraron los terrenos. Desde 2011 reside allí la madre, mientras que el hijo vive en Huelva, donde se dedica a la venta ambulante. No contaban con que la Sareb iba a embargar años más tarde unos terrenos colindantes procedentes de una promotora quebrada tras las crisis económica de 2008.

Cuando el banco malo tomó posesión del solar, en la barriada de San Agustín de la capital extremeña, inscribió en el catastro su nueva propiedad, y también el solar donde la familia Vargas había construido su casa.

"Mis clientes vivieron durante cinco meses con la enorme preocupación de quedarse sin casa, de que les expulsaran y de perder lo construido", explica el letrado, que recuerda que durante este contencioso era habitual el trasiego de empleados de la Sareb que acudían a la vivienda de los Vargas para tomar medidas y otros menesteres. Se personó incluso la abogada que representaba a la entidad, quien tampoco quiso atender a razones.

Puso a la venta la casa que no era suya

"Mi clienta es analfabeta, pero les explica que esa casa y el terreno donde se levanta son de su propiedad, que hay papeles que lo demuestran, pero no le hacen ningún caso y dan por hecho que son ocupas solo porque son gitanos y lo presuponen", apunta el abogado Cumbres.

El abogado, previamente al juicio, intentó que se retiraran los cargos presentando al juzgado la escritura de compra-venta y notas simples de propiedad, los contratos de agua y luz, el permiso de construcción de obra nueva, un informe de la Dirección General de Urbanismo del Ayuntamiento de Mérida y el padrón municipal. A pesar de todo esto, la Sareb llegó a poner a la venta el terreno en la casa en un portal inmobiliario por valor de 916.000 euros.

Incomprensiblemente, el juicio siguió adelante; la familia fue absuelta del delito de usurpación y la Sareb, condenada a abonar las costas procesales. Nadie recurrió esa sentencia, aunque la familia decidió llevar a la Sareb a los tribunales por vulnerar su derecho al honor. Pero hasta el juez tuvo que declarar a la Sareb en "rebeldía procesal", ya que no respondió a los requerimientos hasta la celebración del nuevo juicio, en el que fue condenada.

En su denuncia inicial, la Sareb aducía de manera "falsaria", según el juez, que la familia había accedido ilegalmente a la propiedad, que siempre estuvo vacía y tapiada, como la Sareb había comprobado. También sin aportar ninguna prueba, añadía que la casa era en realidad una infravivienda al "carecer de requisitos mínimos de habitabilidad", y que los moradores "defraudaban el suministro" eléctrico, de agua e, incluso, del gas.

"Todo era mentira, y la abogada lo debía de saber perfectamente porque estuvo allí y pudo comprobarlo, según denunció ella misma", recuerda el abogado. Para el juez, la imputación de estos "hechos y expresiones lesionan la dignidad de los demandantes al atentar contra su propia estimación" y constituyen una "vejación" por ser "innecesarias a los efectos de denunciar el simple hecho de la ocupación".

Abogado y familia están satisfechos con la condena, aunque no con la indemnización, ya que había solicitado 12.000 euros. "Insisto en que mi defendida es analfabeta y, por tanto, un estrato de la población más indefensa. Esta condena es un aviso a navegantes, a entidades de crédito y financieras a la hora de intentar abusar de los más débiles", concluye el letrado.