El Gobierno ha aprobado un decreto ley para el sector del transporte en la que transpone los principios inspiradores de la llamada Ley de la Cadena Alimentaria a las relaciones que existen entre los transportistas y sus clientes, con el objetivo de evitar que los primeros trabajen a pérdidas, y asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad de su trabajo.

El texto, que entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados, cuenta según el Gobierno con la conformidad del Comité Nacional del Transporte de Mercancías (CNTC), nace con el objetivo de proteger a los transportistas efectivos más vulnerables en la negociación del precio del transporte.

Con la aprobación del proyecto ley, el Gobierno cumple el compromiso que adquirió durante el pasado mes de marzo con el sector para garantizar la su sostenibilidad en un contexto marcado por el encarecimiento de los carburantes provocado por la invasión rusa de Ucrania.

La norma recoge la obligatoriedad de que los contratos firmados con el transportista efectivo se hagan por escrito y reflejen el precio, que siempre deberá ser igual o superior a los costes asumidos por el transportista.

En cuanto a la subcontratación, una de las principales reivindicaciones del sector, el Gobierno se ha comprometido a presentar un proyecto de ley específico sobre este punto, además de establecer un código de buenas prácticas para todos los niveles de la cadena de transporte.

El Gobierno establecerá una serie de sanciones para las compañías que incumplan la nueva legislación que incluirá multas de hasta 4.000 euros.

Por otro lado, también se ha aprobado un nuevo paquete de ayudas directas, igual que el aprobado en marzo, para lo cual se ha establecido un crédito extraordinario de 450 millones de euros.

Asimismo, el Ejecutivo ha vuelto a aprobar otro paquete de ayudas directas, mediante un préstamo extraordinario de 450 millones de euros, que se traducirán en 1.250 euros por camión, 950 por autocar, 500 euros por furgoneta, 300 por taxi, VTC y ambulancia y 400 a los autobuses urbanos.

En este sentido, se mantiene la cuantía que percibirán las empresas de transporte de mercancías y de viajeros en función del tipo de vehículo, y se incluyen como nuevos beneficiarios los camiones de mudanzas, los autobuses urbanos y los taxis de Ceuta y Melilla.

Así, el Gobierno abonará 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta o ambulancia, y 300 euros por vehículo ligero (taxis y VTC). 

Por otra parte, en el ámbito marítimo, el Gobierno ha autorizado una disposición para considerar a los ucranianos como equivalentes a ciudadanos europeos y ha autorizado a las navieras españolas a contratar servicios de seguridad privada a empresas extranjeras para su protección ante casos de piratería.