La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aplazó hasta 2024 o incluso 2025 la posibilidad de poder presentar a la Comisión Europea una senda de corrección del déficit dentro del límite del 3% del PIB, umbral sobre el cual las normas fiscales europeas contemplan una especial vigilancia a través de un procedimiento de déficit excesivo.

Así, explicó ante el Pleno del Congreso que por mucho que el déficit público para este año caiga del 11% al 8,4%, y que en 2022 se sitúe en el 5%, para 2024 la tasa de referencia que contempla el Gobierno seguirá por encima del 3%, concretamente dos décimas. "Será por ese entorno, en el 2024, si es posible aproximándose más al 2025, cuando estaremos en condiciones de presentar ya una senda que retoma ese compromiso con la consolidación fiscal, cara a las autoridades europeas", dijo.

Así lo puso de manifiesto durante su intervención en la Cámara Baja para defender la situación de extraordinaria de necesidad, a raíz de la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias económicas y sociales, que justifica la suspensión de las reglas fiscales. La paralización de estas reglas permite a las administraciones públicas incurrir en déficit estructural y no estar sujetas a objetivos fiscales.

La medida, que sigue la recomendación de la Comisión Europea de activar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, libera a los Estados miembro de la obligación de cumplir con los objetivos de déficit y permite un mayor gasto público con el que hacer frente a la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias económicas.

El Congreso aprobó la suspensión de las reglas fiscales para 2022, lo que permite el arranque de la negociación para los Presupuestos del año próximo, que contarán con un techo de gasto histórico de 196.142 millones de euros. El resultado de la votación fue de 198 votos a favor, 54 votos en contra y 97 abstenciones.

La titular de Hacienda subrayó que, con vistas a la tramitación de las próximas cuentas públicas, mantiene "abiertas todas las líneas de comunicación para sumar todos los acuerdos posibles", instando al resto de formaciones de la Cámara a apoyar los próximos Presupuestos.

Sobre el techo de gasto, del que se informa al Congreso sin que tenga que dar su aprobación, Montero destacó que 26.355 millones provendrán de los fondos europeos para la recuperación, lo que permitirá consolidar el crecimiento y la creación de empleo, blindar el Estado del bienestar y construir un país más justo. También recordó que el límite de gasto del Estado incorpora una transferencia de 18.396 millones para el sistema de la Seguridad Social, el 32,1 % más que en 2021.

En el debate, la portavoz popular Elvira Rodríguez justificó la abstención de su grupo ante una petición cargada de "complacencia, espejismo e irresponsabilidad" que sigue sin estar acompañada del preceptivo plan de reequilibrio de las cuentas públicas.

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se mostró contrario a que se vuelva a entregar "un cheque en blanco" a la "peor persona" para gestionarlo, en referencia al presidente Pedro Sánchez, y a un Gobierno que "ha perdido el temor al déficit".

La portavoz de Ciudadanos, María Muñoz, dijo que su partido votó a favor por responsabilidad, pero ha mostrado su preocupación por la falta de una estrategia fiscal a medio plazo y porque el Gobierno ha perdido la credibilidad en la gestión del dinero público, al rescatar por ejemplo a la aerolínea Plus Ultra.

El portavoz de Unidas Podemos, Txema Guijarro, llevó el debate al terreno europeo, porque cree que España se juega su futuro en el diseño de unas nuevas reglas fiscales que permitan verdaderas políticas de estabilización cuando se repita una crisis económica global.

La portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, reclamó además una reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que futuras crisis económicas intenten resolverse de nuevo por la vía de la austeridad, como ya se hizo con la crisis financiera.

PNV, EH Bildu, JxCAT o BNG sacaron además a relucir la necesidad de dar más autonomía a los ayuntamientos y mayor margen fiscal a la comunidades autónomas para lidiar con la crisis.