El comité de huelga de los vigilantes de seguridad del Aeropuerto de El Prat renuncia a proponer un mediador en el laudo forzoso impuesto por el Consejo de Ministros este miércoles, que ha dado 24 horas a los trabajadores y al Grupo Eulen para designarlo antes de escoger uno.

Los representantes de los trabajadores de Eulen no ven sentido a participar en este proceso "cuando creemos que el laudo es ilegal y lo vamos a denunciar ante los tribunales", explica el asesor del comité, Juan Carlos Giménez. 

"Al final va a ser el Gobierno el que pondrá a su árbitro. Será así sí o sí porque tampoco hay tiempo para que las partes se pongan de acuerdo. No vamos a proponer a nadie", ha subrayado Giménez.

El Gobierno ha notificado a las 11.00 horas de hoy el laudo forzoso -todo laudo es de obligado cumplimiento- para solucionar la huelga indefinida de los vigilantes que trabajan en los controles de acceso de los pasajeros al Aeropuerto de El Prat, así como de los equipajes de mano y de las tarjetas de embarque.

La decisión, adoptada por el Gobierno al tercer día de huelga, implica que el Ministerio de Fomento asignará a una persona si en 24 horas la empresa y los trabajadores no acuerdan un mediador.

Fomento  someterá el mediador que baraja, con carácter previo, a las partes para que formulen cuantas alegaciones estimen oportunas en relación con su imparcialidad.

Se da la circunstancia de que el Ministerio de Fomento es parte en este conflicto porque AENA depende de este organismo. AENA es la empresa de mayoría pública responsable de los aeropuertos españoles y que subcontrata el servicio de vigilancia después de que la Guardia Civil dejara de hacerlo en el año 2010.

El árbitro dictará su decisión en el plazo de diez días a contar desde la fecha de su designación.

Al mismo tiempo, el asesor del comité de huelga ha asegurado que, desde que la Guardia Civil ha incrementado su presencia en los controles del aeropuerto, "la seguridad ha bajado".

Según Giménez, "se está primando que no haya colas en los controles de seguridad y eso supone que los pasajeros pasan muy rápido", con lo que, a su juicio, no se realiza un control adecuado.

Por su parte, el sindicato CCOO ha rechazado el laudo forzoso porque "atenta contra el derecho de huelga y de negociación colectiva".

En un comunicado, el sindicato anuncia que "estudiará jurídicamente las medidas hoy decretadas para actuar en consecuencia, pues entendemos que están en cuestión derechos fundamentales".

Según CCOO, esta medida, junto con "la determinación de unos servicios mínimos claramente abusivos y la utilización de efectivos de la Guardia Civil, supone una conculcación de derechos fundamentales".

Precarización del empleo

En opinión de CCOO, el conflicto, que se pretende resolver con medidas autoritarias, es consecuencia de "la precarización del empleo externalizado y de los efectos perversos de la reforma laboral".

Para la organización, el problema de fondo en este conflicto es la utilización de la subcontratación de actividades como fórmula de precarización de las condiciones de trabajo y denuncia que "las Administraciones Públicas se han puesto a la cabeza de esa dinámica".

CCOO ha vuelto a hacer un llamamiento a "abordar de forma integral" la precarización del empleo y los salarios en el sector de la seguridad y en otros, así como "a revertir los procesos de externalización de actividades que el propio Gobierno (ahora) considera de interés general para justificar sus servicios mínimos o la intervención de la propia Guardia Civil".