El juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid retomará el próximo 20 de octubre el juicio por la demanda del banquero italiano y actual consejero delegado de Unicredit, Andrea Orcel, contra el Banco Santander, al que ahora pide cerca de 77 millones de euros por su fichaje frustrado.

Orcel acusa al Santander de incumplir un contrato que la entidad que preside Ana Botín, sin embargo, no reconoce al estar condicionado a varios requisitos que, posteriormente, no se cumplieron; además, asegura que el banquero grabó sin consentimiento conversaciones privadas.

Ya hace más de dos años que el banquero italiano, entonces el principal banquero de inversión del banco suizo UBS, demandó a Banco Santander por dar marcha atrás en su nombramiento como consejero delegado de la entidad, tras una disputa sobre su paquete salarial.

El juicio se ha visto suspendido en varias ocasiones. Tras no haber llegado a ningún acuerdo las partes durante la vista previa, se fijó el 10 de marzo como fecha de inicio del juicio, pero debido a un contacto estrecho con un positivo en coronavirus por parte del juez, se aplazó al 19 de mayo.

La vista volvió a suspenderse entonces después de que el abogado de Orcel pidiera que testificasen el presidente de UBS, Axel Weber, y Mark Shelton, jefe de remuneración del mayor banco de Suiza. Aunque el juez se interesó por que ambos comparecieran en persona al estar habituados a "viajar mucho", finalmente lo harán por videoconferencia desde Suiza.

También están citados a declarar como testigos el exdirector de Recursos Humanos del Santander, Roberto di Bernardini, y el secretario general y del consejo del banco español, Jaime Pérez Renovales. Ambos comparecerán en persona.

Pide menos indemnización

En un primer momento, Orcel solicitaba 112 millones de euros de indemnización. Sin embargo, al ser fichado como consejero delegado de UniCredit, Orcel rebajó la indemnización que reclama al Santander a unos 77 millones, y renunció a la principal pretensión de su demanda, ser nombrado "número dos" de la entidad española.

De esta nueva cuantía, 17 millones corresponderían a la prima de incorporación; 30 millones, al paquete pendiente de recibir de UBS; unos 20 millones en concepto de las dos anualidades que habría percibido como consejero delegado del Santander; y 10 millones, por daños reputacionales.

El caso trata de determinar si una carta de cuatro páginas dirigida a Orcel constituía un contrato vinculante o una oferta inicial no vinculante.

En la primera sesión del juicio, Ana Botín, que compareció como testigo, reiteró que nunca hubo un contrato, sino "una carta-oferta que nos obligaba a muchas cosas, pero no un contrato". Botín se remitió al consejo de administración y a la junta de accionistas de la entidad, ninguno de los cuales dio su visto bueno al fichaje del italiano. "No es posible firmar un contrato si no lo aprueba la junta de accionistas", incidió en la vista.