Casi quinientos millones de personas en el mundo se han visto afectadas en 2021 por la censura en Internet

La represión surgida en Myanmar después del golpe de Estado desde la cúpula de su Ejército hace ahora casi un año -ocurrió en febrero de 2021-, semanas antes de la proclamación oficial de la Covid-19 como pandemia global, también afectó a la libertad de expresión y manifestación digital. Fue el enclave más perjudicado en su economía por la proliferación de actos de censura, de apagones informativos y de desconexión tecnológica de la Red. Prácticas que se suceden sin casi el menor atisbo de denuncia internacional y que la multinacional de seguridad tecnológica Top10VPN, en su informe anual sobre 2021, calcula que ha provocado pérdidas económicas por valor de 5.500 millones de dólares. La estimación del estudio habla de una fuga económica de 2.800 millones de dólares del país asiático.

Al que le sigue Nigeria, el segundo en este baremo, con 1.500 millones de dólares, después de que desde junio se bloqueara el acceso a Twitter; un 36% más que en su informe del año anterior porque, a juicio de sus expertos, el acceso a redes sociales es casi una odisea en el segundo PIB de mayor dimensión del África Subsahariana para más de 104 de sus 206 millones de habitantes. El tercer país más damnificado por las acciones oficiales contra Internet fue India, economía a la que se le calcula una factura de algo más de medio millón de dólares por los 1.157 altercados a los que se les aplica la condición de censura y que afectaron a 59,1 millones de residentes en la segunda nación más poblada del planeta.

Top10VPN cifra en 486 millones de personas las que se vieron afectadas directamente por este tipo de prohibiciones e intentos de control de información y de acceso a la Red. Un alza del 81% respecto a los 268 millones del año del inicio de la Gran Pandemia. "Desde anuncios comerciales hasta la canalización de ventas a los consumidores, las plataformas mediáticas son un vehículo esencial para el desarrollo empresarial y para el impulso de los negocios, tanto nacionales como internacionales del sector privado, que ven cada vez más limitadas sus herramientas offline o convencionales", explica Samuel Woodharms, uno de los autores del estudio. En su opinión, los daños económicos por las restricciones no pueden compararse con los humanos. Porque en el comienzo de 2022, ya se han detectado importantes bloqueos informativos y de acceso a la Red en países como Sudán o como Kazajistán, dos de los focos de actualidad por revueltas sociales o políticas, donde se suele imponer de forma drástica la censura telemática. Es un fenómeno que "está lejos de remitir o de ser un vestigio del pasado", alerta Woodhams.

Los datos que arroja el estudio son elocuentes. Junto a Simon Migliano, el otro investigador del mismo, ponen negro sobre blanco cifras sumamente preocupantes. Los 50 mayores apagones de Internet tuvieron lugar en 21 países y se registraron 30.179 horas de disrupciones en el flujo de conexión a Internet achacables a gobiernos: 16.574 de bloqueos, otras 840 de interrupción o estrangulamiento de las conexiones y 12.766 más de imposición de silencios informativos en medios de comunicación. Twitter fue la red social favorita de estos boicots, con 12.379 horas de interrupción de sus servicios, más de un 60% por encima de Facebook.

Pero las cloacas de los gobiernos también dejan un rastro tenebroso en el orden social. En el de la lucha contra las desigualdades y los abusos de los derechos humanos. Porque el 75% de estas actuaciones están dirigidas a organizaciones altruistas que velan por las libertades. Un aumento del 80% respecto a 2020. Aunque no son las únicas. Un 69% de las restricciones son contra el libre ejercicio de reunión, un 29% contra movimientos que las autoridades que los ponen en liza consideran que interfieren en procesos electorales y otro 29% porque -denuncian- infringen la libertad de prensa. El dato asociado desde 2019 eleva el coste a la economía global hasta 17.500 millones de dólares.

El 75% del intervencionismo estatal está dirigido a organizaciones que velan por las libertades

Por regiones, Asia es la más asolada por estas prácticas dañinas, con 3.420 millones de pérdidas, 13.458 horas de bloqueos y disrupciones y más de 292 millones de personas afectadas. Le siguen países del África Subsahariana (1.930 millones); del Norte africano y Oriente Próximo (56,1) y de Norteamérica (33,1) y Europa, con 9,2 millones. Sudamérica, con 6,1 millones, sólo 24 horas de incidencias de censura registradas y 1,8 millones de sus habitantes afectados, es la latitud con unos menores índices de agresividad contra Internet. Por acontecimientos, los nueve golpes de Estado militares ocasionaron 2.780 millones de dólares de pérdidas y casi 10.000 horas de vetos y bloqueos; en concreto, 9.798. El control de la información fue la causante de un coste de 1.520 millones, concentrados en seis actuaciones, por una duración de 5.195 horas. Le siguen órdenes vinculadas a la represión política, a conflictos violentos, protestas y elecciones. Con una menor incidencia en redes de WhatsApp, Instagram y YouTube que en sus rivales, Facebook y, sobre todo, en Twitter.

Endurecimiento regulatorio en el mundo industrializado

Pero si las acciones directas de censura y bloqueo se localizan en las naciones de rentas medias y bajas, las economías industrializadas no quedan al margen de los intentos de control del acceso a Internet. De forma más sutil, aunque lejos de actuar entre bambalinas, porque las denuncias se suceden por doquier, EEUU y otros 23 países han aprovechado 2021 y sus restricciones para contener la Covid-19 para endurecer sus normativas online. Según Freedom House, en su informe anual, y de forma más específica, con objeto de supervisar contenidos telemáticos que han posibilitado que el grado de libertad de elabora este think-tank sea el más bajo de los últimos once años. Fenómeno que sus poderes legislativos atribuyen al extremismo populista, al fraude y a la actividad criminal en la Red. El centro de investigación, con sede en Washington y que defiende como objetivo fundacional la defensa de la democracia, certifica cambios legales vinculados a la Red en 48 países, bien sobre contenidos de compañías tecnológicas, datos o que tengan relación con reglas sobre libre competencia. Si bien, de forma precisa, selecciona 24 en los que se han producido modificaciones sobre tratamiento de contenidos en Internet. Entre las que sobresalen requerimientos para suprimir mensajes ilegales, para inculcar más transparencia o, supuestamente, para combatir la censura periodística.

Freedom House detecta mayores índices de actividad delictiva en la Red, además de contenidos extremistas vinculados especialmente al populismo de derechas y excluyente y prácticas dañinas en el terreno empresarial y de los negocios. Incluso llega a avisar de que "hubo demasiado pocas excepciones positivas que explicaran la conveniencia de modificar las normas en uso". "Mientras sólo unas escasas de las nuevas medidas legislativas emprendidas en 2021 han logrado que las cuentas de resultados de las bigtechs sean más transparentes, la mayoría han sido imposiciones de estados e, incluso, responsabilidades sobre estas compañías sin que exijan previamente unos refuerzos de las garantías y derechos de los usuarios", dice el informe.

El pasado año -reflejan en Freedom House- India presionó a Twitter para que retirara mensajes y comentarios sobre protestas sociales con contenidos críticos hacia el partido gubernamental de nacionalista Narendra Modi. Y en Nigeria -otro de los países con mayor intensidad de censura, como denuncia el diagnóstico de Top10VPN- llegó a bloquear el acceso a esta red social, después de que le ordenara suprimir tweets contra el presidente nigeriano. O la norma del gobernador republicano de Texas por la que prohíbe, desde septiembre pasado, a Facebook o Twitter toda censura a las políticas conservadoras. Por ejemplo, moderando mensajes de contenido exaltado. Un proyecto personal de Greg Abbott, que logró ser contenido en su periplo legislativo estatal a comienzos de año, pero que ha sido finalmente promulgada.

Texas es el segundo estado en aprobar un proyecto de ley destinado a permitir la diseminación de, por ejemplo, discursos supremacistas, de ideología neofascista, de propaganda terrorista o de desinformación diplomática o sanitaria, algo que la propia Fiscalía de Texas considera en su recurso a la norma una "decisión anticonstitucional". En mayo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya rubricó una medida similar que, sin embargo, fue bloqueada por un juzgado del Tribunal de Distrito de Florida al mes siguiente por entender que la nueva ley estaba "totalmente en desacuerdo con los principios constitucionales aceptados".

"Los gobiernos han elevado su autoridad sobre las plataformas tecnológicas, lo que supone un incremento del intervencionismo estatal, con el consiguiente coste sobre la libertad de expresión", denuncia Freedom House

"Los gobiernos han elevado su autoridad sobre las plataformas tecnológicas, lo que supone un incremento del intervencionismo estatal y la obligatoriedad, en la mayor parte de los casos, de remover mensajes, con el consiguiente coste sobre la libertad de expresión, la privacidad y la transparencia pública", afirma Michael J. Abramowitz, presidente de Freedom House en el texto del preámbulo del informe. A su juicio, "los derechos de los usuarios de Internet están siendo masivamente violados". Porque "en vez de usar la regulación para contener el inmenso poder de las compañías tecnológicas, las autoridades gubernamentales y legislativas han aprovechado estas circunstancias y la proliferación de fake news para imponer criterios represivos" en la Red.

Numerosos gobiernos arrestaron a usuarios de Internet por violencia política, social o religiosa. Más que en años precedentes. Y suspendieron, de forma oficial, el acceso a la Red en, al menos, una veintena de países, mientras otros 21 bloquearon plataformas sociales concretas. Nada menos que 45 de las naciones analizadas fueron declaradas por los expertos de Freedom House sospechosas de obtener y extraer datos personales de redes tecnológicas privadas mediante sofisticados cauces digitales, con altas probabilidades de haber sorteado cualquier legalidad, explican el informe.