El número de milmillonarios en España crece más de un 15% con la pandemia, hasta los 9.200

"Quien está contento con su parte es rico", sostenía el oriental Lao Tse doscientos años antes de que el griego Aristóteles concluyera que "la riqueza consiste más en el disfrute que en la posesión".

Esos dos aforismos, puestos en relación con los datos de la Estadística de los Declarantes del Impuesto de Patrimonio que este lunes ha difundido la Agencia Tributaria, y con la serie previa, apuntan a que 25 siglos después ha cundido entre los potentados españoles una epidemia de insatisfacción que les está llevando a desplegar los mayores niveles de acumulación de bienes materiales de la historia del país.

La concentración de la riqueza alcanzó registros desconocidos en España coincidiendo con la pandemia de la covid-19, una tendencia que paradójicamente coincide en el tiempo con el mayor pinchazo de la actividad económica en el país desde la sublevación militar de 1936 y que llevó a los formalmente considerados como ricos, que serían los declarantes del Impuesto de Patrimonio, a acumular fortunas por un valor equivalente al 70% del PIB al cierre de 2021: 849.213 millones de euros por 1,206 billones.

Ese proceso coincidió con un aumento del número oficial de ricos del país, cuya nómina se vio incrementada en 19.083 miembros entre 2019 y 2021, un crecimiento del 8,98% que ofrece alguna pista sobre la intensidad de esa concentración de la riqueza, ya que el de sus patrimonios fue en ese mismo periodo del 16,25%, casi el doble, al pasar de 730.479 millones de euros a 849.213.

"Lo que nos demuestran estos datos es que se está produciendo una intensificación en la concentración de riqueza en España", señala Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de la oenegé Oxfam-Intermón, quien llama la atención sobre cómo esa tendencia "se acelera en un contexto de pandemia. Y probablemente también como resultado de la crisis de coste de vida en 2022, veríamos una tendencia similar".

Crecen los milmillonarios, ultrarricos o superricos

Esos llamados superricos o milmillonarios son quienes poseen patrimonios superiores a los seis millones de euros, el equivalente a los 1.000 millones de las antiguas pesetas.

Entre 2019 y 2021, el número de estos pasó de 7.900 a 9.199, con un aumento del 16,4% que supera con claridad, en más de siete puntos y medio, el del total de los declarantes del Impuesto de Patrimonio.

En ese mismo periodo, las fortunas sujetas a declaración de los miembros de este segundo grupo se vieron incrementadas en 23.830 millones de euros para situarse en 153.626, de nuevo con un incremento de los patrimonios mayor (18,37%, dos puntos más) que el del número de beneficiarios, lo que indica que también dentro del colectivo de los más pudientes hay vectores de desigualdad, como ocurre con las rentas.

"Los ultrarricos españoles se han recuperado con gran rapidez de los efectos de una crisis como la pandemia", anota Ruiz, que recuerda cómo "según los cálculos de Oxfam, en 2008 el 1% con mayor riqueza concentraba el 15,3% de la riqueza neta total, pero en 2021 ya representaba un 23,1%, aproximadamente 1 de cada 4 euros".

Que en ese mismo periodo el PIB (el indicador que, pese a sus desveladas carencias, sigue siendo oficialmente tenido como la herramienta más fiable para medir la actividad económica) mantuviera una merma del 3,1% apunta, cuando menos aparentemente, a la existencia de cierta desconexión entre la marcha de la producción y el comercio, por un lado, y el trasiego de los excedentes dinerarios que generan, por otro.

Una presión fiscal real del 0,149%

Y que ocurriera mientras el Estado se veía obligado a desplegar una movilización de recursos sin precedentes para sostener el tejido productivo y las rentas de los hogares a través de los ERTE y el resto de las baterías de medidas del escudo social no parece señalar en otra dirección.

Esa selecta minoría de 231.367 ciudadanos, que por dos centésimas no alcanza al 0,5% de los 47,38 millones de residentes en España que el INE (Instituto Nacional de Estadística) contabilizaba en 2021, la componen quienes poseen patrimonios superiores a los 108.200 o los 250.000 euros, según la comunidad en la que residan, que son los que están obligados a presentar la declaración, aunque ninguno de ellos debe tributar si su fortuna no alcanza los 700.000 euros, aunque con excepciones como los 400.000 en Aragón por abajo.

La presión fiscal que soportan es más bien reducida: del 0,159%, ya que acabaron pagando únicamente 1.352 millones de euros cuando los bienes sujetos a declaración sumaban 849.213.

Esa tasa de presión fiscal resulta, según los datos de la propia Agencia Tributaria, 83 veces inferior a la que en ese mismo 2021 soportaron las rentas de los hogares a través del IRPF, que fue del 13,2%.

Y acabó siendo hasta 96 y 66 veces más reducida que las del 15,3% y el 10,6% en las que se situaron en ese mismo ejercicio los tipos efectivos aplicados al consumo a través del IVA y los Impuestos Especiales; y, también, entre 134 y 59 veces más reducida que las del 21,4% y el 10,6% sobre la base imponible y sobre los beneficios contables de las empresas que arrojó el Impuesto de Sociedades.

Eso responde a varios motivos, entre los que destacan el elevado abanico de exenciones, que deja fuera de la tributación el 46% del patrimonio, valorado en 390.168 millones de euros, los bajos tipos impositivos y las bonificaciones autonómicas, que alcanzan el 100% de la cuota que teóricamente saldría a pagar en Andalucía (desde este año) y Madrid y el 50% en Galicia, según recoge el Panorama de Fiscalidad Autonómica que elabora el Consejo General de Economistas (CGE).

Las bonificaciones autonómicas se comen casi la mitad de la recaudación

Este informe recuerda que "ningún contribuyente de este territorio tiene que pagar el impuesto", a lo que se añade una disfunción censal como el hecho de que en Madrid estén exentos de presentar la autoliquidación los contribuyentes cuyos bienes y derechos tengan un valor inferior a dos millones de euros.

Las bonificaciones autonómicas se llevan por delante casi la mitad de la recaudación, un total de 1.226 millones de euros, con casi el 99% de esa cantidad concentrado en Madrid (1.212).

La magnitud del beneficio fiscal que esa comunidad aplica a sus vecinos más pudientes contrasta con la visceralidad de la posición que su Gobierno autonómico suele mantener en el debate de la financiación autonómica.

"Esta superintensificación en la concentración de riqueza pone también en evidencia la necesidad de reforzar el Impuesto de Patrimonio en todo el conjunto del Estado, sin diferencias territoriales", argumenta la responsable de Justicia Fiscal de Oxfam, quien reclama "reforzarlo para que en el futuro las medidas temporales que se han tomado se conviertan en permanentes, además de revisar otras lagunas que podrían permitir mejorar su diseño".

"Mientras la riqueza en España siga concentrándose en manos de unos pocos, medidas como un impuesto al patrimonio amplio son mecanismos redistributivos y de equidad", anota la economista, que llama la atención acerca de cómo "la evolución de la desigualdad en la concentración de la riqueza en España es un fenómeno que se ha producido especialmente en el último año, al tiempo que los salarios pierden peso y capacidad de poder adquisitivo".

Los datos sobre la estructura de esas fortunas guarda, por otro lado, paralelismos con la creciente financiarización de la economía española: el grueso de los 118.734 millones de aumento de los bienes sujetos a declaración de Patrimonio entre 2019 y 2021 se concentraron en instrumentos de capital (95.634 millones de euros), un volumen de dinero siete veces superior al que fue a parar al ladrillo (15.886) y que multiplica por más de 650 el anotado en bienes "afectos a actividades económicas" (143).