María y Antonio, aunque no saben por cuánto tiempo, pueden respirar algo tranquilos. El séptimo intento de desahucio que se cernía sobre su vivienda de Alcalá de Henares se ha frenado en los tribunales. Este matrimonio de 78 y 82 años quiso avalar hace años a su hijo en un préstamo que pidieron a un particular. Después de firmar, se dieron cuenta de que habían sido engañados: la cifra de dinero doblaba a la que ellos habían pedido, pasando de 45.000 a 90.000 euros, y además eran los titulares del préstamo, no los avalistas.

Este lunes, un día antes del alzamiento de su vivienda programado para el martes 13 de febrero, el prestamista se enfrentaba a un juicio por usura. Apenas 24 horas antes del desahucio, la noticia ha inundado de alegría la casa en la que María y Antonio podrán seguir viviendo. "El juicio ha quedado visto para sentencia y, con toda previsibilidad, el desalojo, si se produce, no se llevará a cabo hasta que haya dictamen", explica el abogado de la familia.

La historia de María y Antonio se remonta más de una década atrás, cuando el prestamista les engañó, según denuncian. Tras no poder hacer frente al alto interés suscrito, este prestamista empezó a intentar cobrarse lo adeudado con las pocas posesiones del octogenario matrimonio. De esta forma, en su poder está una vivienda que heredó María en un pueblo de Cáceres. "Y ahora quieren ir a por la segunda, donde llevan viviendo más de 50 años", confirma Nani Martínez, portavoz del Centro Social 13 Rosas.

Este Centro Social es el que está dando apoyo a los afectados, como antes hiciera la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Corredor del Henares. "Todo comenzó cuando uno de sus hijos quería reunificar las deudas que tenía. Ningún banco se lo aceptaba y acudieron a un prestamista. Como siempre, todo era perfecto y con unas condiciones fantásticas, así que aceptaron", comenta con ironía Martínez. Poco después llegó la sorpresa: vieron que la cantidad prestada no eran 45.000 euros, sino 90.000, y que ellos dos figuraban como titulares, no como avalistas, en lugar de su hijo. "En 2019, el juzgado que lleva el caso embargó una vivienda familiar que María había heredado", reitera la activista.

Sin una vivienda a la que ir

Para Antonio, su mayor ilusión sería poderse quedar en la casa que siempre ha habitado, poder envejecer en ella junto a María. "Nosotros lo tenemos muy claro, de nuestra casa no nos iremos tan fácilmente. Y si al salir nos pasa algo a ella o a mí, ya habrá alguien que se encargue de denunciar al juez o a quien haya que denunciar", expresa el afectado. La seriedad de sus palabras también tiene eco en los actos: ninguna de sus pertenencias estaba empaquetada apenas horas antes de llevarse a cabo el alzamiento que, ahora, ha quedado suspendido.

En realidad, pocas personas se esperaban que este nuevo intento de desahucio se pudiera parar. "Días antes, las secretarias judiciales se pasaron varias veces por la vivienda para decirles que esta vez sí que se tendrán que ir, que ya es hora, según sus palabras literales", añade la integrante del Centro Social 13 Rosas de Alcalá de Henares.

La situación se tornaba frágil y desesperada, pues el matrimonio no tiene ningún lugar al que ir. Sin alternativa habitacional, se veían en la calle, ancianos, y María con diversas enfermedades que lastran su movilidad física pero que también han afectado a su salud mental, ya que sufre ansiedad a raíz de este proceso.

"Cada vez que se acerca la fecha es una tortura para nosotros. No se dan cuenta de que no podemos ir a ningún sitio si nos echan de aquí. Llevamos años sin poder dormir con tranquilidad", relata el propio Antonio desde el salón de su casa. Los dos se sienten estafados y tildan al prestamista de "sinvergüenza". Y añade Antonio: "Si el juez tuviera algo de conciencia, ya le habría condenado por habernos engañado de esta forma".

Por su parte, el letrado de la familia se muestra contento ante este último movimiento: "El juicio por usura contra el prestamista ha quedado visto para sentencia mientras que, a la par, el juzgado responsable de la ejecución hipotecaria ha admitido un recurso que la paraliza". No saben con seguridad cuánto tiempo de respiro les da, pero sí que es una buena noticia. Tal y como expresa el abogado, "una sentencia favorable podría anular el préstamo que firmaron y, como consecuencia, el proceso de ejecución hipotecaria".

Toda una vida de trabajo y sacrificio

El matrimonio se estableció en Alcalá de Henares en 1973, después de que ambos se trasladaran a Francia para trabajar y así poder pagar este humilde piso. "Nos hemos dejado el cuerpo trabajando para conseguir esta casa, donde hemos vivido y criado a nuestros hijos, y ahora nos la quieren quitar. ¿No tienen bastante ya con la casa que nos han embargado?", se pregunta un Antonio bastante afligido. En Francia, Antonio se deslomaba en una fábrica de plásticos y con lo que ganó pudo pagar su actual vivienda. Ya en la ciudad complutense, siempre ha estado empleado en una fábrica de fibras minerales.

De esta manera, la presión social que en su día ejerció la PAH Corredor del Henares y ahora ejerce el Centro Social 13 Rosas, junto con el abogado de la familia desde los tribunales, han conseguido que María y Antonio puedan respirar con algo más de tranquilidad. "Nosotras hacemos todo lo que podemos: les asesoramos, acompañamos y trabajamos junto con los letrados en los recursos, e intentamos dar cobertura psicológica", puntualiza Martínez.

El notario, también citado

No ha sido fácil parar el alzamiento de esta vivienda. El proceso judicial iniciado por los dos vecinos de Alcalá de Henares ha desembocado en un juicio contra el prestamista por un posible delito de usura. "Ha sido una labor muy larga que justo ha coincidido en el tiempo con este aviso de desahucio", añade la activista. De todas formas, para esta vista preliminar también ha estado citado el notario que dio fe de dicho préstamo.

Esta citación, de hecho, no es baladí, pues María y Antonio deberían haber sabido en todo momento lo que estaban firmando. "La gente que haya firmado algo con el banco o prestamistas por aquel tiempo, en el boom hipotecario, lo sabrá, que prácticamente llegabas a la notaría, te leían todo muy rápido y firmabas", describe la situación la activista del movimiento por la vivienda de la ciudad complutense.

No fue hasta que la PAH y otros tantos grupos se empezaran a organizar cuando ese "modus operandi" cambió al haber denuncias expresas por ese tipo de prácticas. "Por suerte, las cosas ya no son igual en el tema notarías. Nosotras, cuando acompañamos ahora a una afectada a firmar daciones en pago o cualquier otra documentación, vemos que los notarios se preocupan mucho más de que se sepa bien, letra por letra, qué se está firmando, y te preguntan varias veces, cosa que antes no ocurría", concluye la misma Martínez.