Virginia e Iván llevan pagando su hipoteca a Bankinter desde que se la concedieron, en agosto de 2016. En concreto, 360 euros al mes. El piso en el que viven, ubicado en la localidad madrileña de Colmenar Viejo, pertenecía a Michael Salas, el antiguo propietario, que se lo vendió por 117.000 euros. En el momento de la compraventa, este sujeto presentó un certificado supuestamente expedido por el Banco Popular, ahora Banco Santander, en el que constaba que el préstamo hipotecario concedido sobre la finca en cuestión se encontraba en "estado saldo cero". Esa información falsa pasó desapercibida a Bankinter y a la notaría, por lo que ahora Iván y Virginia se enfrentan a un proceso de ejecución hipotecaria promovido por el Santander que podría desembocar en un desahucio, ya que este banco reclama las cuotas no abonadas, que superan los 147.000 euros. Michael Salas está desaparecido.

"Esto es todo surrealista. Podemos perder la casa por una estafa que pasó inadvertida en el momento de la compraventa. Bankinter tendría que haber comprobado que el documento era falso. Podía haber llamado al Banco Popular o algo, pero no hizo nada y se lo colaron", comienza a relatar Virginia Solares. Ella y su marido llevan viviendo en el inmueble casi desde que nació su hija de tres años. La impotencia y el estrés que sufren desde febrero de 2019, fecha en que reciben el primer burofax del Santander, se acrecenta con el paso del tiempo.

"Bankinter ya se olía lo que pasaba en 2018, pero no nos dijeron nada. Sabían que había un documento raro porque antes ya indagaron en ello hablando con el chico de la inmobiliaria y el notario", comenta indignada Solares. Los afectados consideran que Bankinter es el mayor culpable de lo ocurrido, aunque la notaría también podría tener responsabilidad, agregan. "Es increíble la falta de profesionalidad de nuestro banco, Bankinter, que dan por válido un documento que ni siquiera está sellado. Además, que cuando se realizan este tipo de trámites los dos bancos deben estar presentes en la firma, y no fue así", desarrolla la afectada.

El cheque bancario que recibió el presunto estafador ascendía a 100.000 euros, una cantidad que tendría que haber ido a parar a la entidad bancaria propietaria del inmueble, por aquel entonces el Banco Popular, hoy Santander. De todas formas, la Policía no ha podido dar con Michael Salas. Todo indica que se fugó con el dinero. Anahí Rodríguez es abogada del despacho Javaloyes Legal, desde donde están tratando el caso: "Lo que dice el Santander es que este señor tenía un préstamo hipotecario al que no ha hecho frente, por lo que van tanto contra Salas, el deudor, como contra Virginia e Iván, como titulares del bien que garantiza la primera hipoteca".

La defensa denuncia a Bankinter

El análisis legal de lo sucedido se basa en que la defensa entiende que "Bankinter, como profesional acostumbrado a revisar las cargas de los inmuebles, tendría que haber actuado con la diligencia suficiente para certificar que ese documento no era válido". Por su parte, desde Javaloyes Legal han emprendido un proceso judicial contra esta entidad bancaria, a quien han requerido extrajudicialmente que se haga cargo para que el proceso de ejecución hipotecaria no desemboque en un desahucio: "Entendemos que desde el momento en que Bankinter entra como hipotecante del nuevo bien, se tendrían que haber hecho las gestiones necesarias para levantar la anterior carga, así que o no lo ha hecho o lo ha intentado y no ha comunicado que no pudo", en palabras de Rodríguez.

Contra Salas, desaparecido y denunciado por estafa, se abrieron diligencias previas, pero el caso se ha sobreseído provisionalmente hasta que lo localicen. De esta forma, el inmueble en el que vive la familia afectada está gravado por dos hipotecas: una de Bankinter, a la que Iván y Virginia siempre han hecho frente, y otra del Santander, a nombre de Michael Salas, quien dejó de pagar las mensualidades, lo que se podría materializar en el desahucio de Virginia, Iván y su hija de tres años.

Los bancos se defienden

Desde Bankinter afirman a Público que "al igual que el cliente, también somos parte perjudicada, o víctima, de lo que parece ser una presunta estafa perpetrada por un tercero [el vendedor del inmueble] que es totalmente ajeno a la entidad". Y añaden: "Es cierto que hay un procedimiento penal abierto sobre este tema a cuyas diligencias previas ha acudido a declarar como testigo una persona del banco, pero en el que no nos consta que se nos impute ningún tipo de responsabilidad ni penal ni civil".

Desde la entidad bancaria a la que pertenecen los afectados afirman que les han demandado en un procedimiento civil en el que reclaman que sean ellos, Bankinter, quienes se hagan cargo del coste de la cancelación de la hipoteca previa del Banco Santander. Ante este extremo, Bankinter no considera que tenga responsabilidad en una operación de compraventa e hipoteca para la adquisición de un inmueble en la que el vendedor fue quien aportó el documento presuntamente falsificado y en el que les hace constar que no existen cargas previas para esa vivienda, parafraseando sus declaraciones. "El banco no está obligado legalmente a constatar la veracidad del documento aportado, más si cabe cuando no conocemos al vendedor, que es quien lo aporta, y el contrato se formaliza ante un notario", agregan. Por su parte, el Banco Santander se limita a afirmar que "en este tipo de casos siguen la habitual política de impagados".

Posible mala praxis del notario

El notario que dio fe de los documentos es Ángel Olmos Martínez, titular de Colmenar Viejo en 2016 y, posiblemente, ya jubilado. El Consejo General del Notariado (CGN) explica que, en estos casos, el notario debe solicitar la información pertinente al Registro de la Propiedad sobre el estado de cargas de las fincas mediante un fax. "En caso de haber cargas, advierten en la escritura a todos los otorgantes, y en particular a la parte adquiriente, de las consecuencias jurídicas de toda índole aparejadas a las cargas que figuren en la información registral", explica el Consejo.

Y añaden: "Tanto el comprador como el segundo banco pueden realizar verificaciones directas con la entidad financiera del vendedor para comprobar el estado real de esa carga. Si la entidad acreedora de la hipoteca del vendedor no comparece en el mismo acto para cancelar la hipoteca al vendedor, la manifestación sobre el estado de dicha hipoteca es una manifestación que hace la parte vendedora respaldada o no por algún documento y, si el notario no tiene medios para comprobar su veracidad, se lo advierte expresamente al adquiriente en la escritura o de manera verbal". De ello se deduce una posible mala praxis por parte del notario que avaló el documento, Olmos Martínez, ya que tanto Virginia como Iván aseguran no haber sido alertados de las consecuencias que se podrían dar y que, de hecho, se están dando.

Miedo al desahucio

Virginia Solares tiene ansiedad. No sabe en qué va a desembocar todo este proceso. "La ejecución hipotecaria ya se ha tramitado y en el peor de los casos nos vemos en la calle, y encima teniendo que pagar una hipoteca. Ahora mismo acudo a terapia psicológica, tanto por la sanidad pública como por la privada, porque no puedo más", expresa la afectada. Lo que más le enfada es que Bankinter jamás se ha interesado por su estado: "Ellos se quieren lavar las manos, dicen que es una cosa entre el estafador y nosotros. No es solo la estafa en sí, es cómo nos sentimos nosotros con nuestro banco".

El día a día de esta vecina de Colmenar Viejo cada vez se torna más complicado. "He estado muchas veces sin dormir, dándole vueltas a la cabeza. Intento no pensar porque si no me es imposible vivir, pero el problema está ahí y no sabemos hasta cuándo", relata Solares, quien puntualiza que lo que más le preocupa es su hija: "No quiero que me vea mal y nerviosa", asegura. Ahora, Virginia e Iván están "paralizados en vida", tal y como lo describe ella, porque "qué haces si no sabes lo que te depara el futuro", se pregunta.

Rodríguez aporta una mirada más jurídica del asunto: "Para que termine en desahucio o no todo dependerá de si prospera nuestra demanda contra Bankinter, en la que le pedimos que pague la hipoteca del Santander al entender que era responsabilidad suya no haber comprobado que la primera hipoteca no estaba cancelada, porque el Banco Santander lo va a tener que cobrar, por unos o por otros, pero luchamos porque los inquilinos no salgan perjudicados".