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Las rentas mínimas autonómicas dejan fuera a más del 90% de los pobres

Un estudio revela la ineficacia de estas herramientas de inserción ante la expansión de la pobreza por capas cada vez más amplias de la sociedad y su desvinculación de la marginalidad que llevaba asociada el siglo pasado. Mientras, la renta social básica sigue sin entrar en el debate político de un país con la quinta parte de la población bajo el umbral de la necesidad.

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La pobreza está hoy desvinculada de la marginalidad y se extiende por amplias capas de la sociedad. REUTERS

“Las rentas mínimas de inserción muestran su ineficacia para combatir la pobreza del siglo XXI: los que no acceden son más del 92% de quienes se encuentran bajo ese umbral”, explica Gustavo García Herrero, coordinador de estudios de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, entidad que ha emitido un revelador trabajo basado en los datos del último informe sobre la evolución de estos subsidios elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con datos de 2018.

“Las rentas mínimas son una herramienta del siglo XX. Fueron diseñadas cuando las familias pobres eran también marginales, y se crearon para complementar los procesos de inclusión social con un apoyo en los ingresos”, señala.

Sin embargo, anota, “la pobreza ya no está necesariamente acompañada de la exclusión social”, con fenómenos como el de los trabajadores pobres, a los que el salario no les da para llegar a fin de mes, o el paradójico crecimiento simultáneo de la desigualdad y de los registros macroeconómicos, que han hecho que “ese instrumento no sirve ante la nueva pobreza”.

“Hay mucha necesidad. No es tanto una cuestión de miseria sino de necesidad”, de escasez o insuficiencia de renta, añade, como consecuencia, entre otros factores, de la precarización del empleo y del abaratamiento de los salarios. “Se ve gente en la calle y hay consumo, sí; pero los salarios bajos conviven con el consumo low cost”, apunta, en referencia a nuevos hábitos como pasar el tiempo de ocio en casa viendo series y consumiendo productos y servicios de bajo coste.

Disparatadas diferencias del 4.400%

Las Rentas Mínimas de Inserción (RMI), que conviene no confundir con la nonata renta social básica pese a coincidir en el objetivo de garantizar un ingreso mínimo vital, son, según informa el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los programas que cada comunidad y ciudad autónoma gestiona, bajo la fórmula del subsidio no contributivo, para “cubrir las necesidades básicas” de “las personas y familias que carecen de recursos económicos suficientes” para hacerlos por ellas mismas. Normalmente van acompañados de un proceso de intervención social y en ocasiones se vinculan con procesos de inserción laboral.

El informe dibuja un panorama en el que las diferencias alcanzan un disparatado nivel del 4.400%, que es el que se da entre la tasa de cobertura del 71,2% de las personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza en Euskadi (120.606 de 169.330) y el 1,6% de Castilla-La Mancha (8.371 de 528.997).

Los escalones son muy pronunciados en el nivel superior de la cobertura, con una atención a dos de cada tres afectados en Navarra, a uno de cada tres en Asturias, a algo más de la sexta parte en Baleares y, respectivamente, a uno de cada siete y de cada ocho en Aragón y Cantabria.

Por abajo, además de Castilla-La Mancha, la renta mínima de inserción no llega ni siquiera a uno de cada veinte afectados en otras cuatro comunidades: Andalucía (1,8%), Comunitat Valenciana (3,1%), Canarias (3,4%) y Murcia (3,9%).

La cohesión social y las cuantías

Las diferencias también resultan notables en lo que se refiere a la cuantía de la RMI, apartado en el que destaca Extremadura, donde el subsidio llega casi a la tercera parte de la renta media por hogar, con 8.097 euros anuales (674,75 mensuales, apenas veinte euros por encima del Salario Mínimo de 2016).

El informe toma como referencia el menos exigente de los umbrales de pobreza que manejan los expertos, que es el que lo sitúa en el 60% de la renta media de la UE y con el alquiler imputado. Ese indicador sitúa por debajo de ese listón al 19,1% de la población española, registro que si solo se tienen en cuenta los arriendos reales sube al 21,5%, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Esta comunidad le saca casi diez puntos de ventaja a Catalunya (22,6%) y está cerca de duplicar la cobertura de las tres siguientes, que son Cantabria (18.3%), Asturias (17.9%) y Navarra (16,9%).

En el extremo opuesto, y con cuantías inferiores a los 240 euros mensuales y a la décima parte de la renta media por hogar, se encuentran la Comunitat Valenciana (8,4% y 203 euros), Castilla-La Mancha (9,4% y 222) y Murcia (9,7% y 235).

“¿Cómo se va a garantizar la cohesión de un país con sistemas como estos y en el que la cohesión social no entra en el debate político?”, se pregunta García Herrero, que, además de considerar “escandalosas” esas diferencias, anota cómo “cuando hablamos de ese más de un 90% que no entra en las RMI, estamos hablando de una inmensa mayoría de trabajadores que se ven abandonados por la Administración y cuyo vínculo con ella y con el Estado se va rompiendo”.

“No podemos diseñar una norma pensando en los tramposos”

Para la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que reclama “que se articule a nivel estatal una garantía de ingresos para todos los ciudadanos” ante “las extremas desigualdades” que se dan en función del lugar de residencia, “garantizar un mínimo vital para las personas que carecen de recursos propios debería ser [una] cuestión de Estado en todo el sentido de la expresión, y una prioridad de cualquier Gobierno que se preocupe por la dignidad de las personas”.

García Herrero ve tres problemas para articular y homogeneizar ese sistema, que no acaba de entrar en el debate público pese a figurar en los programas electorales de varios partidos. Uno consiste en establecer el modelo de renta y aspectos como su relación con el trabajo; otro, la financiación, y, por último, la distribución de competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. “Hay que resolver esos asuntos, pero para eso habrá que comenzar a debatirlos”, señala.

En cualquier caso, sí propone dos ajustes en los modelos que hoy se encuentran operativos. Por un lado, evitar que desincentiven el acceso al empleo y, en su lugar, incentivarlo. Y, por otro, simplificar los trámites burocráticos para acceder a la RMI. “Hay procesos excesivamente enrevesados. Existe una barrera burocrática que impide el acceso a gente que tiene derecho”, explica, al tiempo que llama la atención sobre un error frecuente en el diseño de las RMI: “no podemos diseñar una norma pensando en los tramposos”.

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