España constituye una excepción, una anomalía que apenas se da en ningún otro país de la Unión, en la única política de ámbito realmente comunitario que aplica la UE, que es la agraria, conocida como la PAC.

Esa rareza, o anormalidad, viene de la combinación de dos decisiones políticas de las que depende cada año el reparto de más de 5.000 millones de euros, tomadas ambas con la cartera de Agricultura en manos de Miguel Arias Cañete: el establecimiento de los llamados "derechos históricos", con el que nació la delirante figura del "labrador de sofá" y comenzó el riego con dinero público de tierras que no se cultivan, y un sistema de zonificación en cincuenta regiones no coincidentes con provincias ni comunidades que, cruzada con otro cuadro de cuatro tipos de cultivo, genera una horquilla de subvenciones de 60 a 1.430 euros por hectárea.

Ese sistema condiciona el reparto de alrededor de 5.000 de los casi 6.000 millones de euros vinculados a la agricultura que España recibe cada año, un volumen de dinero cuya magnitud equivale a un 15% de los beneficios brutos del sector y que tiene el efecto secundario de subvencionar un sector en el que conviven los elevados beneficios para la gran empresa con una baja rentabilidad de las pequeñas explotaciones que expulsa del ramo a los agricultores tradicionales y a los emprendedores.

Según los datos de la Contabilidad Nacional del INE (Instituto Nacional de Estadística), el balance de la relación con las arcas públicas, es decir, el saldo entre impuestos pagados y ayudas recibidas, le sale al campo a devolver; en la última década, con cantidades de entre 4.245 y 5.908 millones de euros anuales.

Otra cosa es que quien se beneficie de esa descomunal inyección de dinero trabaje la tierra o se dedique a la cría de ganado, un colectivo que ha acabado siendo, si no residual, sí claramente minoritario entre los perceptores de subvenciones.

Más del 11% del presupuesto

La PAC nació prácticamente con lo que en su inicio fue el Mercado Común, la alianza comercial que formalizaron en Roma en 1957 Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y tuvo como objetivo relanzar la producción agraria en una Europa que no acababa de superar los problemas de desnutrición provocados por la segunda guerra mundial.

Décadas después, conforme lo que hoy es la UE iba creciendo y antes de añadir las políticas ambientales y las de asentamiento de la población en el mundo rural, ese planteamiento fue virando hacia el fortalecimiento de los mercados y el sistema productivo mientras comenzaba a subvencionar unas producciones cuyos costes minaban la competitividad en un escenario comercial cada vez más global.
Hoy, en pleno proceso de redefinición en una Europa agitada por la marcha del Reino Unido y por las tensiones fragmentadoras en su flanco oriental, la PAC le supondrá este año a la UE una factura de 50.000 millones de euros, según los datos del Parlamento Europeo.

De ellos, España se lleva algo más de 6.000 (6.322,4 en 2017), una porción situada por encima del 11% y que únicamente superan los más de 9.700 de Francia (17,5%), los únicos Estados junto con Alemania (casi 6.000, 10,8%) se acaparan más de una décima parte del presupuesto entre los 28 socios.

Más de 5.000 millones en ayudas directas

La política agraria se divide en dos bloques o "pilares": la PAC propiamente dicha y los programas de desarrollo rural, que en el caso de España alcanzaron sendos montantes de 5.619,7 y 702,7 millones. El grueso del primer paquete (5.063,9) son las llamadas "ayudas directas", de donde sale el dineral que reciben los "labradores de sofá".

"La PAC ha ido liberalizando la actuación sobre los mercados y apenas hay intervenciones de producción [en las que la UE compra género excedentario] para regularlos", explica José Luis Miguel, director técnico de COAG, que anota que, en buena medida, "las ayudas tienen como objetivo paliar esa desregulación".

"Esa política ha tendido a acercar los precios de los productos agrarios europeos a las medias mundiales", añade.

El pilar de desarrollo rural, cuyos fondos distribuye cada Estado de manera discrecional, tiene como objetivo modernizar las explotaciones y apoyar inversiones en la industria agroalimentaria, a lo que se suma la parte ambiental, que incluye las compensaciones para las zonas de montaña y las desfavorecidas.

El 'statu quo' de 2003

La segunda reforma de Cañete, de 2013, estableció la zonificación. La anterior, de 2003, instauró los llamados "derechos históricos" al asignar a cada explotación una cuota basada en la producción media de las dos campañas anteriores en la que desde entonces se basa el reparto del dinero.

"Eso ha mantenido el status quo desde entonces", indica Miguel, que aclara que "no son derechos históricos sino un sistema de reparto de ayudas directas que solo se da en España prácticamente".

El cruce de los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) con los del Ministerio de Agricultura resultan, en este sentido, reveladores acerca de la magnitud de esa "congelación": solo en los doce años transcurridos entre principios de 2008 y finales de 2019 han abandonado el campo 98.200 agricultores independientes, a un ritmo de casi 8.200 por ejercicio, mientras que, pese al repunte de los últimos ejercicios, sigue habiendo 2.300 cooperativistas menos. Los primeros sumaban el 31 de diciembre 221.600 y los segundos, 5.200. Los que emplean a trabajadores siguen siendo algo menos de 55.000.

Sin embargo, y según los datos oficiales del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), las ayudas directas de la PAC tienen en España algo más de 730.000 beneficiarios: 52.123 empresas, cooperativas y sociedades agrarias de transformación y 678.919 propietarios, más de una tercera parte de los cuales (252.214) superan los 65 años.

Los particulares, entre los que los agricultores en activo son menos de la mitad, se repartieron 3.557 millones de euros en 2017 y los segundos, 2.031 en una proporción de 63,65%/36,35%.

La incierta reformulación de unas normas defasadas

El actual ministro de Agricultura, Luis Planas, aboga por suprimirlos, en línea con lo que defiende un grupo de comunidades autónomas lideradas por Aragón y partidarias de vincular su reparto a la producción de las explotaciones en lugar de a su titularidad, aunque eso no ocurrirá en el mejor de los casos antes del año que viene.

Mientras tanto, el grueso de esos 5.000 millones de euros se repartirá entre un grupo de casi 900.000 agricultores (y varios miles de empresas) entre los que, según puso de manifiesto un estudio de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), al menos 650.000 son rentistas que cobran las ayudas sin trabajar los campos ni las granjas a las que están vinculadas: algunas están yermas, otras se han convertido en cotos de caza y pastos y muchas están arrendadas sin traspasar el derecho, en una variada casuística que tiene tanto de fraudulenta como de legal.

Así, los mal llamados derechos históricos son la base del reparto de más del 80% de los fondos vinculados a la agricultura que la UE destina a España, que en el periodo 2021-2027 se verán reducidos en más de 500 millones anuales si se cumplen los cálculos de la Comisión Europea. No obstante, todavía no se conoce a fecha en la que el Consejo Europeo tomará su decisión sobre la nueva política agraria común.

El ámbito comunitario no es el único de carácter supranacional del que está pendiente un sector agrario inmerso en un mercado de carácter global, en el que las invasiones de productos de otros países como el tomate holandés, la manzana chilena o la judía verde marroquí son capaces de expulsar de los lineales de los comercios al género local y en el que acuerdos internacionales como el TTIP o el Ceta provocan efectos secundarios.