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Las 'telecos' destruyen 9.400 empleos en el último año amparadas por la reforma laboral

Los trabajadores del sector afrontan una época marcada por los despidos colectivos y la externalización de servicios, a pesar de las ganancias y de adquisición de otras compañías

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Vodafone anunciaba a finales de julio de 2015 un ERE por razones económicas y organizativas que abarcaba la destrucción de 1.297 puestos de trabajo, un 40% de su plantilla y un 60% de Ono.

MADRID.- A pesar de las ganancias y de adquisición de otras compañías, los trabajadores del sector de las telecomunicaciones afrontan una época marcada por los despidos colectivos y la externalización de servicios.   En un sector que los propios representantes sindicales en las empresas consideraban “de una gran paz social”, la realidad de los trabajadores se ha degradado sobremanera en apenas ocho años. Aunque las 'telecos' que controlan el mercado en España aluden a la reconversión del mercado digital y la crisis económica como los causantes de la pérdida de puestos de trabajo, las dos reformas laborales abanderadas por el Partido Socialista y el Partido Popular han favorecido los motivos objetivos para promover despidos colectivos. Según cifras de los sindicatos, los ajustes de plantilla en el sector se han llevado en el último año 9.400 empleos.

Con la nueva legislación laboral las empresas pueden emprender Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) aludiendo una pérdida de beneficios –por mínima que sea- o “razones técnicas, organizativas y productivas”. Los sindicatos coinciden en que haber permitido realizar despidos sin pedir informes que demuestren cómo éstos van a favorecer la recuperación de la empresa, fomentar que las empresas se “descuelguen” de los convenios colectivos y el abaratamiento del despido (de 33 días por año trabajo a 20 con la legislación actual) se encuentran entre las principales causas del retroceso de derechos producido.

Más aún cuando en los últimos años Telefónica, Vodafone y Orange concurren a las externalizaciones y las subcontrataciones como medida para ahorrar costes productivos y laborales. Según los datos que manejan a nivel provincial el colectivo Correscales que denuncia la precarización laboral, sólo en Barcelona Telefónica emplea 8 contratas y 654 subcontratas. Para Ernest Gutiérrez, coordinador del colectivo, detrás de esta práctica se esconde una forma de eludir los derechos laborales al acudir a un laberinto de empresas más pequeñas, autónomos y falsos autónomos donde los convenios colectivos o el salario mínimo son inexistentes y se pierden por el camino.

“Ni siquiera la razón económica se ha demostrado que fuera objetiva porque en octubre y noviembre de 2015 tuvimos resultados espectaculares”

El caso más traumático de despidos vía Expediente de Regulación de Empleo se producía en Vodafone España este mismo año. En pleno proceso de adquisición de Ono, la entidad anunciaba a finales de julio de 2015 un ERE por razones económicas y organizativas que abarcaba la destrucción de 1.297 puestos de trabajo, un 40% de plantilla de Vodafone y un 60% de Ono. Los sindicatos comenzaron entonces una fuerte campaña de movilización en la calle y en las redes sociales. Para ellos la justificación de la empresa para plantear el ERE por “causas organizativas” carecía de fundamento porque la fusión con Ono fue posterior en el tiempo, “ni siquiera la razón económica se ha demostrado que fuera objetiva porque en octubre y noviembre de 2015 tuvimos resultados espectaculares”, afirma la responsable de CCOO en Vodafone Beatriz Molino.

Durante las sucesivas reuniones con la empresa los sindicatos mantuvieron su rechazo frontal al ERE, pero a finales de septiembre los sindicatos UGT y STC se descolgaban y llegaban a un acuerdo con Vodafone. Este cambio de opinión estuvo motivado por el ultimátum de la empresa para lanzar un ERE unilateral con la retirada de las mejoras propuestas en la mesa de negociación que esa acción conllevaba; como la reducción del número de despidos o el incremento de las indemnizaciones si no se firmaba el acuerdo. CCOO decide presentar una demanda en la Audiencia Nacional contra el ERE que el juez desestima debido a que dos sindicatos habían aceptado la propuesta de la compañía y no había existido mala fe negociadora. “Lo que hicimos fue seguir el mandato que nos habían dado los trabajadores en las asambleas. Nos dijeron que siguiéramos negociando y que había margen para conseguir mejoras”, relata la secretaria general de CCOO en la empresa Beatriz Molino.

En la actualidad, los representantes sindicales se encuentran negociando el primer convenio colectivo que agrupa a los trabajadores de Vodafone y Ono. “Nos han dejado sin margen para negociar porque para la empresa el convenio vigente es el alcanzado con UGT y STC en el ERE que, entre otras cosas, da una garantía de no hacer otro Expediente de Regulación de Empleo de solo un año. Con lo cual en 2017 nos podemos encontrar con otra serie de despidos colectivos”, asegura Beatriz Molino. Para la representante sindical tampoco hay que olvidar que no se trata de un proceso asilado ya que en los últimos cuatro años se había efectuado un ERE de 900 personas en 2013 y un expediente temporal que tuvo a 4.000 trabajadores sin empleo y sueldo durante dos semanas en 2012. Aparte de los despidos, el deterioro también viene producido por la externalización de la plantilla que alcanza 19.048 empleos indirectos sobre un total de 3.606 trabajadores directos de Vodafone. “Éramos un sector que no era precario ni mucho menos, nos están llevando a otra cosa. Están tratando de enterrar los derechos adquiridos porque hay compañeros que se fueron con el anterior ERE que están subcontratados por Vodafone con peores condiciones laborales”.

En Orange el punto de partida fue similar al de su competidora. A finales de enero de 2016 la empresa planteaba el despido de 550 trabajadores fundamentado en cuestiones organizativas y productivas por la compra de Jazztel. A partir de esta decisión unilateral, el rechazo de sindicatos y trabajadores, y el éxito de la campaña lanzada en redes sociales provocan que Orange de marcha atrás en su posición y decida pactar un ERE voluntario con los representantes sindicales. “Nos había sorprendido cómo se había iniciado el proceso porque aquí siempre ha existido una buena interlocución social más parecida a la cultura francesa de la matriz. Además el ERE que afrontamos en 2008 había sido voluntario, con lo cual no entendíamos la rotundidad de la decisión”, afirma el delegado sindical de CCOO en Orange. Desde los sindicatos, que en este caso sí se mantuvieron unidos hasta el final, la voluntariedad y la libertad de adscripción al ERE eran las dos premisas fundamentales.

El expediente se cerraba a mediados de marzo con la adscripción voluntaria de 435 personas. Para entender los motivos para que los trabajadores aceptaran el despido colectivo, el delegado de Comisiones Obreras en Orange afirma que han sido fundamentales las indemnizaciones y prejubilaciones logradas, además de ciertas garantías para el futuro. “Con la legislación que ampara a las empresas un ERE siempre es doloroso y más cuando la empresa sigue obteniendo beneficios. Al menos hemos logrado que no ejecuten un nuevo ERE en el plazo de dos años y que no haya procesos de externalización en un año. La indemnización acordada es de 62 días sin tope de mensualidades para los salarios más bajos lo que hace que mucha gente haya aceptado ante la posible degradación de condiciones en un futuro”, sostiene Antonio Muñoz –delegado de CCOO en la empresa-.

Los empleados de Telefónica fueron los primeros del sector que se enfrentaron a un ERE en el año 1999. A partir aquel momento otros tres “procesos de ajuste” han provocado el despido de alrededor de 38.500 trabajadores de la plantilla de la compañía. En diciembre del pasado año, Telefónica anunciaba una fórmula inédita con la que trataba de maquillar la supresión de 7.900 empleos. Esta fórmula llamada “Plan de Suspensión Individual del empleo (PSI)” se deriva del artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, y solo se había aplicado en nuestro país en Endesa. El PSI presenta la singularidad de que la escisión del contrato es temporal, en este caso el período es de tres años, y existe la posibilidad de volver al puesto de trabajo una vez finalizado el tiempo acordado de suspensión del contrato.

Aunque según señalan desde CCOO, los trabajadores que firman el PSI nunca tienen intención de volver a la empresa pese a ser un derecho recogido en la ley. “Esta fórmula es positiva porque según hemos acordado es 100% voluntaria y va ligada con las personas en edad de prejubilación (a partir de 53 años hasta los 65). Al no ser un despido formal el Estado no paga el paro de esos trabajadores porque en teoría no se han producido despidos; y, además, las personas adheridas al PSI pueden trabajar en otra empresa y están cobrando mayor salario que si estuvieran trabajando”, asegura Víctor Manuel Pascual de Comisiones Obreras. Para entender porque Telefónica ejecuta este plan si está pagando mayores cantidades a los trabajadores por no trabajar, el representante de CCOO considera que con esta fórmula la empresa no daña su imagen de cara al exterior destruyendo empleo y trata de hacer una medida de carácter más social.

Sin embargo, para los subcontratados por Telefónica englobados en la Marea Azul este nuevo plan es un paso más para la destrucción de empleo estable: “El salario es aquello que entrega el empresario al trabajador por su trabajo y en este intercambio, el trabajador no va a prestar su trabajo a Telefónica, sino que va a renunciar a su contrato de trabajo. No se trata de una reducción de salario, se trata de una compra”, afirman desde el colectivo. Debido a la precarización del sector, los técnicos subcontratados por la empresa mantuvieron la pasada primavera una de las huelgas con mayor poder de convocatoria en décadas para reclamar una mejora de las condiciones laborales. “La huelga ha sido clave porque logramos reunir a tres colectivos con intereses totalmente diferentes, los trabajadores de las contratas, las subcontratas y los autónomos. Nuestras reivindicaciones eran tan básicas como que se respetasen las 40 horas semanales y los dos días de descanso logrados hace un siglo en la huelga de La Canadiense”, explica Aitzol Ruiz de Azua –miembro del comité de huelga.

“En Cotronic éramos cerca de 200 personas y quedamos 80. Y no porque no hubiera trabajo, sino porque se han transformado en autónomos y falsos autónomos con el consiguiente fraude a la Seguridad Social”

Aitzol forma parte de la plantilla de Cotronic, empresa contratada externamente por Telefónica. “En Cotronic éramos cerca de 200 personas y quedamos 80. Y no porque no hubiera trabajo, sino porque se han transformado en autónomos y falsos autónomos con el consiguiente fraude a la Seguridad Social”, relata el trabajador. Esto se produce en una situación de presión sobre los trabajadores, mantiene, dónde se están saltando todas las leyes de prevención de riesgos laborales: “Estamos arriesgando nuestras vidas subiendo a alturas de 6 metros. Normalmente el trabajo lo hacen dos personas pero Telefónica solo paga el salario de una de ellas. Muchos autónomos para llegar a tener un salario digno a final de mes arriesgan sus vidas haciendo el trabajo solos y hemos tenido varios accidentes, algunos de muerte”.

En busca de la mejora del sector, el colectivo Correscales considera que la implantación de un salario mínimo en los pliegos de una contratación y la imposibilidad de subcontratar ese servicio serían dos medidas fundamentales para la mejora del empleo. A raíz de una sentencia del 17 de noviembre de 2015, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la implantación de un salario mínimo está más cerca de hacerse realidad. Esta sentencia, de obligado cumplimiento en todos los países de la unión, daba la razón al ayuntamiento alemán de Landau en el litigio que le enfrentaba con la empresa Rego Post. Dicho ayuntamiento sacó a concurso la prestación de servicios postales de su municipio estableciendo el pago de un salario mínimo garantizado para las personas trabajadoras que prestasen dicho servicio. En dicho fallo, “el TJUE afirma que una administración pública si puede requerir un mínimo de costes laborales a la empresa adjudicataria de un concurso público”, afirma el coordinador de Correscales.