Más transparencia salarial y más seguridad jurídica, las armas para combatir la brecha de género en el trabajo

La brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo una realidad contra la que chocan millones de trabajadoras en todo el mundo. En la Unión Europea una mujer cobra de media 86 céntimos por cada euro que gana un hombre, según los datos de Eurostat. Un 14% menos que se amplía hasta el 33% en el caso de las pensiones. En España, según esa misma fuente, la brecha es del 9,4%. Esta misma semana, con motivo del Día de la Igualdad Salarial que se celebra el próximo 22 de febrero, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha publicado un estudio que señala que en España las mujeres ganan 5.200 euros al año menos que los hombres.

La Comisión Europea y el Parlamento Europeo llevan ya tiempo legislando para reducir esta brecha, aunque cada Estado miembro también lo hace por su cuenta. Pero es imprescindible abordar las políticas de igualdad desde un frente común. La Unión Europea está a punto de aprobar una directiva de obligado cumplimiento sobre transparencia salarial que está llamada a asestar un duro golpe a la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. La comisión de Derechos de las Mujeres del Parlamento Europeo votará el próximo 17 de marzo el informe sobre la propuesta de una directiva sobre transparencia salarial, que en estos días aún se está negociando.

La Oficina del Parlamento Europeo en España invitó este viernes a cuatro eurodiputadas María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas Podemos), Rosa Estarás (PP), Lina Gálvez (PSOE), Soraya Rodríguez (Cs), todas ellas miembros de la comisión de Derechos de las Mujeres del Parlamento Europeo para que discutieran sobre los efectos de esta nueva medida.

Las cuatro coincidieron en que hay que abordar tres retos para alcanzar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, "un derecho fundamental de cualquier mujer": la conciliación, la educación y la discriminación económica.

La desigualdad retributiva posiblemente sea el más difícil de combatir, por eso la nueva directiva se antoja tan importante. Lina Gálvez, eurodiputada del PSOE, destacó que "desde el año 2001 en este país somos más mujeres que hombres en edad de trabajar y todavía no se ha cerrado esta brecha", por lo que acabar con ella "no es solo cuestión de tiempo".

La medida contempla la posibilidad, entre otras, de sancionar a aquellos que incumplan la igualdad salarial en los centros de trabajo, pero sobre todo apuesta por la transparencia salarial como una herramienta imprescindible para reducir la brecha entre hombres y mujeres.

Los empleadores y las empresas tendrán que informar a los y las aspirantes de cuál es el salario inicial o la horquilla correspondiente, ya sea en el mismo anuncio de la vacante o antes de la entrevista de trabajo. Además, en el caso de empresas con más de 250 trabajadores tendrán que publicar información sobre las diferencias en la remuneración entre los trabajadores y las trabajadoras. La directiva establece la posibilidad de obtener una indemnización en caso de discriminación salarial e incluso se pueden producir sanciones a la empresa si la infracción se repite.

"El principio de igualdad en la retribución no estaba funcionando y una de las razones era la falta de  transparencia y la falta de seguridad jurídica"

En este contexto, las empresas no podrán preguntar a los aspirantes por su historial salarial. Además, cuando la información sobre las retribuciones revele una diferencia injustificada entre hombres y mujeres de al menos el 5 %, los empleadores deberán efectuar una evaluación retributiva en colaboración con los representantes del personal.

La directiva sobre transparencia salarial también contempla un mejor acceso a la Justicia y a los tribunales para las víctimas de discriminación retributiva y les ofrece mayores garantías. Por defecto, serán los empleadores, y no quienes trabajen para ellos, los que tendrán que demostrar la ausencia de discriminación retributiva.

También establece un régimen de sanciones para aquellos casos en los que se repita una infracción. En este sentido, los Estados miembros tendrán que habilitar un baremo de sanciones específicas, con una indicación de cuáles son las multas mínimas.

Lina Gálvez resumió en una frase la necesidad de esta nueva directiva de la UE: "El principio de igualdad en la retribución no estaba funcionando y una de las razones era la falta de transparencia y la falta de seguridad jurídica".

Por su parte, María Eugenia Palop, de Unidas Podemos, resaltó que "la transparencia laboral es importante porque lo que no se mide no se ve y lo que no se ve no existe".

Palop puso el énfasis en las resistencias a la aplicación de esta directiva, que las ha habido durante las negociaciones, y a sus insuficiencias: "Estas resistencias se deben fundamentalmente a que se considera que esta obligación de transparencia salarial supone una carga administrativa excesiva para las empresas Esto es engañoso: en España se ha demostrado que esas cargas no son tales".

Para Palop todas las empresas y no sólo las grandes, deberían someterse a la totalidad de esta directiva: "Hay obligaciones para todas las empresas y hay obligaciones específicas para las empresas con más de 250 trabajadores. Este es el primer punto de discusión grave porque eso dejaría a un 70% de los trabajadores y trabajadoras fuera de esta regulación. Nuestra aspiración es que no tiene que haber un umbral, tiene que ser todas las empresas las que se sometan a la transparencia salarial".

Soraya Rodríguez, eurodiputada por Ciudadanos, apuntó que "el derecho a cobrar el mismo salario por un mismo trabajo ya está reconocido y ya hay instrumentos", pero que "sin embargo, no se avanza", y subrayó que "la directiva no solo se refiere al salario, sino que indica que se deben incluir todos los elementos remunerativos, como los pluses".

Rosa Estaràs, eurodiputada del PP, indicó que la nueva propuesta de directiva "es un paso adelante importante y necesario para poder combatir esta discriminación".

El informe de propuesta será votado el 17 de marzo por la comisión de Derechos de las Mujeres del Parlamento Europeo. La propuesta que acaba de presentar la Comisión se tiene que transmitir ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción. Una vez concluido el proceso, los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar la Directiva al ordenamiento jurídico nacional y comunicar los instrumentos pertinentes a la Comisión. Al cabo de ocho años, la Comisión llevará a cabo una evaluación de esta directiva.