De entrada, ¿les ha sorprendido la decisión de la Audiencia de Barcelona de reabrir la causa contra la alcaldesa, Ada Colau, dos concejales, usted y la titular de Vivienda, Lucía Martín, y una funcionaria, a raíz de la querella del fondo buitre Vauras Investment?

Nos ha sorprendido y mucho, porque es una decisión que va en contra no sólo de lo que había decidido la juez de primera instancia, que inadmitió la querella en un auto muy duro contra el fondo de inversión, sino porque también va en contra de lo que había decidido la Fiscalía.

Hace más de un año que la jueza había decidido inadmitir la querella. ¿A qué atribuyen que ahora se reabre el caso?

Lo atribuyo sobre todo a una suerte de mala fe procesal por parte de determinados actores de la ciudad, que insisten en presentar acciones judiciales contra actuaciones que desarrolla este Ayuntamiento y son absolutamente legales. Son tantas las querellas que nos están poniendo que puede llegar a ocurrir que haya una determinada sala o un determinado juzgado que acabe decidiendo que debe investigarse alguno de estos asuntos.

En este caso concreto, el fondo les acusa de prevaricación y coacciones por multarlo en 2019 a raíz de su negativa a ofrecer un alquiler social a familias vulnerables que previamente habían ocupado el llamado Bloc Llavors, en cumplimiento de la entonces vigente ley catalana de la vivienda. La querella hace referencia a una reunión que usted y Lucía Martín mantuvieron con el fondo. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Qué se abordó?

De lo que nos acusan es de hacer cumplir la ley, aplicarla no sólo para proteger los privilegios de una minoría, como se había hecho hasta ahora, sino para proteger los derechos de familias vulnerables. Es habitual que haya reuniones con fondos de inversión, nos toca en nuestras funciones. Como tantas otras que hacemos con fondos de inversión que tienen intereses especulativos en la ciudad, fue una reunión difícil, tensa y dura, pero lo que puedo asegurar es que la actuación del Ayuntamiento se movió en todo momento dentro de los márgenes que nos da la Ley por el derecho a la vivienda.

Ada Colau ni siquiera asistió a la reunión, ¿a qué responde que se la incluya en la querella?

Responde a una intención por parte del fondo de inversión de no buscar tanto el éxito judicial de las acciones que desarrolla, sino el rédito mediático, como otros grandes actores de la ciudad. Lo que buscan, a través de esta mala fe procesal, es presentar infinitud de querellas para conseguir el titular, que es mucho mayor cuando se consigue que se investigue a una alcaldesa, que sólo a un concejal y por eso la ponen, a pesar de que no haya participado en las reuniones y ni siquiera haya firmado ninguna de las resoluciones administrativas por las que se nos acusa.

Paralelamente, esta misma semana la interventora municipal ha defendido la legalidad de las subvenciones municipales otorgadas a entidades como la PAH, el Observatori DESC o la Aliança contra la Pobresa Energètica, que son el origen de otra causa que provocó, hace unas semanas, la declaración de Colau a los tribunales, acusada de otorgarlas arbitrariamente. ¿Dan por hecho que se archivará?

Desde el inicio dijimos que las subvenciones estaban otorgadas siguiendo el procedimiento legal establecido, tenían los informes favorables de los servicios jurídicos y también de la intervención y era cuestión de días o semanas que se acabara archivando. La interventora delegada, que es alto cuerpo funcionarial y, por tanto, no depende del Ayuntamiento sino que es una funcionaria del Estado, hizo una declaración muy contundente y claramente exculpatoria, no solo de la alcaldesa, sino del conjunto miembros de la corporación municipal y constató la legalidad de las subvenciones. Ahora es el momento de plantearnos si esta causa judicial no se está dilatando demasiado.

¿Detrás de la voluntad de dilatarla ven un cierto interés electoral?

Nos podemos imaginar cómo en el Upper Diagonal seguro que ha habido alguna reunión de determinados representantes de multinacionales, partidos políticos o fondos de inversión en los que sueñan con que se pueda llegar a las elecciones con una candidata imputada y, en este caso, con la posible candidata de Barcelona en Comú, que es la actual alcaldesa. Los sectores que están protagonizando esta ofensiva judicial —y son ya una docena de querellas recibidas, de las que diez ya han sido archivadas— seguramente piensan que esto nos acabará desgastando políticamente y, especialmente, en términos electorales. Es lo que llamamos máquina del fango, intentar ponernos al mismo nivel que aquellos que corrompen a las administraciones. Ya veremos si esto acaba siendo así, lo que estoy viendo es que recibimos muchos mensajes de apoyo y creo que la ciudadanía es inteligente y es consciente de que existe una verdadera ofensiva judicial contra el actual gobierno municipal de Barcelona, con el objetivo que no se acabe consolidando el modelo de ciudad y los cambios por los que hemos sido escogidos.

Si las agrupamos, el grueso de querellas proviene del lobby del automóvil, el sector hotelero, de grandes fondos inmobiliarios y grandes empresas de servicios. Ustedes hablan de 'lawfare', es decir, de instrumentalización de la justicia con finalidades políticas o ideológicas. ¿Hasta qué punto es un problema democrático grave?

Es un problema democrático de primer orden. Si levantamos la vista veremos cómo esto ocurre [en muchos países] especialmente a través de redes de extrema derecha que, en connivencia con grandes grupos de comunicación y a partir de fake news, están haciendo ofensivas judiciales que acaban derribando a gobiernos. Seguramente en pleno siglo XXI ya no es tan fácil dar un golpe de estado y lo que se hacen son estas actuaciones judiciales para cambiar gobiernos elegidos democráticamente. En España no lo hemos visto tanto, pero si entramos en ámbitos concretos, veremos cómo ayuntamientos de nuestro país que han plantado cara a las multinacionales que quieren mantener sus privilegios en la gestión del agua llevan años aguantando acciones judiciales. Nos debería preocupar que haya grandes compañías que no acepten el juego democrático y que partidos políticos a petición de una mayoría social pongan en su programa electoral cuestiones como la posibilidad de municipalizar el agua o decidir su gestión a través de una consulta. Y que cuando esto se intente llevar a cabo desde el ámbito de gobierno se pongan tantos palos en las ruedas, no sólo desde el ámbito administrativo, que también, sino llegando incluso a querellas penales, como nos hemos encontrado en Barcelona por parte de la multinacional Agbar contra concejales de este gobierno.

Con estas actuaciones judiciales, ¿la soberanía de las instituciones acaba viéndose cuestionada y limitada por grupos que se sienten por encima de la ley?

Nosotros sabíamos, porque somos gente que viene de los movimientos sociales, de la sociedad civil, de la academia o del activismo, que tener el poder político no significa tener el poder de una ciudad o de un país, porque hay grandes poderes económicos que a veces no aceptan las reglas de la democracia y quieren saltársela. Sí que es cierto que últimamente hay algunos elementos nuevos, como el reiterado uso de acciones judiciales como estamos comentando o, incluso, la publicación de fake news, que se está convirtiendo en un problema de primer orden. No solo porque se diluye lo que es la verdad, sino porque muchas de estas fake news acaban construyendo marcos mentales que hemos visto cómo se acaban utilizando en las distintas acciones judiciales. En los dos procedimientos judiciales que estamos comentando, prácticamente la única prueba son recortes de determinados medios de comunicación que han sido condenados por publicar noticias falsas. Estas nuevas realidades dificultan más la limitada capacidad que puede tener un ayuntamiento para transformar la ciudad.

¿Sienten impotencia porque esto dificulta la aplicación de algunas medidas ambiciosas?

En el ámbito institucional existen límites y dificultades, pero también es cierto que tenemos cierta resiliencia y capacidad de superación de todo esto. Y, sin embargo, la valoración que hago es positiva: hemos convertido a Barcelona en la capital en inversión social de todo el Estado; tenemos un modelo de ciudad en torno al que se generan todos los debates, con el objetivo de que sea más verde, más amable, con menos coches, más saludable; y, además, el último mandato hemos sido capaces de demostrar una estabilidad institucional que quizás no tuvimos en el primer mandato, aprobando presupuestos para hacer posible este modelo de ciudad y su transformación.

A pesar del balance positivo que hace, ¿tiene la sensación de que se han quedado un poco a medio camino de lo que habían planteado en el 2015, cuando alcanzaron la alcaldía?

Sí, en mis propias funciones, por ejemplo, en el ámbito de la participación vivimos con cierta frustración la imposibilidad de realizar una consulta ciudadana, especialmente por el hecho de que sea Agbar y su entorno que han presentado hasta 40 acciones judiciales contra el reglamento de participación, que permitiría, entre otras cosas, decidir sobre la gestión pública del agua. Esto se vive con cierta frustración y ahora estamos trabajando para volver a aprobar de nuevo el reglamento de participación, que llevaremos al plenario de mayo y, si se aprueba, será hacer posible realizar consultas. Lo cierto es que no nos hemos resignado y que mientras tanto hemos desplegado otras acciones que quizás no llevábamos al programa electoral, pero que nos han permitido profundizar en la democracia en la ciudad. Como los presupuestos participativos, un proceso con el que han podido participar 80.000 vecinos.

Volviendo al tema de la 'lawfare', ¿con independencia de que las querellas acaben archivadas, el tiempo que implica dedicarse a responderlas y el desgaste que generan justamente dificulta que se pongan en marcha las políticas que querrían aplicar?

Es el principal desgaste que suponen estos procesos y acciones judiciales. Con agendas tan complicadas como las nuestras, una buena gestión del tiempo es fundamental y últimamente nos encontramos con noticias de que hay acciones judiciales que requieren una preparación de escritos en pocos días o dar explicaciones de cuestiones que ni siquiera nos han notificado. Hacemos la reflexión de que todo este tiempo que dedicamos a dar una respuesta judicial y política al fondo de inversión nos gustaría dedicarlo a acompañar a las familias que sufren situaciones de desahucio en la ciudad, como veníamos haciendo hasta ahora y por lo que nos eligió la ciudadanía.

Además, hay un segundo efecto que quizá no sea tan evidente, pero que va diseminando toda la organización municipal. Y es como ese cuestionamiento constante de cualquier proyecto que haga el gobierno por parte de determinados lobbies y la voluntad de judicializarlo nos acaba haciendo interiorizar incluso un exceso de prudencia. En esta casa las cosas siempre se han hecho bien, todo proyecto tiene su informe jurídico preceptivo, pero lo cierto es que antes de decidir cualquier actuación te lo acabas pensando dos o tres veces porque sabes que puede acabar judicializada. Los propios servicios jurídicos de la casa nos decían que nunca en la historia del ayuntamiento habían tenido tantos litigios como hasta ahora. Ellos siempre han trabajado de la misma manera, lo que ocurre es que quizás ha virado el rumbo de este transatlántico que es el ayuntamiento y ha pasado a defender a los más vulnerables y no tanto a determinados privilegios de unas élites que son las que ahora se están sublevando contra el gobierno de la ciudad.

No es casual que todas las querellas se hayan dirigido contra concejalías y proyectos de Barcelona en Comú, mientras que el PSC tiene una relación mucho más engrasada con estos poderes fácticos de la ciudad. ¿Hasta qué punto el gobierno está cohesionado en estas cuestiones?

Como gobierno tenemos espacios de coordinación que son efectivos y que funcionan como tales, como la comisión de gobierno, donde compartimos la inquietud y la evolución de estos procedimientos judiciales. Nos sentimos apoyados no solo a nivel interno, sino también por las declaraciones públicas de algunos grupos de la oposición, como ERC. Sin embargo, sí que es verdad y creo que esto no le ocurre solo al PSC, creo que también le ocurre a [la antigua] Convergència i Unió y al PP al Estado, sabemos que cuando hay partidos que llevan 20 o 30 años gobernando una misma institución, como era el caso de Barcelona [con el PSC], acaban forjando unas relaciones con las élites de la ciudad o del país, que muchas veces pueden explicar ciertos posicionamientos políticos o ciertos comportamientos de estos grupos. Y aquí creo que es donde está la diferencia entre los dos socios del gobierno.

Las diferencias entre los dos socios de gobierno se han hecho más evidentes en los últimos meses. Supongo que esto aumentará a medida que se acerquen las elecciones.

Como Barcelona en Comú tenemos un modelo de ciudad y en el debate electoral se evidenciará que el socio de gobierno o los grupos de la oposición puedan discutirlo y criticarlo. Nosotros apostamos por una ciudad más verde, más amable, con menos coches, más cohesionada y con menos desigualdad y una ciudad que no le ponga la alfombra roja a los fondos de inversión y a los grandes lobbies globales, sino que priorice a los barrios y a los vecinos que los habitan. Lo que habrá que ver es si existe algún otro grupo que tiene un modelo de ciudad alternativo, porque hasta ahora no lo hemos visto.

Cuando habla de modelo de ciudad, seguramente a una parte de su electorado le puede haber sorprendido la apuesta, si quiere acrítica, por un evento como la Copa América de Vela, promovido fundamentalmente por un lobby empresarial, Barcelona Global, y por el primer teniente de alcaldía, Jaume Collboni (PSC). Un evento que implica un gasto público para conseguir beneficios privados. ¿A qué responde esta apuesta?

Barcelona es una ciudad a la que le gusta mucho el deporte y a diferencia de otros proyectos que nos han presentado últimamente, como los Juegos Olímpicos de Invierno -que entran en contradicción con la realidad de la ciudad y no encajan tampoco con la realidad del país ni con la necesidad de hacer frente a la emergencia climática-, hay otros eventos deportivos que quizá respondan mejor. Y la Copa América de Vela en una ciudad que tiene mucho viento y mucho mar puede tener sentido. Ahora bien, lo que tenemos muy claro es que la gestión se tiene que hacer de forma diametralmente opuesta a cómo la hizo el PP en Valencia.

Antes hablaba de la candidata Ada Colau, aunque ha rectificado para hablar de la "posible candidata". ¿Le ha traicionado el subconsciente y podemos confirmar que será la candidata de Barcelona en Comú a la alcaldía?

No soy yo quien debe responder a esa pregunta. En primer término es la alcaldesa quien lo tiene que pensar, y me consta que lo está haciendo intensamente, y también la organización, Barcelona en Comú, que es quien acabará de ratificar la candidatura.

Y en su caso concreto, ¿se ve mucho tiempo en la institución?

En la institución estamos de paso, cada uno de nosotros tiene su profesión. En mi caso soy abogado y he trabajado tanto en la administración pública como en el ámbito privado y en entidades sociales y me gustaría volver. Es verdad que este mandato ha quedado muy marcado por la pandemia, que ha provocado que los grandes proyectos que queríamos desarrollar tuvieran que congelarse o retrasarse, y el conjunto del equipo del grupo municipal tenemos ganas de seguir gobernando la ciudad y terminar de culminar este proceso de transformación.

El último barómetro municipal pronosticaba una victoria de BComú por delante de ERC en las municipales, con el PSC como tercera fuerza a cierta distancia. Sé que es hacer política ficción, pero ¿nos podríamos encontrar con un gobierno entre Comuns y Esquerra, teniendo en cuenta que durante el mandato ERC les ha aprobado presupuestos y proyectos importantes?

Ahora mismo lo que más me preocupa de las encuestas es el elevado porcentaje de indecisos existentes y la gran abstención que puede haber. Como organización política madura y ciudadana, que podemos huir de las lógicas de partido y de esa mirada más conservadora de cómo mantener el espacio político, tenemos que cuestionarnos cómo llegamos a toda esta ciudadanía en un contexto de crisis como el actual, en el que está harta de la política o que cree que no es algo útil o no le ayuda a mejorar su vida. Éste es el gran reto, más allá de pensar en coaliciones o acuerdos de gobierno. Sin embargo, es verdad que ERC se ha convertido en el socio prioritario de este mandato y parece que se adhiere bastante al modelo de ciudad que tenemos en Barcelona en Comú. No descartaría que después de unas futuras elecciones acabemos gobernando conjuntamente, sea aquí o en otras administraciones.