Un centenar de abogados se manifestaron este lunes en la puerta de los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, contra el 'copago judicial' impulsado por el Gobierno. Los congregados, tras una pancarta que rezaba 'Los abogados, en defensa de los ciudadanos, contra las tasas judiciales', corearon consignas como 'No es una tasa, es un atraco', 'Gallardón, dimisión', o 'Contra las tasas, huelga general'. Protestas similares se han llevado a cabo ante las sedes judiciales de toda España, con participación de cerca de 12.000 personas, según los datos del Consejo General de la Abogacía.

El presidente de esta institución, Carlos Carnicer, declaró que todavía hay tiempo para frenar el Proyecto de Ley de Tasas,  que se encuentra en tramitación esta semana en el Senado, y que establece el pago de impuestos de esa clase para acceder a la justicia civil o contencioso-administrativa de hasta 1.200 euros, y de cerca de 300 euros en la laboral. más otra cuantía variable que depende del dinero reclamado en cada caso. 'Tenemos esperanza en que dén marcha atrás, que paren esta locura', aseguró en la concentración de Madrid.

'No se pueden establecer tasas que no pueden abonar la mayoría de los ciudadanos, creando una justicia para ricos', agregó Carnicer. Ello daría lugar por parte de los abogados a instar a los jueces a que planteen cuestiones de inconstitucionalidad contra la Ley o directamente a interponer recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.

De la misma opinión es el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, quien participó en la manifestacion, y que destacó que espera que no se deba llegar a que los jueces planteen cuestiones de inconstitucionalidad contra la Ley por vulneración del artículo 24 de la Carta Magna, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener la tutela judicial efectiva de los tribunales. 'Es un atentado manifesto a ese derecho', que quedaría en entredicho con tasas tan elevadas como la que prevé el Anteproyecto, dijo el magistrado.

En ese sentido, González Armengol explicó que las cuantías que prevé el proyecto de Ruiz-Gallardón son 'denigrantes', y que la asociación de la que forma parte, 'Francisco de Vitoria', ha apoyado establecer tasas en algunos supuestos muy excepcionales, y por cantidades casi simbólicas de 5 ó 10 euros, o un máximo de 50 euros por recurrir al Tribunal Supremo.

El mejor ejemplo de lo excesivo de las cifras que pueden alcanzar las tasas previstas por el Gobierno lo puso Carlos Carnicer. Destacó que una persona que hubiera sufrido una lesión medular en un accidente de tráfico y recurriera hasta el Tribunal Supremo, tendría que abonar 19.500 euros en concepto de tasas, ya que éstas no sólo incluyen una parte fija sino otra variable, por porcentaje, en función de la cuantía que se reclame en el caso. 'LLegaríamos al absurdo de que algunos recurrentes tuvieran que pedir un préstamo al banco para pleitear', añadió. El presidente de los abogados dijo que, incluso dentro del PP, hay quienes rechazan este proyecto.

Carnicer abundó en que se trata de 'tasas desorbitadas' que impedirán el acceso a la justicia de muchas personas, creando una justicia para ricos y otra para pobres, lo que también contravendría el derecho a la igualdad.También se quejó, como hicieron en el Congreso todos los grupos parlamentarios de la oposición, en lo mucho 'que se ha corrido' en la tramitación parlamentaria de este proyecto. 'Prácticamente como ninguno'.

Aprovechó además el acto para mostrar su oposición a los desahucios cuando deriven del impago de una deuda hipotecaria, y subrayó que desde hace más de un año, por iniciativa del Colegio de Abogados de Tarrasa, los letrados han organizado centros de asesoramiento para los afectados en toda España. En ese sentido, subrayó la presión social, y hechos como el suicidio este fin de semana de una mujer en Barakaldo , que han conseguido que los dos principales partidos asuman que debe reformarse la regulación de estos desalojos, por tratarse de 'un error manifiesto'.