Un nuevo Código Penal para criminalizar las protestas, detenciones preventivas de activistas, violentas cargas policiales en manifestaciones pacíficas, amenazas y ataques a quienes pretenden dejar testimonio de los abusos. Todas son medidas relativamente recientes, que coinciden con uno de los periodos de mayor despertar social y movilización en España, pero también en otros lugares del mundo.

Bajo el paraguas de este nuevo contexto represivo se celebra entre hoy y mañana el primer Congreso Internacional contra la Represión, organizado por la defensora de los animales ‘lgualdad Animal', pero que acoge entre los ponentes a periodistas, sociólogos, activistas, profesores y juristas, entre otros, para dar respuesta y analizar las posibilidades reivindicativas ante "la etapa más oscurantista de nuestra democracia". Ha arrancado esta mañana en el Ateneo de Madrid, situado a pocos metros del Congreso de los Diputados y en el día en que se celebra el 34 aniversario de la Constitución. 

"Cada vez que salimos a cubrir una protesta nos encontramos con un contexto que antes no existía. Desde el 15-M hemos descubierto que los derechos fundamentales que antes no se cuestionaban empiezan a ser cuestionados. Desde el Gobierno han hablado de modular el derecho a la manifestación, limitar el de asociación o incluso decir que el derecho a la información es limitado", ha señalado Pilar Velasco, periodista de la Cadena Ser, que ha participado en una de las primeras conferencias para tratar de cerca el caso de las detenciones de los promotores de la iniciativa ‘Rodea el Congreso'.

"Estamos ante la etapa más oscurantista de nuestra democracia" 

"El ciudadano está más presionado que nunca, atrapado entre el poder mediático, financiero y político", ha añadido la periodista, que ha reconocido que desde la profesión se está "tomando conciencia" de que a partir de ahora se tendrán que "asumir riesgos que antes no existían, desde querellas hasta presiones del sistema financiero".

Pero las consecuencias no las padecen sólo los movimientos más recientes. Algunas de las organizaciones que más tiempo llevan en el activismo, como Greenpeace, ponen cifras sobre la mesa: como respuesta a sus actividades, los ecologistas tienen 7 procesos abiertos en marcha con 91 voluntarios implicados, penas solicitadas de hasta tres años de cárcel, multas por una cuantía total de 800.000 euros y 16 activistas en libertad provisional.

"Hay pocas conquistas sociales que se hayan conseguido sin la protesta"

En cualquier caso, la organización teme que la situación se agrave de ahora en adelante si se siguen endureciendo los castigos y la represión aumenta. "El activismo siempre ha tenido consecuencias. No ha salido gratis y siempre hay víctimas. Hasta ahora en Europa eran consecuencias leves, pero cada vez más se dan penas de cárcel o maltrato.", dijo Julián Carranza, director de participación de Greenpeace. "En ningún caso puede utilizarse el Código Penal como instrumento de represión del activismo. No se puede penalizar y criminalizar, hay que decir "no"", añadió.

"Los antidisturbios hacen política". Con esta afirmación ha titulado su ponencia Pablo Iglesias, doctor en Ciencias Políticas y profesor en la Universidad Complutense. Y para demostrarlo ha recurrido a un ejemplo concreto: la movilización antiglobalización que tuvo lugar en Génova en 2001 y en la que murió por disparos de un agente el joven italiano Carlo Giuliani. "Las imágenes demuestran cómo el objetivo de la Policía era buscar un escenario en el que se desatara la violencia y hubiera víctimas, ya fueran agentes o manifestantes", ha relatado Iglesias, que se encontraba en ese momento cerca del lugar de la muerte de Giuliani.

Las imágenes han mostrado como la Policía dejó actuar libremente al conocido como black block (grupo de manifestantes violentos), rompiendo establecimientos, quemando coches y atacando instituciones sin nadie que se lo impidiera. Después, las autoridades utilizaron este pretexto para cargar contra el bloque "desobediente", no-violento, y generar escenarios en los que peligrasen las vidas humanas, tanto de agentes como de manifestantes. Y así fue, se desató una batalla campal que se llevó la vida de Giuliani. "Este modelo represivo fue absolutamente exitoso. Esa violencia dividió y acabó con el movimiento antiglobalización". Y eso es lo mismo que pasa hoy, "el 25-S en Madrid vimos algo parecido. La Policía actúa de forma similar, deja hacer en un momento para luego cargar contra todos."

Pese a todo, los movimientos sociales están lejos de echarse atrás por temor a la represalias. El objetivo parece claro: "Hay pocas conquistas sociales, por no decir ninguna, que se hayan conseguido sin la protesta", afirmó Carranza, que también dejó lugar para la autocrítica. "Las organizaciones somos el último bastión de credibilidad para la sociedad y nos quedan dos telediarios si no somos capaces de articular un discurso común entre todas".

Este Congreso también ha dado cabida un tema "polémico", "invisible" y "ocultado": la tortura en España. "Actualmente se están imponiendo políticas neoliberales al tiempo que se endurece el código penal y se persigue la disidencia" ha comenzado explicando Andrés García, abogado y miembro de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, un conglomerado de colectivos que hacen trabajo en los CIE, con los presos y de observación de los derechos humanos. "Existe un problema social, ir al fondo de la cuestión es un objetivo de las organizaciones, pero sobre todo queremos visibilizar que no se están investigando estos casos".

García ha mostrado varias tablas comparativas hechas a partir de los informes que realizan anualmente en las que se mostraban cómo en 2011, "coincidiendo con la eclosión del movimiento 15-M", se han disparado los casos. Y ha comentado que les "da miedo realizar el informe de 2012, porque hemos visto cómo la represión a la disidencia aumenta cada vez más".

Martxelo Otamendi ha relatado las torturas a las que fue sometido en régimen de aislamiento En este sentido, especialmente preocupados se muestran desde su colectivo por la situación en el País Vasco, donde se ha aplicado en infinidad de ocasiones el régimen de incomunicación en los que "en muchos casos se han denunciado torturas". Y esto, ha añadido, "ha sido reconocido y denunciado por la ONU y el Comité Europeo para la prevención de la tortura".

Para tratar este tema la ponencia siguiente tenía a un invitado muy esperado, Martxelo Otamendi, el director del diario vasco Egunkaria, que fue cerrado por orden del juez Del Olmo en 2003 y sus directivos detenidos, encerrados y, según denuncian, torturados. Y él ha relatado su caso particular, con todos los métodos que la Guardia Civil utilizó contra él: la técnica de la bolsa, golpes, amenazas de muerte o privación del sueño entre otras.

Con todo, Andrés García se muestra convencido de que hay mucho que hacer: "se nota cuando un preso o un inmigrante tienen un abogado que está por la causa y no uno de oficio. Se nota en una penitenciaria donde trabajan asociaciones. El papel de la sociedad civil es fundamental". Para él, "igual que luchamos contra los desahucios, por las libertades civiles, hemos de incluir también las reivindicaciones de las cárceles".