'Ladrones', 'pagadlo' y 'a la cárcel' fueron los gritos más escuchados ayer en las puertas de la Audiencia Provincial de Cádiz, donde comenzó el juicio por la denominada operación Karlos, un caso de estafa a la Seguridad Social para obtener fraudulentamente la incapacidad laboral. Entre la treintena de enjuiciados está María José Campanario, la esposa del torero Jesulín de Ubrique, que se sentará en el banquillo bajo una petición del fiscal de cuatro años y medio de cárcel.

En la primera sesión del juicio, los abogados de los acusados han pedido la nulidad del proceso. El fraude fue descubierto cuando los agentes del Instituto Armado tuvieron conocimiento a través de escuchas telefónicas de que Carlos Carretero, exjefe de la Policía Local de la localidad gaditana de Ubrique, podría encontrarse implicado en una trama organizada dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales, pudiendo estar encargado de captar a personas interesadas en obtenerlas.

Tras las primeras investigaciones, constataron que Carretero estaba confabulado con Francisco Castro, inspector médico, que se apoyaba en determinados facultativos, tanto de atención primaria como especialistas, para expedir bajas e informes médicos falsos con el fin de incorporarlos a la documentación necesaria para iniciar el expediente de incapacidad laboral o por accidente. Castro se encargaba también de supervisar estos documentos previo cobro de dinero.

Sin embargo, tanto el abogado del inspector médico como el de María José Campanario han solicitado la nulidad del proceso al considerar 'nulas' las escuchas telefónicas realizadas en la investigación.

Ambos letrados han defendido que las escuchas realizadas a Carretero, y que motivaron la investigación, no estaban 'motivadas', ya que en el momento en que se realizaron el Instituto Armado investigaba otro caso.