Acudiendo al que ya se ha convertido en leit motiv del PP respecto a Marbella -lo ocurrido 'es un fracaso del control urbanístico' de la Junta- su alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha evitado recoger el guante lanzado un día antes por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo. El lunes, el magistrado se mostró convencido de que en Marbella habrá que demoler aquellas edificaciones que no sólo son ilegales sino que representan 'el urbanismo salvaje'.

Y hoy, en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), el mismo escenario donde el presidente de TSJA proclamó que en algunos casos habrá que 'entrar con la pica', Muñoz ha dado un paso más en su defensa de la amnistía del ladrillo para Marbella: 'Que la solución después de 15 años sean las demoliciones refleja el lamentable y absoluto fracaso de lo que había debido ser el control de las administraciones responsables', ha dicho. Previamente, ha lanzado un dardo al afirmar que el magistrado también se podría haber referido a 'muchos' otros lugares donde han proliferado viviendas ilegales. 'Por ejemplo, Cádiz'.

Según la alcaldesa, habrá que esperar a las sentencias. Pero, en realidad, ya las hay: de hecho, el Gobierno andaluz ya solicitó a finales de 2006 al TSJA y a los juzgados de Málaga la ejecución de nueve fallos que declaraban la ilegalidad de otras tantas licencias. El curso de la UNIA en que ha participado Muñoz gira en torno a la ordenación territorial y la legalidad urbanística. Pero en su conferencia, el asunto de la legalidad brilló por su ausencia.

La paradoja de la tutela

Pacto local y autonomía municipal. De eso, básicamente, ha hablado Muñoz (PP). En los veinte minutos de su intervención previa a un breve coloquio, la regidora marbellí no ha dedicado una sola palabra a explicar cómo piensa afrontar su gobierno local la tarea de restablecer la legalidad urbanística en Marbella. Pero su apelación del 'fracaso lamentable' de los controles de la Junta no le ha impedido defender simultáneamente la necesidad de que los ayuntamientos diseñen la planificación urbanística de sus municipios sin 'tutela' del Ejecutivo autonómico.

'Que existan tutelas en el urbanismo es una invasión de competencias', dijo para más adelante expresar su deseo de que no se produzcan 'injerencias' del Gobierno andaluz durante la tramitación del nuevo PGOU marbellí, redactado por la Consejería de Obras Públicas tras la retirada de competencias al consistorio a finales de2005. Durante los 15 años de mandato del GIL, el PP se mantuvo al margen de las impugnaciones de licencias promovidas por colectivos ciudadanos y por el Gobierno andaluz.