Las detenciones e identificaciones basadas en perfiles raciales son contrarias al derecho español y a la legislación internacional. Sin embargo, según denuncia la organización Amnistía Internacional constituyen una práctica habitual de la Policía en España, que puede llegar a dar el alto a personas que no 'parecen españolas' hasta cuatro veces al día.

Así lo asegura Izza Leghtas, investigadora de Amnistía Internacional, a propósito del informe Parar el racismo, no a las personas: Perfiles raciales y control de la inmigración en España, realizado en abril de 2011 a partir de estudios previos de ONGs y entrevistas con sindicatos policiales, extranjeros y españoles.

Según la legislación española, la Policía puede comprobar la identidad de una persona en vías o espacios públicos cuando está en juego la seguridad, pero el documento apunta que incluso algunas comisarías de Madrid podrían haber asignado cupos semanales o mensuales de detención de inmigrantes con situación irregular. Algo que animaría a los agentes a realizar este tipo de controles basándose en perfiles raciales, ya que es más probable que no tengan documentación.

'No tenemos certeza de instrucciones concretas sobre cupos de inmigrantes (como la que suscitó la polémica en 2009), pero sí de que a ciertas comisarías de Madrid se les han asignado cantidades determinadas de detenciones semanales o mensuales para evaluar su calidad', ha dicho Leghtas señalando que el Sindicato Unificado de Policía y la Unión Federal de Policía han recibido quejas de sus afiliados en este sentido.

'España tiene derecho a controlar la migración, pero no debe hacerlo a costa del derecho de los migrantes y las minorías a la igualdad y la protección frente a la discriminación', ha declarado Izza Leghtas. La investigadora ha insistido en que muchas personas se ven afectadas en su vida cotidiana y 'tienen la percepción de hallarse en vigilancia continua y sienten limitada su libertad de circulación y su disfrute del espacio público'.

El portavoz de Amnistía Miguel Ángel Calderón ha resaltado que el mayor problema es que 'el Gobierno niega esta práctica' y ha instado al próximo ejecutivo a admitir la situación, prohibirla de forma explícita y poner en marcha las medidas necesaria para convertir a España en un referente del tratamiento de la inmigración desde la perspectiva de los derechos humanos.

En declaraciones a Público.es fuentes policiales han asegurado que 'se atienen a la ley' y que también 'se identifica a españoles'. 'Los controles se realizan por diferentes motivos, como para controlar el tráfico de drogas o de personas, y en función de eso cambian las actuaciones', ha dicho un portavoz de la Policía, que no ha querido hacer ningún comentario sobre los cupos semanales que algunas comisarías podrían haber establecido para la detención de inmigrantes irregulares, según apunta el informe. 

No es la primera vez que la Policía española se sitúa en el punto de mira por comportamientos racistas. En 2009 el Comité de Derechos Humanos de la ONU recriminó a España por los controles policiales basados en el color de piel. Fue a raiz de la demanda de Rosalind Williams, una mujer de piel negra a quien la Policía pidió la documentación en una estación de tren de Valladolid, sin requerir la identificación de ninguna persona más de las que se encontraban allí, incluyendo a su marido, de tez blanca. Después de que todos los canales de la justicia española rechazasen su denuncia, Williams recurrió la ONU, que finalmente le dio la razón.