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Las autonomías atizan el debate sobre los recortes sanitarios

El presidente de Murcia (PP) reclama el copago. Sanidad rechaza de plano aplicar tasas sobre la asistencia

ANTONIO GONZÁLEZ

El debate sobre el copago y otras fórmulas para recortar el gasto sanitario vuelve a avivarse, esta vez de la mano del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, del Partido Popular. Después de que el mes pasado se filtrara un documento interno de la Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP, sobre la posibilidad de recortar o aplicar copagos en una veintena de prestaciones, Valcárcel reclamó ayer, ante la atenta mirada de Mariano Rajoy, que los ciudadanos asuman parte de los costes de sanidad y educación. 'Es necesario plantear que los ciudadanos también tengan que asumir parte de estos costes, en el porcentaje que sea', dijo en un encuentro organizado por Abc.

Las declaraciones de Valcárcel encontraron pronta respuesta en el Ministerio de Sanidad, cuya titular, Leire Pajín, aseguró en la Cadena Ser estar 'profundamente preocupada' por el anuncio. 'Este Gobierno y esta ministra están dispuestos a abordar todos los debates que sean necesarios para hablar de la sostenibilidad [de la sanidad], pero lo que no estamos dispuestos es a dar ni un solo paso atrás en toda esta gran conquista que ha hecho el Estado de bienestar', dijo Pajín, que criticó que Rajoy 'asintiera' o al menos no contradijera a Valcárcel, algo que sí se apresuraron a hacer después otros dirigentes del PP.

Es el caso de su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, que enmendó la plana a Valcárcel afirmando que su partido 'no es partidario de establecer el copago ni en sanidad ni en educación', ya que 'deben ser universales y gratuitas para todos'. La exministra de Sanidad Ana Pastor aseguró que el PP 'ha estado, está y estará' en contra del copago sanitario.

Por si acaso, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, se preguntaba ayer si el copago forma parte del programa del PP y emplazó a Valcárcel a decir qué haría con el dinero recaudado. 'Me gustaría que dijera si quiere que esos recursos que se incorporarían por copago vayan a pagar carreteras y palacios de congresos o se queden en sanidad', indicó Martínez Olmos a este diario. Y es que, según recordó, con el modelo actual el dinero extra 'iría a la Consejería de Hacienda y los ciudadanos deben saber que allí no hay garantía de que termine en sanidad'. 'Ya está bien de usar la sanidad para recaudar', agregó el responsable de Sanidad, que está convencido de que el PP 'está enseñando la patita porque [el copago] es en el fondo lo que quiere hacer'.

En cualquier caso, el secretario general de Sanidad afirmó que el copago 'perjudica a los ciudadanos, sobre todo a los que tienen menos recursos y más enfermedades'.

En este contexto, y teniendo en cuenta que la sanidad pública cuesta unos 1.500 euros por habitante y año, el secretario general de Sanidad considera 'sonrojante' que alguien, en referencia a Valcárcel, diga que 'esto no se puede pagar'. Para Martínez Olmos la sanidad es 'una de las inversiones más eficientes del mundo desarrollado' y además se cumple la máxima de que 'paga más el que más tiene'.

Esto no es óbice, según él, para que no se deban adoptar medidas de control de gasto, como ha ocurrido con el recorte de la factura farmacéutica, que ha supuesto un ahorro de 4.500 millones, o la rebaja salarial de los funcionarios, sin olvidar las 'políticas de austeridad' que deben emprender las autonomías. En cualquier caso, a juicio de Martínez Olmos, es necesario plantear el 'debate de los impuestos', si bien sobre la sostenibilidad del Estado del bienestar en su conjunto, no sólo de la sanidad.

Pero además del debate sobre el copago, y mientras los expertos debaten sobre la sostenibilidad futura del Sistema Nacional de Salud (SNS), las comunidades ya están tomando medidas por su cuenta o estudiando cómo reducir la factura del gasto sanitario, que representa como media el 44% del PIB de las autonomías y sigue subiendo.

Así, en Catalunya el Gobierno de CiU ya ha anunciado recortes concretos en hospitales; mientras que Galicia ha adoptado un catálogo propio de fármacos excluyendo algunos de la financiación ante la indignación del Ministerio, que ha llevado el tema al Constituciónal.

Otras han adoptado medidas técnicas en materia farmacéutica que, sin armar tanto revuelo y por la vía de los hechos, persiguen un fin similar al del catálogo gallego: reducir la factura farmacéutica y por ende el gasto sanitario. Es lo que ocurre con Castilla-La Mancha, que hace pocos días anunciaba la retirada de 147 fármacos del sistema de receta electrónica, lo que en la práctica redundará en la desviación de la prescripción hacia fármacos más baratos. Andalucía, por su parte, obliga a los pacientes a ir al hospital a por 250 fármacos que han dejado de estar disponibles en las farmacias.

La industria farmacéutica denuncia además que en País Vasco y Cantabria hay medicamentos de marca que pierden su denominación una vez que llegan a la receta electrónica para que la prescripción se haga por nombre científico y así sea más barata.

El debate sobre el control del gasto sanitario está, en definitiva, más vivo que nunca, y la mayoría de los expertos abogan por tomar medidas cuanto antes para atajar un déficit cifrado entre 10.000 y 15.000 millones de euros. No obstante, hay profundas divergencias sobre el camino a seguir, como se puso de manifiesto ayer en un debate sobre financiación sanitaria organizado en Madrid por la Fundación Bamberg y laboratorios Lilly.

Desde reactivar el fracasado pacto de Estado por la sanidad, pasando por el recorte de las prestaciones más caras, una recentralización competencial o el propio copago, existen distintas fórmulas para abordar el problema, aunque, según los expertos, falta voluntad política.

A su juicio, habrá que esperar a que pasen las elecciones para tener más noticias sobre el déficit real y las medidas que pretenden tomar las comunidades. Por ejemplo, para Luis Ángel Oteo, de la Escuela Nacional de Salud, la situación es 'verdaderamente crítica desde el punto de vista financiero'. Este experto cree que estamos ante un 'final de ciclo' y ve necesario un pacto de Estado, aunque reconoce que 'será difícil resucitarlo' con el actual 'clima político adverso'. También cree que hay que replantearse el actual esquema competencial ('no son tiempos para egoísmos ilustrados desde las comunidades') y que ha llegado el momento de reformar el actual copago farmacéutico: 'Es injusto e inequitativo'.

Desde el Tribunal de Cuentas, el consejero Juan Velarde lo tiene claro: hay que recuperar el 'monopolio de compra' del sistema sanitario, ya que tener 17 sistemas distintos [en referencia a las autonomías] 'rompe la capacidad de negociación' frente a los proveedores e impide ahorrar. Por ello, la solución pasa, a su juicio, por la 'recentralización, y nada más'.

Para el exministro de Sanidad socialista Julián García Vargas, una de las soluciones pasa por establecer copagos en prestaciones 'que no están muy justificadas' o son 'costosísimas', como la reproducción asistida. Mientras, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, Guillem López-Casasnovas, aboga por establecer tasas o copagos para incrementar los ingresos públicos, como ocurre en otros ámbitos como la universidad. Ambas posibilidades son rechazadas de plano por Sanidad. 'Recortar prestaciones es un error y no estar abierto a las nuevas es un error también porque podría hacer que los ciudadanos no quisieran el sistema', señala Martínez Olmos, que se pregunta sobre el copago: '¿Qué sería de esta sociedad, con la crisis que hay, si la sanidad hubiera que pagarla?'.

2.400 euros: fecundación in vitro

En un documento interno conocido el mes pasado, la Comunidad de Madrid detallaba el coste de distintas prestaciones para evaluar el impacto de su posible recorte o copago. Una de ellas es la fecundación in vitro, que tiene un coste de hasta 2.400 euros por ciclo, con un máximo de tres ciclos por mujer (7.200 euros).

93 euros: vacuna del papiloma

Madrid puso en 2010 un total de 63.515 dosis de la vacuna contra el papiloma humano. Excluirla supondría ahorrar casi seis millones de euros en la Comunidad.

10 euros: dieta hospitalaria

Alimentar a los pacientes según la dieta prescrita tiene un coste de unos diez euros por paciente. Aplicar un copago en este capítulo, como valora en su documento la Comunidad de Madrid, permitiría reducir parte de los casi 40 millones de euros que se gastan al año en dar de comer a los pacientes.

2.055 euros: ligadura de trompas

Esta prestación, que según el documento 'no responde a necesidades de salud, sino de control de la natalidad', costó a la sanidad madrileña en 2009 un total de 6,6 millones (2.055 euros por paciente).

16.070 euros: cambio de sexo

Las actuaciones relacionadas con el cambio de sexo supusieron un coste de más de un millón de euros en 2009. Sólo las cirugías a los 21 pacientes intervenidos supusieron más de 337.000 euros (16.069 por paciente).

1.290 euros: diagnóstico por pet

Cada diagnóstico corporal con tomografía por emisión de positrones (PET) cuesta 1.290 euros, una cantidad que baja a los 970 si sólo se mira el cráneo.

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