El debate sobre la renovación del Tribunal Constitucional vuelve a enfrentar a los dos principales partidos políticos, tal y como ha evidenciado este jueves el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien ha señalado al PP como único 'culpable' de esta situación.

El titular de Justicia considera que la renovación se debería de producir 'lo antes posible', aunque esto 'nada tiene ue ver' con la legitimidad del Tribunal para dictar sentencia sobre el Estatut. Así lo ha asegurado en declaraciones a la Cadena SER, donde ha acusado a los conservadores de hacer 'sus cálculos estratégicos' sobre la cuota de reparto de poder en el Constitucional e 'hizo todo lo posible para que sólo saliesen dos candidatos'. Caamaño ha asegurado que alcanzar un acuerdo 'es imposible si el PP no tiene plena disposición para hacerlo'. 

Por otro lado, el ministro se ha referido a las declaraciones del president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, que ayer acusó al Constitucional de venderse a una de las partes. Palabras con las que Caamaño discrepa 'absolutamente', ya que asegura que los magistrados han sido elegidos por su 'especial trayectoria profesional'. 'El hecho de sentarse después de tantos años de trabajo en un Tribunal Constitucional no los hace ni de uno ni de otro, siguen teniendo su criterio', asegura.

Caamaño también ha aludido a la polémica en torno al caso de Najwa, la alumna de 16 años cuyo instituto le prohibió el acceso por portar un velo cubriéndole la cabeza, ha suscitado la reacción del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien ve este hecho como un signo de la necesidad de generar una nueva Ley de Libertad Religiosa. 

El ministro ha asegurado que 'no son lo mismo los símbolos religiosos en los espacios públicos de servicio estatal que los que pueda portar una persona que comparece en un espacio público'. 'Todo el mundo entiende que no es lo mismo un burka que un velo', ha dicho Caamaño, quien ha apostado por 'una convivencia dentro de la proporcionalidad'. 

El titular de Justicia cree que la Ley de Libertad Religiosa 'es cada día más necesaria' y que ésta 'debe clarificar' los parámetros de permisividad de los símbolos religiosos en los espacios públicos. Precisamente uno de los aspectos que la ley debería regular es el referido a los protocolos de los funerales de Estado. Una de las soluciones que plantea Caamaño es 'integrar varios ritos o establecer un protocolo civil de actos de Estado'.

Caamaño entiende que hay personas que no obedecen a la religión católica y que también tienen derecho a que el Estado les rinda tributo. 'Se valoran las dos opciones', asegura el ministro, 'porque se está viendo y evaluando cuántas Iglesias tienen arraigo en nuestro país'. Sin embargo, es una decisión que aún 'no está cerrada'.