La Generalitat Valenciana pagó 15 millones de euros al arquitecto Santiago Calatrava por el diseño de una obra que no llegó ni a iniciarse. Los pagos se hicieron, además, a pesar de que los obstáculos para la realización del proyecto ya se conocían. Los edificios por los que cobró el arquitecto son las llamadas Torres de Calatrava, tres rascacielos de lujo con los que Francisco Camps, presidente de la Generalitat hasta su dimisión el pasado julio por su imputación en el caso Gürtel, pretendía completar la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

Hasta ahora, se conocía que el arquitecto había cobrado 2,5 millones de euros por su redacción del proyecto de las torres. Ayer, fue la Fiscalía de Valencia la que desveló que los pagos habían ascendido hasta los 15 millones. En el mismo documento, el Ministerio Público señaló que no veía delito alguno en estos pagos y que, por tanto, archivaba la investigación al respecto que inició el pasado mes de abril.

En su escrito, la Fiscalía también enumera los obstáculos que había para la construcción del proyecto. Son 'problemas jurídicos' en torno a la titularidad de las parcelas debido a un conflicto con los propietarios que el Tribunal Supremo resolvió a favor de estos y en contra de la Generalitat y el hecho de que el terreno se hallaba en la senda de aproximación al aeropuerto de Manises. Estos problemas ya se conocían cuando se hicieron los pagos. Aun así, la empresa pública encargada del proyecto, CAC.SA, facilitó igualmente los 'cheques nominativos' al arquitecto, según detalla el escrito fiscal.

El último de estos cheques, de más de seis millones de euros, es de 2007. Para entonces, la Sindicatura de Comptes el equivalente autonómico al Tribunal de Cuentas ya había reprochado a la Generalitat que hubiera pagado 2,5 millones al arquitecto: 'A la vista de las dificultades existentes para la ejecución del proyecto (...), se echa en falta la elaboración por parte de CAC.SA de un estudio de necesidades justificativo de la contratación a efectuar'. Esta recomendación no impidió que Calatrava siguiera cobrando puntualmente. Según afirmaron ayer fuentes de la Conselleria de Turisme, de la que ahora depende CAC.SA, los 15 millones 'eran los honorarios que figuraban en el contrato por la redacción del proyecto, y cuando se firma un contrato lo correcto es cumplirlo'.

La investigación comenzó tras una denuncia de EUPV (las siglas de Izquierda Unida en el País Valencià). Este partido llevó a la Fiscalía varios indicios de irregularidades en la relación del arquitecto con el Gobierno de Camps. En total, el arquitecto ha cobrado 18 millones de euros por obras que nunca llegaron a realizarse. Además de los 15 correspondientes a las Torres, Calatrava se embolsó 2,7 millones. El resto, lo cobró por redactar el proyecto de la reordenación de la dársena del puerto de Torrevieja.

En el documento hecho público ayer, referido al caso de las Torres, la Fiscalía explica que no ve indicios de delito. Afirma que el contrato fue legal, y que el arquitecto cobró las cantidades que habían sido pactadas: 2,5 millones en concepto de anticipo, y el resto por las maquetas, los planos y la redacción del anteproyecto y proyecto básico. La Fiscalía afirma que no es de su competencia valorar la 'oportunidad' o la 'legitimidad' de un gasto, ni ninguna otra valoración política. No existe, explica el Ministerio Público, 'la figura delictiva del derroche de dinero público'.