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Casas se despide con duras críticas a los partidos por bloquear el TC

Denuncia el retraso de más de tres años en la renovación del tribunal que supone "un incumplimiento grave de la Constitución que perjudica la democracia"

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María Emilia Casas puso ayer fin a sus 12 años en el Tribunal Constitucional, seis como presidenta, con un discurso jalonado de críticas y propuestas de reflexión para la clase política. Lo centró en el 'notorio retraso de más de tres años, el mayor de la historia de este tribunal', con el que se ha producido la renovación de un tercio de sus magistrados, los elegidos a propuesta del Senado que ayer tomaron posesión: Adela Asúa, Luis Ignacio Ortega, Francisco José Hernando y Francisco Pérez de los Cobos, los dos primeros elegidos a propuesta del PSOE y los otros dos, del PP.

Los magistrados que corresponden al Congreso, entre los que se incluye la vacante creada por el fallecimiento de Roberto García-Calvo, debían haber sido sustituidos en noviembre, pero aún no lo han sido. Por eso la presidenta no sólo reiteró al jefe del Ejecutivo y a los diputados 'la necesidad apremiante de que se complete cuanto antes la renovación del tribunal', sino que también dijo que la 'tristeza' por la muerte de García-Calvo 'se ahonda ante la constancia de que el Congreso no ha encontrado el tiempo preciso para cubrir su vacante'.

Aboga por modificar los reglamentos de las Cortes para cumplir los plazos

El discurso de Casas, que varios magistrados dijeron que compartían todos los miembros del TC, 'incluidos los entrantes y los salientes', comenzó con una dura crítica a la situación que vive el tribunal. 'Ni aquel retraso ni esta composición11 magistrados en vez de los 12 que prevé la Carta Magna son, como es obvio, conformes con la Constitución, por lo que nunca más deberían volver a producirse', señaló.

'Sin atribuir culpas ni repartir responsabilidades, me permito afirmar que el incumplimiento de los plazos para que las Cámaras procedan a la renovación del tribunal no es bueno para nadie. No hacerlo así supone un incumplimiento grave de la Constitución, que perjudica la calidad de nuestra democracia', aseguró Casas.

Añadió que 'si los procedimientos previstos por los reglamentos de las Cámaras no consiguen que se cumpla la Constitución, habrá que modificarlos'.

Dice que el fallo del Estatut se produjo en un clima de crispación

El retraso en la renovación, que 'a nadie favorece y a todos perjudica', tiene una especial consecuencia en la legitimidad del propio tribunal, que 'se ve empañada si las designaciones no se llevan a cabo en el momento previsto y quedan embarradas por todo tipo de cábalas y supuestas negociaciones políticas llevadas a cabo al margen del Parlamento'.

Y, en cuanto a la elección de magistrados, recordó que la Constitución prevé una mayoría de tres quintos para 'evitar tentaciones de una mayoría política coyuntural' al obligar a buscar el consenso entre las fuerzas políticas. 'Cualquier reparto de puestos, sin atender a las cualidades de cada uno de los candidatos, sería una vulneración del mandato constitucional tan grave como el retraso en proceder a la renovación', señaló.

Lamenta que no se respete la paridad en la designación de nuevos miembros

Acabado ese punto, en el que todas las cabezas se giraron hacia el juez Enrique López, al que el PP quiere aupar al Constitucional y el PSOE se niega, la presidenta se centró en la siguiente reivindicación: 'Aunque en el fondo de cada proceso planteado ante nosotros lata siempre un problema político, la única solución que podemos darle es siempre y estrictamente jurídica'.

Por si no era suficiente defensa de su labor y la de sus compañeros en el Constitucional, Casas agregó: 'Los magistrados estamos solos ante nuestra ciencia y nuestra conciencia. No representamos a nadie: ni al órgano que nos ha elegido, ni a la fuerza parlamentaria que tomó la iniciativa de proponer nuestro nombre como candidato, ni al lugar donde nacimos o donde hemos desarrollado nuestra vida profesional'.

Desde que en 2004 se produjo la anterior renovación y Casas asumió la Presidencia, el Constitucional ha enjuiciado 156 normas con rango de ley del Estado y 126 de comunidades autónomas. Destacó el plan Ibarretxe, que fue anulado, y el Estatut de Catalunya, que vio caer 14 artículos y la interpretación de otros 27.

Aquí aprovechó para referirse a las críticas sufridas por el Constitucional en relación con esta resolución. 'Los dicterios [insultos] se denigran a sí mismos. Pero sí convendría que cuando una persona, en el ejercicio de un cargo público, realiza declaraciones lo haga con la mesura y el respeto a la institución que ella misma merece', afirmó justo antes de calificar de 'a todas luces excesivo' el grado de crispación que ha rodeado el asunto.

Y es que fue precisamente durante la tramitación del recurso del Estatut cuando se hizo 'un uso abusivo de la recusación de magistrados', práctica sobre la que, a su juicio, el legislador debería reflexionar.

En el repaso a la jurisprudencia creada no faltó la ilegalización de partidos políticos que apoyan la violencia terrorista y hasta la paridad de las listas electorales, lo que le dio pie para lamentar que ayer tomara posesión sólo una mujer, la cuarta magistrada de los 49 que han servido en el TC.

El colofón al acto, justo después de que una Casas emocionada recibiera un fuerte aplauso, lo puso su sustituto en funciones al frente del tribunal, Javier Delgado, quien declaró constituido el TC con la coletilla: 'Se levanta la sesión dejando constancia de esta anómala situación'.

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