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CATALUNYA

El Govern presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del ingreso mínimo vital

El Consell de Garanties Estatutàries dictamina que varios artículos de esta ley vulneran las competencias de la Generalitat.

La portavoz del Govern en funciones, Mertixell Budó.
La portavoz del Govern en funciones, Mertixell Budó. GOVERN

La Generalitat de Catalunya ha aprobado este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra diferentes artículos del Real Decreto ley de creación de Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Gobierno, después de que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) haya concluido que vulneran competencias del Estatut.

En rueda de prensa telemática posterior al Consell Executiu, la portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, ha explicado que las negociaciones con el Gobierno no permitieron llegar a un acuerdo. 

Puesto que todavía no se ha alcanzado un acuerdo en el marco de estas negociaciones, la Generalitat ha optado ahora por presentar el citado recurso de inconstitucionalidad, dado que se acerca la fecha límite para poder hacerlo, el 3 de marzo. 

Según el relato del Govern, el Ejecutivo catalán ha remitido al ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "una propuesta concreta de convenio de traspaso, con la correspondiente valoración económica y una propuesta de implementación".

El ministerio, sin embargo, respondió a ese documento con "propuestas que no suponían un traspaso de la competencia sino una simple colaboración administrativa".

También ha precisado que la decisión de presentar este recurso no tendrá "ningún impacto negativo en la ciudadanía porque no frena la gestión de la prestación".

Según Budó, el Estatut regula la competencia "exclusiva" de la Generalitat en materia de servicios sociales, como la regulación y la ordenación de la actividad de los servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementarias de otros sistemas de previsión pública.

También ha reivindicado que Catalunya tiene la competencia exclusiva en el ámbito de las prestaciones sociales, por lo que consideran que el IMV debe coordinarse con el sistema de protección social de Catalunya y con la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Críticas al gobierno 

"Con el decreto ley, el Gobierno altera el marco de acción de la red de servicios sociales de Catalunya al modificar en parte la estructura con la que se aplican las políticas de inclusión social y los consensos que en esta cuestión se han gestado en Catalunya", ha subrayado.

Así, Budó ha acusado al Gobierno de dar "un paso en falso al ignorar que el Estatut establece que el Govern reconoce y gestiona en exclusiva las pensiones no contributivas"