La compra de coca con el fondo de los ERE pone en aprietos a la Junta

El caso ERE, un escándalo que ha revelado un millonario desvío de fondos públicos andaluces, mostró su cara más insultante al conocerse que parte del dinero acababa supuestamente en drogas, fiestas y caprichos para el personaje clave de la trama, el exdirector de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.

Juan Francisco Trujillo, que fue chófer de Guerrero, declaró el 15 de diciembre de 2011 ante la Policía en Andújar (Jaén) que en 2004 recibió dos subvenciones por valor de 450.000 euros cada una de parte de Guerrero, director general de Trabajo de 1999 a 2008. Según el acta de la declaración, publicada hoy por El Mundo y ABC, "una tarde en un local de copas, a los que era muy aficionado' el Sr. Guerrero [...], este le comentó [a Trujillo] la potestad que él tenía como director general para conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada".

Cospedal apunta a Chaves, presidente cuando ocurrieron los hechos, y a Griñán

El chófer afirma que Guerrero le sugirió crear empresas para recibir las ayudas. Él montó dos: Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial. Cada una recibió 450.000 euros. La documentación la preparó "en dos folios" el propio Trujillo, según su declaración, y se la dio "en mano" a Guerrero. Hasta el día de su declaración, la Administración no le había reclamado el dinero, que debía servir para la promoción de proyectos empresariales como un negocio de casas rurales, entre otros, pero que en ningún caso se dedicó a tales fines.

La ayuda salió de lo que el propio Guerrero llegó a definir ante la Policía como "fondo de reptiles", una partida de 647 millones repartidos sin apenas control. De ese fondo se pagaron, por ejemplo, las pólizas de 72 prejubilados en ERE que nunca trabajaron en las empresas por las que se jubilaron, entre ellos la suegra del propio Guerrero. También se pagó a ayuntamientos del PSOE, empresas amigas... Tanto la Policía como la jueza de Sevilla Mercedes Alaya ponen bajo sospecha el uso de los 647 millones. Alaya lleva meses intentando dirimir la responsabilidad del Consejo de Gobierno de la Junta, incluido el actual presidente, José Antonio Griñán, por su papel como consejero de Hacienda de Manuel Chaves.

La declaración de Trujillo aporta detalles hirientes que ponen en apuros al Gobierno andaluz y al PSOE a escasas fechas de las autonómicas (finales de marzo). Trujillo declaró que con parte del dinero compró un terreno en la sierra y un piso en Sevilla. Otra parte se la dio en mano a Guerrero, para el que empezó a trabajar a finales de 2002 y con el que trabó "amistad". Otra parte la empleó, "a solicitud de Guerrero", para comprarle "material de telefonía, artículos de música, antigüedades, ropa y otros". "Y la mayor parte según Trujillo la dedicó a comprar cocaína para su jefe y para él. Y a otros gastos como ir de fiesta y de copas".

Elena Valenciano (PSOE) reclama al denunciante que «lo demuestre»

Dinero para paliar el drama del desempleo que acaba en juergas a costa del contribuyente. Escándalo político asegurado. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pidió a quien era presidente entonces (Chaves) y a Griñán responsabilidad por el uso del dinero "para menesteres poco edificantes". Según Cospedal, los candidatos a liderar el PSOE deben pedir explicaciones a ambos. A Griñán le atribuyó una "responsabilidad grandísima". El número dos del PP andaluz, Antonio Sanz, calificó los hechos como "indecentes, impresentables e intolerables".

El PSOE federal intentó minimizar el impacto de la declaración. La dirigente Elena Valenciano la puso en duda. "Cuando lo demuestre podremos hablar", declaró. No obstante, las palabras de Trujillo, imputado por dos presuntos delitos de fraude de subvenciones, son más una confesión que una acusación y dada su verosimilitud podrían constituir una prueba en sí mismas.

El portavoz del PSOE andaluz Mario Jiménez recordó que los hechos concuerdan con la versión oficial de los socialistas, que cargan la responsabilidad en Guerrero. "La información demuestra que no estamos ante ningún caso de corrupción generalizada, sino ante un comportamiento indebido de una persona", dijo Jiménez, que no pidió pruebas a Trujillo sino que expresó su "más rotunda condena y repulsa".