MADRID.— Las comunidades autónomas del régimen general –todas excepto el País Vasco y Navarra— contarán con un nuevo sistema de financiación para el ejercicio presupuestario de 2018, según se ha acordado en la recta final de la VI Conferencia de Presidentes que se ha clausurado a última hora de la tarde de este martes en la sede del Senado en Madrid.

Se trata de un acuerdo que ya venía precocinado desde las reuniones preparatorias de esta cumbre autonómica, la primera que se celebra desde 2012. En la reunión, las comunidades más pobladas –no han asistido los presidentes de Catalunya ni del País Vasco– han presionado para que el acuerdo se concretase en el tiempo.

Así, Andalucía, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia e incluso Castilla-La Mancha, fundamentalmente, han presionado para que a lo largo de este año de 2017 se elabore un nuevo sistema de financiación autonómica para que esté vigente en los presupuestos generales del estado y de las comunidades autónomas para el siguiente ejercicio, es decir en 2018.

El acuerdo, ha explicado tras la reunión el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, contemplará los efectos del nuevo sistema con respecto al actual ejercicio presupuestario. Otras comunidades reivindican que se tenga en cuenta ese efecto desde 2014, año en el que concluyó el actual sistema vigente y que se mantiene prorrogado.

Fuentes de la reunión se han mostrado confiadas en que Catalunya “se integre" en los trabajos de la comisión de expertos que elaborará la propuesta del nuevo sistema de financiación

El mecanismo de elaboración del nuevo sistema se encargará a una comisión de expertos que estará integrada por un representante de cada comunidad y también del Gobierno. La propuesta deberá ser respaldada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, finalmente, aprobada en forma de ley por el Congreso y el Senado. Todo ello en este año, según ha confirmado el propio presidente Rajoy.

Fuentes de la reunión se han mostrado confiadas en que Catalunya “se integre" en los trabajos de la comisión de expertos que elaborará la propuesta del nuevo sistema de financiación. Este extremo también ha sido comentado por el president Puig: “Estoy convencido de que lo harán”, ha dicho.

El debate más intenso, ya con las propuestas encima de la mesa, se ha producido en la sesión vespertina, en la que cada comunidad ha puesto sus cartas boca arriba. Andalucía, Comunitat Valenciana, Madrid y Murcia han sido las más beligerantes sobre la necesidad “urgente” de disponer de un nuevo sistema de financiación.

Por su parte, tanto Feijoo —Galicia— como Herrera —Castilla y León— se han mantenido más reticentes ya que supeditaban expresamente un nuevo sistema de financiación al elemento meramente territorial, no tanto en el coste de los servicios sociales asumidos, fundamentalmente educación, sanidad y dependencia.

Andalucía, Comunitat Valenciana, Madrid y Murcia han sido las más beligerantes sobre la necesidad “urgente” de disponer de un nuevo sistema de financiación

En cualquier caso, el hecho más relevante de este cónclave es la coincidencia entre comunidades gobernadas por el PSOE y el PP en la urgencia de contar con una nueva financiación del Estado autonómico, una de las reivindicaciones más generalizadas.

La VI Conferencia de Presidentes también ha respaldado la “agenda” elaborada previamente para dotar de contenido sus resultados. Así, habrá una mayor coordinación sobre protección civil, se pondrá en marcha una tarjeta “social” para identificar a los usuarios de bonos sociales con independencia de la comunidad en la que se resida y se unificarán criterios para definir situaciones de pobreza energética.

No ha habido acuerdo sobre imponer una armonización fiscal —evitar “vacaciones” fiscales o desgravaciones unilaterales— a la que se oponía de forma beligerante, entre otros, la presidenta madrileña Cristina Cifuentes.

Por el contrario, se han introducido elementos nuevos, como por ejemplo un acuerdo para debatir posiciones comunes contra la violencia de género, a propuesta de la Comunitat Valenciana. Ese tema será objeto de una próxima reunión específica de la comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.