Un tren es una UTA, la parte de abajo del vagón es el bogie y el sistema operativo de las cajas negras es el MSDOS. Los familiares de las víctimas del accidente de metro de 2006 en Valencia no son técnicos ferroviarios, pero en los últimos cinco años han aprendido a hablar en el argot de esta profesión. Ha sido a fuerza de estudiar por su cuenta las razones del accidente: de releer los informes de los peritos y buscar e interrogar a los trabajadores de FGV, el ente de la Generalitat Valenciana que gestiona el metro. Así, hace tiempo que llegaron a la conclusión de que la investigación fue "un carpetazo vergonzoso", según la presidenta de la asociación de víctimas, Beatriz Garrote.

Ayer se cumplieron cinco años desde el siniestro. El descarrilamiento de un convoy de la línea 1 dejó 43 muertos y 47 heridos. En los meses siguientes, hubo dos investigaciones. La primera fue una comisión en Les Corts Valencianes promovida por el PP. Se llevó a cabo en tiempo récord: 32 comparecientes declararon en cuatro días. La conclusión fue que no se podía exigir responsabilidades políticas al Gobierno de Francisco Camps, ya que el accidente se había debido a un fallo del conductor, que también murió. La oposición calificó de "fraude" la comisión, porque el PP hizo valer su mayoría para rechazar algunas comparecencias, como la de expertos de metros de otras ciudades.

Cinco años después, las víctimas convocan todos los meses una protesta

Por su parte, la investigación judicial tuvo como prueba principal el informe de un perito de ADIF que concluyó que el exceso de velocidad en la curva de 81 kilómetros por hora frente a los 40 permitidos era causa suficiente para el accidente. El informe afirmó que no había defectos en la vía ni en el vagón. La juez archivó la instrucción.

¿Caso cerrado? No para los familiares de las víctimas. En estos años, han encontrado muchos puntos oscuros a través de testimonios de trabajadores de FGV. "Venían a contarnos cosas porque pienso que se les caía la cara de vergüenza", explica Enric Chulio, que perdió a su esposa en el accidente. Así supieron, aseguran, que las ventanas no estaban bien selladas y por eso los cuerpos salieron despedidos del vagón. O que había un pequeño bache en el firme.

Los familiares creen que hubo irregularidades que no se investigaron

Además, reprochan a la jueza del caso, Nieves Molina, que basara gran parte de su investigación en los datos aportados por FGV, que era precisamente la parte investigada. Hubiera bastado, asegura Chulio, con que el tribunal hubiera ahondado en los indicios de irregularidades con la misma perseverancia con que lo hicieron las víctimas. La jueza declinó la invitación de este diario de contestar a una entrevista. En un correo electrónico señaló: "Las cuestiones de fondo quedaron resueltas y las partes personadas estuvieron debida y cumplidamente informadas". Por su parte, FGV niega cualquier intento de ocultar información, y sostiene que la línea 1 estaba en buenas condiciones: "Es cierto que no tenía los mismos sistemas de seguridad que otras más modernas de Valencia, pero tenía las adecuadas para sus características, y así lo dejó dicho el auto judicial".

Cinco años después del accidente, la asociación de víctimas sigue concentrándose cada mes en el centro de Valencia. "La frustración por la instrucción del caso te impide cerrar el duelo", lamenta Chulio. Se sienten agraviados por Francisco Camps, que nunca quiso recibirlos. Desde la Generalitat, responden que les proporcionaron atención psicológica y que percibieron con rapidez las indemnizaciones. Añaden que el presidente sí mantuvo una reunión con el que era entonces presidente del colectivo, Enric Chulio.

El afectado todavía se siente humillado cuando lo recuerda: "Me llamaron para que acudiera a la Generalitat ese mismo día, sin aviso previo, yo solo. Apareció Camps, y yo le expliqué que lo que quería es que recibiera a todas las familias en una reunión normal". Cuenta que el presidente le respondió "ya lo iremos viendo". Y hasta hoy.