El Gobierno español deberá dar explicaciones la semana que viene en Naciones Unidas por el acoso al juez Baltasar Garzón y por las dificultades de investigar los crímenes del franquismo. El organismo internacional ha puesto el foco en España y los expedientes sobre la causa del franquismo se acumulan: ya hay seis entes de la ONU donde se debate la situación originada por el acoso al juez.

España se somete el miércoles de la semana que viene por vez primera al examen sobre derechos humanos que realiza en Ginebra Naciones Unidas a todos sus miembros. El ejercicio se instauró en abril de 2008 y consiste en una evaluación detallada de la situación de los derechos humanos en cada país por lo menos una vez cada cuatro años.

Las ONG han hecho de lobby' con varios países para presionar a España

El proceso toma como punto de partida un documento elaborado por el propio país, al que se suman luego las aportaciones de los distintos organismos de Naciones Unidas y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que remiten a Ginebra sus análisis, aunque luego no tienen derecho a intervenir el día del examen.

La delegación española estará encabezada por la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, adscrita a Presidencia, y contará con técnicos de varios ministerios, que deberán someterse a las preguntas del Consejo de Derechos Humanos.

Human Rights Watch pide que interceda el Alto Comisionado

La primera comparecencia española, el próximo miércoles, coincidirá con el estupor internacional provocado por la instrucción del Supremo contra Garzón por supuesta prevaricación en la causa de los crímenes franquistas. Y aunque el material -tanto el del Gobierno español como el de las ONG- se envió hace meses, todas las partes dan por seguro que España tendrá que dar explicaciones por el acoso a Garzón y quizá también por la Ley de Amnistía de 1977 y la dificultad de investigar en los tribunales españoles los crímenes del franquismo.

"Sabemos que el asunto muy probablemente saldrá y estamos preparando las repuestas con la tranquilidad que da el saber que no se está cometiendo ninguna violación de los derechos humanos. Al contrario, la situación de España es muy positiva", explica uno de los diplomáticos que está preparando la comparecencia de España.

El documento que remitió a Ginebra Amnistía Internacional ya incorporaba las dificultades para llevar a cabo las exhumaciones tras ser apartado Garzón de la causa. Pero la instrucción del Supremo en su contra ha movilizado a la ONG de derechos humanos, que ha intensificado su labor de lobby para asegurar que España deberá responder a estas cuestiones incómodas ante el Consejo de Derechos Humanos.

En las últimas semanas, la ONG se ha entrevistado con diplomáticos de Bélgica, Reino Unido, Holanda, India, Chile y Suráfrica, entre otros, para subrayar la gravedad de lo que está sucediendo en España.

Para la diplomacia española, el caso Garzón y el súbito interés por la Ley de Amnistía y los crímenes del franquismo supone un contratiempo inesperado. España esperaba capitalizar los avances en derechos humanos desde la Ley de Igualdad hasta el matrimonio homosexual, entre muchos otros puntos para ganar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos, que se renueva el 13 de mayo.

En cambio, ahora se encontrará probablemente a la defensiva, tratando de demostrar que respeta derechos humanos elementales como el de las víctimas a conocer la verdad o el de los jueces a investigar en lugar de poder lucirse exhibiendo los nuevos derechos que ha impulsado.

El frente internacional no se acaba en el Consejo de Derechos Humanos. Otras organizaciones de gran renombre internacional, como Human Rights Watch (HRW), han acudido también a la ONU para que interceda por Garzón y en favor de los derechos de las víctimas de la represión franquista.

El portavoz de HRW, Reed Brody, se ha dirigido al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidiéndole que interceda en España en favor de Garzón. La organización también ha escrito al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias instándolo a examinar si España cumple con los compromisos que firmó.