Siete personas han sido detenidas por la Guardia Civil y otras ocho imputadas en Málaga en una nueva fase del caso Arcos contra la corrupción urbanística en la localidad de Alcaucín, que se destapó hace tres años.

Los detenidos son el concejal independiente y exalcalde socialista de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y el exjefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora. Ambos ya fueron detenidos en febrero de 2009 al destaparse esta operación, que se saldó con 55 imputados -sin contar los nuevos detenidos e imputados hoy- y descubrió una trama que presuntamente construía y legalizaba casas en suelo no urbanizable en la comarca de la Axarquía. Tanto Martín Alba como Mora quedaron posteriormente en libertad bajo fianza de 120.000 euros cada uno.

Entre las otras seis personas detenidas se encuentran un funcionario del Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación de Málaga; dos exfuncionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga y el exsecretario municipal de Alcaucín.

Desde primeras horas de la mañana, la Guardia Civil registra en Málaga las sedes de la Gerencia del Catastro y de su archivo, la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de Recaudación, despachos de abogados y domicilios particulares, labor en la que ha estado presente el fiscal Anticorrupción Valentín Bueno.

La investigación, detenciones y los registros han sido ordenados por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón, y se enmarcan en una pieza separada del caso Arcos que aún continúa secreta y cuyas pesquisas se iniciaron hace más de un año.

La finalidad de los registros es acreditar la comisión de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y urbanística, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y contra la ordenación del territorio.

La trama desarticulada en la denominada operación Tristán se dedicaba a modificar fraudulentamente el catastro a cambio de comisiones ilegales para hacer creer a los interesados en comprar suelo -principalmente extranjeros- que podían construir legalmente cuando en realidad eran parcelas no urbanizables.

Según la Guardia Civil, funcionarios del Catastro y del Patronato de Recaudación -coordinados por un abogado- 'modificaban las bases de datos del Catastro con la finalidad de introducir información falsa o cuando menos engañosa, dando de esta manera cobertura legal a la construcción de edificaciones sobre suelo no urbanizable'. 'A cambio de estas presuntas irregularidades de las bases de datos catastrales varios de los funcionarios habrían recibido comisiones ilegales', indica un comunicado del instituto armado.

El portavoz del PP en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha afirmado en rueda de prensa que, además de los siete detenidos, cuatro trabajadores -dos hombres y dos mujeres- de la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de Recaudación, dependiente de la Diputación de Málaga, están siendo investigados, tres de ellos auxiliares de gestión catastral y un delineante.

Salado también ha anunciado que la Diputación se personará en el caso Arcos para 'limpiar la imagen' de la institución, porque aún no lo ha hecho, pese a que el anterior equipo de gobierno socialista anunció en 2010 que iba a presentarse como acusación.

El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación ha comparecido a las puertas del Patronato de Recaudación, situado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), junto al presidente de este organismo y alcalde de Nerja, José Alberto Armijo.

Mientras tanto, en la sede de la Gerencia del Catastro, guardias civiles de paisano han introducido cajas de cartón para recoger documentación durante el registro, que se prevé que se prolongue hasta esta tarde. En las próximas horas se espera que presten declaración en la Comandancia de la Guardia Civil algunos de los detenidos, entre ellos el exalcalde de Alcaucín.

Martín Alba renunció al cargo de alcalde de Alcaucín -que ocupaba desde 1991- en marzo de 2009, días después de ser detenido en la primera fase del caso Arcos y fue señalado por los investigadores como 'el principal beneficiario de una red de corrupción político-empresarial'.

Durante el registro practicado entonces en su vivienda, la Guardia Civil halló bajo el colchón de una de sus hijas una caja negra dentro de una bolsa y en su interior varios sobres con diferentes inscripciones que contenían en total 151.000 euros.

El exregidor socialista quedó en libertad provisional con cargos tras pasar tres meses en la prisión provincial de Málaga, que abandonó tras depositar una fianza de 120.000 euros, la misma que abonó José Francisco Mora para eludir la cárcel.

En las elecciones municipales del pasado año, Martín Alba volvió a la política con su propio partido independiente (PITA) y consiguió seguir en el Ayuntamiento de Alcaucín al lograr dos ediles.