Apenas 24 horas después de que el PP recuperara en Illes Balears la mayoría absoluta que Jaume Matas perdió en 2007, la Fiscalía ha dado un paso en firme para sentar en el banquillo al primero de los cuatro exconsejeros de aquel Govern imputados por presuntas irregularidades durante su mandato. Josep Juan Cardona, exresponsable de Comercio, Industria y Energía, se enfrenta a una petición de 21 años de prisión por parte del Ministerio Público, la mayor condena hasta ahora para un cargo público del PP.

Cardona está procesado por el caso Scala, una trama que sirvió para desviar siete millones de euros de las arcas públicas a través de un consorcio dependiente de la Consejería que él dirigía. Todo ello mediante la presunta alteración de facturas y el cobro de comisiones ilegales a cambio de beneficiar a allegados y empresas próximas con la concesión de contratos. Los hechos tuvieron lugar durante el segundo mandato de Jaume Matas, protagonista a su vez de otro supuesto gran caso de corrupción, el Palma Arena, por el que se desviaron 41 millones de euros a través de la construcción de un velódromo en la capital balear, según la acusación.

Cardona, expresidente del PP en Ibiza y Formentera, no es el único ex alto cargo de este partido contra quien la Fiscalía dirige ahora su escrito de acusación. La titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, instructora del caso, tiene en su mesa acusaciones contra otras 17 personas, entre quienes se encuentran la exgerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Balears (CDEIB), Antònia Ordinas, y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene los otros dos principales imputados de la causa, así como numerosos empresarios que resultaron beneficiados de esta presunta trama de corrupción.

En un contundente escrito de calificación que sobrepasa las 400 páginas, la acusación pública solicita 20 años de cárcel para Viaene y siete para Ordinas. Este último colaboró en las pesquisas conduciendo a los investigadores hasta el jardín de su vivienda. Allí, enterrados bajo tierra y dentro de una caja de Cola-Cao, guardaba 200.000 euros procedentes de comisiones.

La Fiscalía también solicita penas privativas de libertad para el resto de inculpados, si bien no en todos los casos implicaría su ingreso en prisión, de ser condenados, ya que la petición de cárcel es menor de dos años. En cuanto a los delitos, cuatro son los que pesan sobre los tres principales imputados del caso: malversación de caudales públicos, asociación ilícita, fraude a la Administración y cohecho.

La Fiscalía sostiene que el lema utilizado para proceder al 'saqueo' y al 'robo sistemático de las arcas públicas por parte de los acusados fue 'a más facturación, más comisión'. El Ministerio Público señala que el exconsejero Cardona, Viane y Ordinas tenían por fin obtener 'ingentes cantidades de dinero público' aprovechando la falta de controles administrativos y financieros y utilizando todas las coberturas formales necesarias, a fin de que el expolio pasara desapercibido.

Para materializar sus pretensiones, una de las estrategias empleadas, según los investigadores, fue la creación de empresas al frente de las cuales colocaban a 'hombres de paja' o 'testaferros'. La trama otorgaba numerosos contratos a esas empresas y, al mismo tiempo, pasaban a controlar otras mercantiles ya existentes a pesar de ostentar cargos públicos. Y todo mientras presuntamente exigían y cobraban comisiones a proveedores del Consorcio de Desarrollo Económico de Balears (CDEIB).

Es más, las pesquisas apuntan al uso de fondos públicos en viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio 'para provecho propio', mientras que otra de las líneas de investigación se centra en la utilización que se hizo del erario del Consorcio para financiar con 10.585 euros el transporte de 6.000 kilos de folletos electorales del PP para su campaña en Ibiza y Formentera.